Exitosa jornada la de este miércoles para la defensa de Gonzalo Boye, el abogado del presidente en el exilio, Carles Puigdemont, en el juicio por narcotráfico a la supuesta organización de José Ramon Prado Bugallo, alias Sito Miñanco. Una vista donde Boye está acusado por una pieza de blanqueo. El presidente del Tribunal, Félix Alfonso Guevara, no ha accedido a la petición de la fiscalía de reubicar los testigos de la pieza de blanqueo al final del calendario de la fase de prueba, es decir, a finales de enero. Una maniobra del fiscal Ángel Bodoque para evitar que el juicio se le escapara de las manos. Pero la convicción de los testigos -que lo son de la acusación- ha servido para reforzar la tesis de la defensa y debilitar la acusación del ministerio fiscal contra el abogado. La maniobra, de momento, no le ha salido bien.
Por tanto, este miércoles, han pasado por el estrado los agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de Vigilancia Aduanera que se encontraban de guardia en el aeropuerto de Barajas y que confiscaron los casi 900.000 euros a uno de los acusados, Manuel González Rubio. El nexo que ha servido para imputar a Boye, al ser contratado por este hombre para recuperar el dinero y reducir la sanción que impusieron a los que llevaban el dinero. Cabe destacar que el letrado de Puigdemont ya había tenido en la cartera de clientes en otros asuntos a González Rubio.
Aunque hubo un procedimiento administrativo y judicial, donde incluso el Tribunal Superior de Justicia de Madrid redujo la multa impuesta por la confiscación del dinero, no fue hasta un cambio de la declaración de un procesado encarcelado -que quedó en libertad al cambiar la versión por una nueva que perjudicaba a Boye- que la fiscalía se dirigió contra el letrado del exilio. Así, la tesis del ministerio público es que ese dinero en realidad provendría de los negocios de Sito Miñanco y que se fabricaron documentos -letras de cambio- para justificar su origen y destino. Un hecho que siempre se ha negado por parte de las defensas, no solo de Boye, sino de todos los encartados, salvo Puentes Saavedra, que es el que declaró en este sentido y automáticamente quedó en libertad. Al fin y al cabo, la instructora del Sepblac (el servicio ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias) ha admitido que aunque sancionó el hallazgo de dinero no denunció nada al ministerio fiscal ni al mismo servicio de prevención al considerar que era una simple salida ilegal de efectivo sin declarar.
Una especialista
Los hechos se remontan al 6 de febrero de 2017, cuando Pedro Manuel González Rubio y cuatro pasajeros fueron sorprendidos entrando 900.000 euros en efectivo por Barajas. La tesis de González Rubio desde el minuto cero es que eran fondos para la creación de una empresa en Colombia y otros negocios de compraventa. La fiscalía, en ese momento representada en el caso por Ignacio de Lucas, dio la vuelta a la tortilla y consideró que eran fondos procedentes del narcotráfico tras la detención de Miñanco en febrero de 2018.
La primera en declarar este miércoles ha sido la agente del Cuerpo Técnico de Gestión con número de tip 23.453, una de las agentes encargadas de la recogida del dinero y de realizar un primer informe sobre la circunstancia de la aprehensión. Guevara ha pedido a la testigo centrar la pelota en lo que pasó aquel día cuando comenzó su relato haciendo una exposición de lo que hacen «normalmente».
Avisada, la gestora técnica ha detallado que fue requerida por los agentes de policía cuando detectaron el dinero, como encargada de abrir los dobles fondos y contar el dinero. La gestora ha destacado que todos los poseedores del dinero aseguraron que el dinero era de González Rubio. Todos entregaron el dinero y declararon de «manera voluntaria». De hecho, el fiscal se quedó asombrado porque no reconoció un documento manuscrito que hay en el sumario sobre la intervención, lo que dejaba un poco más coja la acusación. Asimismo, la gestora ha ratificado un único acta de intervención de medios de pago del dinero porque todos declararon que pertenecían a una sola persona y que había declarado que era para la compra de una empresa en Colombia. Nadie quiso formularle más preguntas, porque la fiscalía no se quería complicar más y a las defensas les venía muy bien la declaración tal como estaba.
Dos policías
El segundo en declarar ha sido el agente del CNP 60.812 destinado en Barajas que participó en la detección del dinero. El policía ha narrado al tribunal que llevaron a cabo un control «aleatorio y rutinario, sin ninguna información previa» de equipajes de mano y que eligieron los cinco que casualmente llevaban el dinero en un doble fondo de las mochilas. Unas mochilas que se abrieron en la aduana con la gestora técnica.
El policía ha continuado exponiendo que se intervino el dinero y se levantó un acta porque entendían que el dinero salía de España ilegalmente. Pero, después de que el policía haya asegurado que se hizo la aprehensión del dinero antes del control de pasaportes, uno de los abogados mostró el pasaporte de uno de los detenidos con el sello de salida del control de aduanas. El otro policía, el 57.395, también corroboró el relato de su compañero y de la gestora. De hecho, fue más profuso con los detalles y volvió a subrayar que González Rubio justificó el dinero para la compra de una empresa en Colombia.
Una especialista de Sepblac
Ángeles Rodríguez fue la última en declarar. Fue la instructora de Sepblac, el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales, y empezó su intervención recordando que llevaba 35 años en la secretaría técnica. Rodríguez informó que llevó la instrucción de los cinco expedientes. Admitió que le llamó la atención una documentación aportada para justificar el dinero, en concreto unas letras bancarias que las había visto en un expediente de 2016. De hecho, resumió que era posible que se hubieran comprado estas letras al anterior emisor. Una documentación presentada, como abogado de los interesados, por Gonzalo Boye.
En el turno de las defensas, la funcionaria instructora reconoció que pidieron una ampliación del plazo de la instrucción para aportar más documentación porque telemáticamente no cabía en la aplicación del Soblac. De hecho, en la misma línea, recordó de repente los documentos de los contratos de compraventa que acompañaban las letras de cambio cuando había estado renuente sobre la aportación de documentación. De hecho, la memoria le volvió cuando recordó documentos aportados con el sello de copia del original.
Nadie vio blanqueo, ni la instructora
La defensa de Boye, Eduardo García, hizo aclarar que las letras estaban digitalizadas por delante y por detrás. Hábilmente, le recordó los contratos de compraventa que justificaban las letras, y lo que reforzó el argumento fue el hecho de que se emitió un informe de inteligencia financiera para los cinco expedientes para cerrar el expediente y hacer la propuesta de sanción. A pesar de la sospecha por las letras, reconoció que no trasladó nada al Ministerio Fiscal ni denunció un posible blanqueo al mismo Sepblac.
Es decir, la máxima responsable de blanqueo de capitales de España consideró que no había delito de blanqueo de capitales y lo sancionó como una salida no declarada de capitales. De hecho, el artículo 62.3 de la ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo obliga que en cualquier momento del procedimiento administrativo sancionador en que se estime que los hechos pudieran ser constitutivos de ilícito penal, la Secretaría de la Comisión trasladará al Ministerio Fiscal las actuaciones para que sean investigadas. Nada de esto ocurrió, ni siquiera lo vieron los firmantes de los informes de inteligencia financiera.
La última en declarar fue la instructora de la UDEF 127.263, pero solo pudo estar dos minutos porque Guevara suspendió la sesión hasta el 13 de enero. Eso sí, deseó a todos los de la sala que les tocara la lotería. Este miércoles, de momento, les ha tocado a la defensa de Boye y al resto de los cinco procesados que fueron sorprendidos en Barajas con el dinero.
