El Ministerio del Interior, en manos del juez de la Audiencia Nacional, Fernando Marlaska, apunta que serían las autoridades judiciales que habrían enviado policías a fotografiar el despacho de Gonzalo Boye. Así lo apunta una respuesta parlamentaria al diputado de EH Bildu, Jon Iñarritu, que preguntó sobre la denuncia que el abogado difundió a través de su perfil de Twitter el pasado 1 de abril.
Boye publicó unas imágenes de un individuo que hacía fotografías de su despacho desde el exterior y tomaba notas. Los compañeros de bufete de Boye lo advirtieron y lo retrataron. “¿Quién será esta persona que se dedica a fotografiar nuestro despacho y los compañeros de bufete?”, se preguntaba Boye públicamente. El diputado de Bildu pidió explicaciones al gobierno español, si se había investigado o bien si la Moncloa era el responsable o lo había ordenado. La respuesta oficial del gobierno de Pedro Sánchez es que Boye está investigado por las autoridades judiciales desde enero de 2020.
“Funciones de Policía judicial”
La respuesta parlamentaria, con fecha de 4 de mayo y a la que ha tenido acceso El Món, es bastante concluyente, derivando las responsabilidades hacia la investigación judicial sobre las dos veces que han entrado en el despacho que regenta Boye con Isabel Elbal a Madrid. Dos intromisiones encara no aclaradas por la policía y de las que tampoco han dado novedades al bufete de abogados. Curiosamente, dos intromisiones que han coincidido con una insólita imputación de Gonzalo Boye en un sumario contra el narcotraficante Sito Miñanco.
El documento firmado por la Moncloa resalta que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, tanto estatales como autonómicas, cumplen “funciones de Policía judicial”, dejando entender que el asedio al bufete del abogado estaba en el marco de una investigación judicial. En este sentido, insisten en que las intromisiones podrían justificar el espionaje o vigilancia en la sede de los asesores jurídicos del exilio, del diputado canario de Podemos, Alberto Rodríguez, o de famosas extradiciones a la Audiencia Nacional. En todo caso, la Moncloa rechaza su responsabilidad en la vigilancia y dirige el foco hacia el juez que supuestamente investiga los robos con fuerza en el despacho de Boye.
