El pleno previsto del Tribunal Constitucional este lunes se presenta entretenido. De hecho, es el primer plenario del año y llega cargado de agenda. Si ya estaba previsto que empezara la tramitación material del recurso de amparo presentado por varios presos políticos contra la sentencia del Procés, ahora se añade otro recurso relacionado con el catalanismo. El tribunal tendrá que decidir este lunes, en deliberación, si resuelve la admisiblidad del recurso que se presentó contra la decisión del Gobierno Balear, formado por PP y Vox, de eliminar como requisito el catalán en servicio de Salud de las Islas y reconvertirlo solo en un mérito, igual que lo tienen los jueces para ejercer en Cataluña.
El encargado de convencer sobre si hay que admitir o no el recurso será uno de los magistrados más conservadores del actual paraninfo del Tribunal Constitucional, Ricardo Enríquez Sancho. Este catedrático de derecho administrativo es un habitual de los votos particulares cuando el sector progresista se impone. De hecho, fue uno de los magistrados que firmó, junto con Enrique Arnaldo Alcubilla, Concepción Espejel y César Tolosa Tribiño, el voto particular contra la sentencia que entendía que publicar una resolución judicial solo en catalán no perjudicaba el derecho a la tutela judicial efectiva.
En un caso que también tenía como escenario las islas Baleares, la mayoría del TC consideró que utilizar el catalán como única lengua en un proceso judicial no causa de manera automática indefensión, pero Enríquez Sancho y tres magistrados más, en cambio, concluyeron que sí que vulneraba el derecho a la tutela judicial efectiva. Este mismo magistrado ultraconservador será ahora el encargado de exponer a sus compañeros de toga si hay que admitir a trámite el recurso del PSOE y Més contra el decreto que elimina el catalán como requisito para los profesionales de la sanidad pública de las Baleares. Enríquez Sancho también fue el ponente de la sentencia que tumbó el decreto de alquiler social de la Generalitat e hizo otro voto particular contra la sentencia que avalaba la constitucionalidad de la ley de aborto de José Luis Rodríguez Zapatero. Un conservador radical en todos los aspectos.
Un recurso contra una disposición clave de un decreto ley del nuevo Gobierno Balear
Este magistrado tendrá que explicar a sus compañeros si a través de una diligencia ve suficiente importancia constitucional el objeto del recurso. Lo presentaron más de 50 diputados del partido socialista y del Grupo Plurinacional Sumar del Congreso, a petición de los socialistas de las Islas (PSIB-PSOE) y de Més. De hecho, los dos grupos políticos firmaron el recurso redactado por la Obra Cultural Balear. El objetivo es declarar inconstitucional la disposición final segunda del decreto ley del Gobierno Balear 5/2023 de 28 de agosto, de medidas urgentes en el ámbito educativo y el sanitario.
Esta disposición elimina el catalán como requisito para trabajar en la sanidad pública. Un hito muy buscado por la popular Marga Prohens, nueva presidenta balear gracias a Vox. Técnicamente, el recurso alega la vulneración flagrante del «derecho a opción lingüística» de los ciudadanos que quieren ser atendidos por la administración en su idioma. Así mismo, alegan que el instrumento del decreto ley utilizado para borrar del mapa el catalán en la salud pública de las Islas es un fraude de ley porque no cumple el requisito de extraordinaria y urgente necesidad. Según el recurso, se ha utilizado un mecanismo legal que no corresponde. Incluso, recuerda que se acordó en un consejo de gobierno extraordinario.
Obra Cultural Balear
Desde la Obra Cultural Balear también avisaban, el día del registro del recurso, que, sin sanitarios capacitados lingüísticamente, «el derecho de los pacientes a elegir la lengua oficial que deseen en su relación con médicos y personal de enfermería es papel mojado». Siguiendo este hilo consideran que siempre, de facto, acaban obligados a hablar en castellano. Una situación que los convierte en «ciudadanos de segunda» sin respetar su derecho lingüístico y una vulneración plena del artículo 14.3 del estatuto.
Por otro lado, la oposición política a PP y Vox y la Obra Cultural Balear, que califica de escándalo el decreto, reprochan al gobierno balear el argumentario para justificar la retirada del requisito. «Las dificultades para atraer sanitarios a las islas se deben al elevado coste de la vida en las Baleares y a los problemas para acceder a una vivienda, no a la lengua», insiste la Obra Cultural Balear. El objetivo de la norma, según expresó cuando fue aprobada la consejera de Salud isleña, Manuela García, era «fidelizar y atraer más personal y seguir avanzando en la profesionalización del cuerpo médico». Unas declaraciones que indignaron a la oposición y buena parte de la sociedad cultural isleña. Ahora, el debate está en manos de uno de los magistrados más conservadores del TC.
