Un total de 207.489 euros entre facturas de abogado, procuradores, multas, ayuda psicológica, sanciones, fianzas o responsabilidad civil. Este es el importe que ha abonado la Caja de Solidaridad en los primeros siete meses del año y que han ayudado a 125 personas. Un importe superior al de los primeros siete meses de 2022, que fue de 194.758 euros, y de 2021, que restado a los 1,2 millones de las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas a raíz del 9-N, fue de 200.000 euros. Estas son las cifras que la entidad que sufraga los gastos judiciales de los represaliados ha presentado esta mañana en una rueda de prensa en el Ateneo Barcelonès. A la vista de los importes pagados, el coordinador de la Caixa de Solidaridad, Josep Cruanyes, razona que «si hay amnistía, se tendrá que devolver el dinero pagado, si no sería una injusticia».
En la presentación, Cruanyes ha detallado los conceptos de los pagos y además, ha destacado que hay grupos de abogados como los de Tarragona, Tierras del Ebro, Vic, Poniente y Maresme que hacen el servicio gratuitamente. Por otro lado, también ha enfatizado que las facturas a abogados y procuradores se abonan según un baremo establecido. Cruanyes ha pedido que continúe la solidaridad porque la «represión no se para». En este sentido, recuerdan que los importes —que ascienden a 15 millones de euros— se han pagado gracias a las «miles de aportaciones» de la ciudadanía. Así mismo, Cruanyes y Joan Torras han presentado un estudio de las «duplicidades de depósitos y fianzas» reclamadas que se han registrado tanto en el proceso del Juzgado de Instrucción 13 como en el Tribunal de Cuentas.
Listado de los gastos
Las cuentas y el balance de los pagos realizados este 2023 se divide en 91.303,24 euros para el servicio de abogados de 108 represaliados. En concepto de fianzas, se han abonado 93.573,82 euros y 120 euros a Procuradores. En concepto de responsabilidad civil, la Caixa ha pagado 6.185 euros y en sanciones 15.987,62 euros, también se cuentan las multas por la ley de Seguridad Ciudadana, conocida como la ley Mordaza. Por último, este año se ha añadido la ayuda psicológica, que ha supuesto 320 euros.
Uno de los gastos más grandes a las que ha hecho frente la Caixa de Solidaridad es el pago al Tribunal de Cuentas de 1,2 millones de euros por la organización de la consulta soberanista del 9-N de 2014. Precisamente, el Tribunal de Cuentas ha sido uno de los objetos de estudio de la Caixa de Solidaridad en cuanto que es un protagonista activo de la represión contra el independentismo. Así han puesto énfasis en el problema de las duplicidades, es decir, las fianzas impuestas —y abonadas— tanto al Juzgado de Instrucción 13 como el Tribunal de Cuentas, que Cruanyes ha definido como una nueva versión del «Tribunal de Responsabilidades Políticas del Franquismo». Los coordinadores de la Caixa de Solidaridad entienden que una misma cantidad sea reclamada por dos tribunales distintos vulnera el artículo 49.3 de la Carta de Derechos de la Unión Europea. En total, creen que se han duplicado importes por valor de 3.664.816 euros.
