Sin ningún tipo de duda y cerrando filas. La Sala de lo penal ha desestimado, finalmente, los recursos de los investigados Josep Lluís Alay y Marta Molina contra la decisión del titular del juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, de remitir la causa de el Tsunami Democrático a la sala de lo penal del Tribunal Supremo. Una causa que el magistrado remitió por delito de terrorismo y en que el Supremo aceptó investigar el expresidente al exilio, Carles Puigdemont, y el republicano Ruben Wagensberg, secretario de la Mesa del Parlamento, por su aforo.
En las dos interlocutorias, una de trece páginas y el otro de manantial, los tres magistrados de la sala explican que la decisión del Tribunal Supremo con que asume la causa deja sin efecto los recursos. El argumento es que mantiene la causa por el resto de imputados al juzgado central de instrucción número 6. Las resoluciones no entran a valorar ni debatir los argumentos formales interpuestos por la defensa del jefe de la Oficina del presidente al exilio ni los de la jefa de gabinete de la actual consejera de Educación, Anna Simó. Así, considera que no es función de la sala valorar si el juez cumplió con los plazos de la instrucción, porque García Castellón no prorrogó cuando tocaba la instrucción, así como la acusación que la investigación del Tsunami Democrático es prospectiva.
El Supremo manda
La interlocutoria insiste que no se ha vulnerado el derecho a tener un juez predeterminado por ley. La defensa alegaba que en ningún caso se podía considerar terrorismos las actuaciones investigadas, y que, en todo caso, tendrían que ser investigadas por el Juzgado de Instrucción que corresponda al Juzgado del Prat. Una investigación que se tendría que limitar a los desórdenes públicos y que ni siquiera el juzgado de instancia llevó a cabo. El argumento de la sala es que el Tribunal Supremo, en su interlocutoria con que acepta abrir causa penal contra Puigdemont y Wagensberg, ya añade los argumentos y los indicios por los cuales cree que se tienen que investigar por terrorismo las protestes postsentencia del Proceso.
