El Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) juega con ventaja y ha tenido el argumento perfecto para apartarse de la vorágine de comunicados sobre una virtual ley de amnistía. De hecho, se ha posicionado y, de manera tácita, ha advertido que las entidades de derecho público de colegiación obligatoria se tienen que abstener de hacer pronunciamientos políticos. Un aviso a navegantes respecto a otras corporaciones como el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM,) que ya habían empezado a mover ficha.
A través de su cuenta X (antes Twitter), el ICAB ha difundido un comunicado con el que responde a las «varias consultas» que la Junta de Gobierno de la institución ha recibido por el acuerdo político de la amnistía entre PSOE y Junts per Catalunya. «No se incluye entre las funciones de este Colegio emitir posicionamientos públicos», alega la Junta de Gobierno. Para argüir su decisión, aporta la sentencia que sufrió en el procedimiento por su asistencia al Pacto Nacional por el Derecho a Decidir. Una resolución refrendada por la sala contenciosa del Tribunal Supremo que «no permitía emitir opiniones en este tipo de situaciones» al ser una corporación de Derecho Público.
Principio de neutralidad
La Junta de Gobierno del ICAB destaca una parte de la sentencia 2209/19 del Tribunal Supremo, la que dice que «una corporación de derecho público, representativa de una profesión en la que es obligatorio colegiarse para poder ejercerla, no puede abandonar la posición de neutralidad que le es propia en este campo para asumir posiciones ideológicas y políticas de parte desconectadas, además, de los intereses profesionales a los cuales tiene que servir». Por lo tanto, la Junta es clara y contundente: «La Junta de Gobierno actúa en conformidad con esta resolución».
De este modo, la ICAB evita y se abstrae de posicionarse en un debate encendido que ha despertado la ira de todas las asociaciones judiciales, el Consejo General del Poder Judicial así como jueces, decanos y presidentes de Audiencias Provinciales. Todas estas entidades han emitido comunicados de protesta ante la posibilidad de una ley de amnistía que contemple casos de lawfare, de la cual niegan la existencia en el sistema judicial español. De todas maneras, el ICAB ha organizado debates y mesas sobre la amnistía desde un punto de vista completamente académico.
