Una denuncia anónima en la Oficina Antifraude interpuesta el 25 de septiembre de 2017 contra el entonces alcalde de la Seu d’Urgell (Alt Urgell) y diputado en el Parlamento de Junts pel Sí, Albert Batalla, así como dos regidores más
«Ha sido una causa con motivaciones políticas, una denuncia justo una semana antes del 1-O, una entrada y registro en pleno juicio del Procés, el 28 de marzo de 2019, y pocos meses antes de las municipales», aseguran los tres principales afectados. El caso investigaba delitos contra la administración pública, prevaricación, malversación, fraude contractual y negociación prohibida a los funcionarios. Acusaciones, que después de una profusa investigación se han demostrado «inexistentes». La defensa de Batalla ha sido dirigida por el abogado Jordi Pina.

Sin indicios de criminalidad
Así, la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de la Seu archivó el caso el pasado 27 de febrero, un archivo que ya es, a día de hoy, firme. El caso, pues, no llegará a juicio después de que fiscalía pidiera el sobreseimiento con un argumento bastante contundente. “Por los resultados de las diligencias practicadas y las declaraciones en sede judicial de los investigados nos reiteramos en nuestra petición de sobreseimiento por no haber indicios de criminalidad ni pruebas suficientes para enervar el principio de presunción de inocencia respecto de los investigados por los delitos que se atribuían”, razonaba fiscalía. En el escrito del ministerio fiscal se afirma, además, que “tenemos que resaltar las declaraciones en sede judicial de los investigados Jesús Fierro ,Albert Batalla y Mireia Font, quienes, prestaron una versión exculpatoria coherente y de acuerdo con las conclusiones que se podrían llegar después del examen detallado la extensa documental obrando a la causa”.
Hay que recordar que en 2020 ya se archivaron las dos piezas separadas de la causa. «A pesar de cinco años de espera con cuatro prórrogas del plazo por la investigación y cuatro jueces diferentes, unas acusaciones tan graves y una investigación de 4.196 folios y decenas de cajas de documentación, nuestra actuación como cargos públicos ha sido honesta y transparente”, aseguran los tres desimputados.