La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha elevado a 4.000 el número de personas represaliadas que deberían beneficiarse de la amnistía que se está negociando en el Congreso de los Diputados. En una entrevista en Cuatro, Borràs ha avisado que, con el redactado actual, la ley “deja fuera a mucha gente” y ha reclamado al PSOE que cumpla con los acuerdos que se firmaron antes de la investidura de Pedro Sánchez. “Nuestro deber es trabajar para que [la amnistía] sea para todo el mundo y la responsabilidad del PSOE tendría que ser cumplir con lo que acordamos, que era una ley integral y de aplicación inmediata”, ha dicho la dirigente juntaire.
La cifra de potenciales beneficiados que Borràs ha puesto sobre la mesa es sustancialmente superior a los 1.200 que calcula ERC y a los 1.432 que estimó Òmnium hace unos meses. Ante la confusión que causó su informe, la entidad independentista matizó que no todos los represaliados son amnistiables, puesto que entre las 4.400 personas represaliadas también están las víctimas de la violencia policial del 1-O o los espiados en el caso Pegasus. Estos dos grupos, por ejemplo, no están acusados de ningún delito y, por lo tanto, no necesitan una amnistía. Òmnium tampoco contó a los policías investigados por las cargas y los manifestantes con causas judiciales abiertas por “delitos comunes”, como saqueos de comercios.
Junts no quiere un «indulto prémium»
“No volamos un indulto prémium”, ha insistido Borràs. En las últimas semanas, se había hablado sobre todo de las dudas que hay alrededor de la aplicación de la amnistía a un puñado de casos que suman decenas de acusados. El partido negocia a contrarreloj para conseguir que los socialistas accedan a introducir cambios que permitan ofrecer una protección adicional a los CDR acusados de terrorismo en la Operación Judas; a los investigados en el caso Tsunami, entre los cuales hay Carles Puigdemont y Marta Rovira; y ahora también los perseguidos por la Audiencia Nacional por la trama rusa del Proceso, que se acaba de reabrir.
Borràs ha explicado que Junts trabaja para que la futura ley “dé cobertura a todo el mundo”, al conjunto de personas que se han manifestado por la independencia de Cataluña o han trabajado para hacerla objetiva. “Esta ley tiene que salir adelante porque así nos comprometimos y así nuestros votos serán efectivos». La presidenta de Junts cree que una ley que empieza mal es difícil de mejorar después y ha recordado que hay jueces que “reaccionan preventivamente”. Borràs ha acusado a los magistrados de organizarse y hacer un “manual de cómo combatir una ley que todavía no existe”.
