Tensión máxima al grupo parlamentario de Junts per Catalunya después de la reunión que los diputados mantuvieron ayer en el Parlamento con el caso de la diputada Cristina Casol sobre la mesa. La reunión se celebró después de que la cámara catalana archivara la denuncia por “acoso por razón de género” que había presentado la diputada contra compañeros de grupo ante la Secretaría General del Parlamento. El Secretariado Permanente del partido trató el asunto en una reunión hace una semana pasada y decidió pedir a Casol que entregue el acta y abandone el grupo parlamentario. Ante la negativa de la diputada a ceder a esta petición, todo hacía pensar que la reunión de ayer tenía que servir para tomar una decisión al respeto. Pero, contra todo pronóstico, no se adoptó ninguna medida y, según ha podido saber El Món, en el encuentro simplemente se expusieron los hechos y no hubo debate.
Esta calma tensa que se vive en el grupo parlamentario sin que el asunto acabe de estallar se debe, en parte, al hecho que la presidenta del partido, Laura Borràs, está intentando que se reconduzca el asunto. De hecho, en la última reunión del Consejo Nacional y en la de la ejecutiva pidió una mediación entre las dos partes enfrentadas, la dirección del partido y Casol –considerada del sector de Borràs–, con el argumento que esta crisis perjudica el partido en su conjunto y no solo la diputada que sería expulsada. Borràs no está dispuesta a permitir que esta nueva crisis interna la arrastre por el hecho que Casol lleve la etiqueta de borrasista, e intenta mantener la equidistancia y evitar que se consume la fractura.
Mientras la presidenta del partido intenta calmar las aguas, dentro del grupo parlamentario, según ha podido averiguar El Món, ha empezado una recogida de firmas para expulsar a Casol. Para conseguirlo, hace falta que el grupo reúna la mitad más uno de los miembros del grupo parlamentario y lo comunique a la Mesa, un hecho que a estas alturas no se ha producido y que se podría alargar hasta la semana próxima a la espera de una nueva reunión de la dirección del partido. En cualquier caso, Casol, que fue la número dos de Junts por Lleida en las pasadas elecciones, no tiene intención de renunciar al acta y si se lo acaba expulsando del grupo, lo más probable es que acabe como diputada no adscrita.
Una actuación similar al caso Madaula
Con este conflicto llueve sobro mojado porque tiene muchos puntos en común con el que se vivió hace unas semanas en el grupo parlamentario con Aurora Madaula, que está de baja después de que la presidenta del Parlamento, Anna Erra, le retirara la confianza y unos veinte diputados del partido impulsaran un escrito contra ella por haber denunciado “violencia silenciosa de los compañeros” en el Pleno de las Mujeres. El caso Casol, por lo tanto, se produce en un contexto de tensión permanente entre un sector próximo a Laura Borràs –que la presidenta del partido quiere frenar– y otro sector, el que se vincula al secretario general, Jordi Turull.
Además del debate interno al grupo parlamentario y el partido –la dirección considera que la denuncia presentada es un ataque a la formación–, también hay pendiente de resolver la queja presentada por Casol ante la Secretaría General del Parlamento después del archivo del expediente. Con este nuevo escrito, la diputada protesta por la filtración del caso, unos hechos que considera que vulneran el principio de confidencialidad que impera en estos casos y que podrían ser constituidos de infracción.
Personas con “miedo a las represalias”
Malgrat que el Parlamento ha archivado el caso con el informe elaborado por la Comisión de Abordaje de Situaciones de Acoso del Parlamento, el documento identifica “indicios fehacientes” que el entorno del acusado y aquellas personas a quienes se consideró “cómplices y aliadas” se ha compartido el contenido de la denuncia, de qué personas estaban citadas y por qué motivos. “Esto, aparte de romper el principio de confidencialidad y de discreción que se pide a toda persona citada, ha generado una asimetría en el proceso”. Además, la comisión invalida un testigo porque considera que “se había filtrado el contenido de la denuncia y la entrevista estaba preparada”.
El informe, que a priori era confidencial, acredita un ambiente de trabajo “donde el machismo más cultural está arraigado” y, en consecuencia, “genera una diferencia de trato y competencias” con “discriminaciones directas e indirectas”. También hace referencia a la “miedo a las represalias” porque un testigo ha rechazado que se vinculen sus impresiones de forma explícita a su nombre. Aun así, el caso se archiva porque “es muy difícil poder establecer la responsabilidad directa del acusado en algunas acciones concretas que se han acreditado, que no hace él sino gente del suyo en torno a confianza”.
