Nuevo movimiento en el camino judicial del Procés. La sala penal del Tribunal Supremo que condenó a los líderes del Procés a casi cien años de prisión debe pronunciarse nuevamente sobre un nuevo indulto. En este caso, la petición de un indulto que reclama expresamente la retirada de las inhabilitaciones que aún pesan sobre Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa. Por esta vía, estas inhabilitaciones podrían tener los días contados antes de la aplicación efectiva de la amnistía.
En una diligencia de ordenación del pasado 11 de diciembre, a la cual ha tenido acceso El Món, la sala ha decidido admitir los escritos de indulto y el informe favorable de la Fiscalía, así como el escrito de la Abogacía del Estado, que se abstiene de expresar su apoyo porque debe ser el gobierno –a quien representa esta institución– quien finalmente otorgue el indulto. Los letrados del Estado entienden que posicionarse «estaría anticipando o determinando el sentido de una decisión que solo compete al gobierno».
Pendientes desde el mes de junio
Este proceso de indulto comenzó en junio de 2024 con una petición formal de Jordi Miralda, un particular que defendía la retirada de la inhabilitación porque la situación se había normalizado en Cataluña. No fue hasta el mes de octubre que el Tribunal Supremo inició el proceso y lo trasladó a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado. Ahora, comienza el último paso, es decir, el pronunciamiento de la sala, ya que la acusación popular no puede decir nada al respecto. Una vez se haya informado, el gobierno español tendrá la última palabra.
Por su parte, la Fiscalía defendió indultar la pena de inhabilitación al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y al exconseller Jordi Turull, actual secretario general de Junts y que se ha pronunciado públicamente en contra de este procedimiento y ha llegado a reclamar que se retire en su caso. Además, la Fiscalía incluyó a los exconsellers Raül Romeva y Dolors Bassa. El escrito, firmado por la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, calificaba de “excesivo” que continúen cumpliendo la inhabilitación. En este marco, recordaba que ya se había iniciado el proceso para aplicar la ley de amnistía, que la Fiscalía también había defendido.
“La concesión del indulto parece pertinente al ser excesivo que se continúe cumpliendo la pena de inhabilitación, atendiendo a las circunstancias en las que se cometió el delito y que otros intervinientes en los hechos enmarcados en el proceso independentista catalán verán extinguida de manera total su responsabilidad penal sin ser enjuiciados, al tener que proceder al archivo de las causas contra ellos iniciadas”, argumentaba la teniente fiscal. Con estos argumentos, la Moncloa tiene una pista de aterrizaje para poner fin a las inhabilitaciones.
