No ha sido ninguna sorpresa y ya se apuntaba. El juez instructor del caso Plus Ultra, es decir, el sumario que tiene como principal imputado al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, ha decidido agrupar las acusaciones populares bajo la representación y dirección letrada del PP, el principal partido de la oposición. El motivo es, según el auto del magistrado José Luis Calama, «mantener el correcto desarrollo del procedimiento y facilitar el progreso de la investigación». De hecho, también considera que el PP es quien más representatividad social tiene y, por tanto, puede desempeñar mejor las funciones de fiscalización pública.
En el auto, el titular del Tribunal Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional considera que si se hubiera de seguir el criterio establecido por el Tribunal Supremo de dar prioridad a la primera acusación que se adhiere a las actuaciones, le correspondería a VOX. Pero el instructor argumenta que la formación de Santiago Abascal se adhirió sin cumplir los requisitos formales y, por tanto, no era una personación efectiva. Concretamente, los de Vox no aportaron el poder de representación pertinente para justificar la representación que ostentaban sus letrados, un elemento imprescindible.
El PP, el siguiente de la lista y más importante
Calama recuerda que la segunda acusación en unirse al procedimiento, pocos instantes después de la primera, fue la del PP, que cumplió plenamente los requisitos legales al presentar todos los documentos procesales necesarios para su constitución como parte. «Desde esta perspectiva», afirma el magistrado, «solo se puede concluir que la primera comparecencia válida y efectiva desde el punto de vista procesal fue la del PP la cual, de acuerdo con el criterio de prioridad entendido correctamente, justificaría por sí sola la atribución a esta de la representación unificada de los acusadores particulares».
El magistrado, en su resolución, de 12 páginas y a la que ha tenido acceso El Món, describe como «razonable» tener en cuenta que el PP tiene más «representatividad institucional y social de las entidades participantes, como manifestación objetiva de su capacidad para defender el interés público, la defensa del cual legitima la interposición de una acción pública». El resto de personaciones eran Manos Limpias, Hazte Oir, Liberum e Iustitia Europa, las habituales fiscalías en la sombra. Ahora bien, lo separa de la cuestión ideológica. «Esta representatividad, añade, no se puede vincular a consideraciones de carácter ideológico o a la conveniencia política, que están prohibidas en el ámbito judicial, sino que debe basarse en parámetros objetivos«. Los criterios son especialmente la «presencia en el Parlamento español, como expresión de la legitimidad democrática derivada del voto ciudadano».
«Desde esta perspectiva, el Partido Popular tiene una presencia institucional más significativa, lo que demuestra una mayor capacidad para representar el interés público en el marco de los procedimientos penales, reforzando así la idoneidad de su nombramiento como órgano responsable de la representación jurídica conjunta y la dirección de las acciones penales públicas», razona el magistrado. El PP tiene ahora dos días para ratificar su personación.
