Sin sorpresas. Tal como se previó a principios de junio, el sector progresista del Tribunal Constitucional se ha impuesto en el debate sobre la constitucionalidad de la ley de amnistía del Procés. Después de un plenario sin sorpresas que comenzó este lunes, este jueves se ha votado sin ninguna sorpresa. Por seis votos a cuatro, la ley supera el trámite de la constitucionalidad con solo tres retoques de interpretación. Una victoria para la mayoría del Congreso de Diputados que respaldó la ley del olvido penal y que está costando Dios y ayuda aplicar a muchos de los encausados y condenados por el Procés y, en cambio, ha beneficiado a la gran mayoría de los policías implicados en la lucha contra el independentismo.
La constitucionalidad de la ley de amnistía, sin embargo, no supondrá un retorno automático de los exiliados, ya que el Tribunal Supremo no levantará las órdenes de detención. Tampoco implicará el levantamiento o la suspensión de la inhabilitación a la que están condenados Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa. Ahora bien, la resolución refuerza los recursos de amparo interpuestos por la inaplicación de la amnistía o los que ya pueden presentar Antoni Comín y Carles Puigdemont tras la resolución definitiva del Tribunal Supremo, que ha rechazado sus incidentes de nulidad. De esta manera, la sentencia reafirma la «vigencia de la doctrina sobre los límites de la potestad legislativa en un Estado de Derecho, y concluye que la amnistía no está prohibida por la Constitución y que su adopción, cuando responde a una situación excepcional y a un fin legítimo de interés público, puede resultar constitucionalmente admisible».
De esta manera los seis magistrados progresistas han impuesto su criterio después de semanas de negociación entre ellos y los conservadores. Los magistrados favorables a la constitucionalidad de la amnistía son el presidente, Cándido Conde-Pumpido, la vicepresidenta y ponente, Inmaculada Montalbán, y los magistrados María Luisa Balaguer, Ramón Sáez Valcárcel, María Luisa Segoviano y Laura Díez. Por su parte, mantienen su rechazo a la ley el sector conservador, en manos de Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y César Tolosa. No han participado en la votación ni el conservador José María Macías, apartado por ser el autor de un durísimo informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra la ley, ni el exministro socialista, Juan Carlos Campo, que fue el impulsor de los indultos.
Una sentencia detallista y trabajada
La magistrada Montalbán presentó el pasado 9 de junio un borrador que ha sido aprobado sin ningún cambio destacable. La sentencia argumenta que la amnistía también debe incluir —por aplicación del principio de igualdad— a quienes se manifestaron en contra del Procés. De hecho, su aplicación por parte de los tribunales ordinarios ya se ha hecho de esta manera. También acota el ámbito temporal de su aplicación entre el 1 de noviembre de 2011 y el 13 de noviembre de 2023, para que “no sea una carta blanca de futuro”, y advierte que el Tribunal de Cuentas debe dar audiencia a las acusaciones populares —como Societat Civil Catalana— antes de pronunciarse sobre el archivo de las causas abiertas. Son las tres modificaciones que el TC hace a la ley, que no será necesario retocar sino aplicar utilizando este criterio: la fórmula ya empleada en la sentencia del Estatuto, que consiste en establecer cómo debe interpretarse un determinado artículo para que sea constitucional.
Por otra parte, el texto de la sentencia recoge los artículos de la Constitución que reafirman la validez de la norma en el contexto del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH). Una prevención pensada para reforzar la posición del gobierno español en los procesos de las cuestiones prejudiciales presentadas por varios tribunales españoles sobre la validez de la amnistía. El apoyo del CEDH es una palanca más para terminar de superar los trámites o escollos que restan. En todo caso, la vista sobre las prejudiciales en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) no será hasta el 16 de julio, por lo tanto, ya se podrá aportar una resolución del Tribunal Constitucional favorable a la ley, un hecho importantísimo en la tramitación ante la justicia europea. No será hasta principios de noviembre que el abogado general del TJUE dará su opinión sobre las prejudiciales y ofrecerá pistas concluyentes sobre cómo se puede cerrar el caso.
