Operación Judas: la sospecha de un nuevo ‘comando Dixan’

La razia de la Audiencia Nacional y la Guardia Civil contra supuestos miembros de los Comités por la Defensa de la República (CDR) del 23 de septiembre del 2019 ya ha llegado a las puertas del juicio. Una operación de guerra preventiva contra la entonces movilización que se preveía a raíz de la inminente sentencia del Proceso. El pasado 24 de noviembre, el fiscal antiterrorista de la Audiencia Nacional imprimía su escrito de acusación contra los 12 investigados. Pedía penas de 27 años de prisión por delitos relacionados con el terrorismo. Fuentes jurídicas, pero, alertan que este caso tiene demasiado parecido con otro sumario histórico, el caso del comando Dixan, del año 2003.

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Un sumario del cual incluso se encuentra información a Wikileaks, en el cual el FBI norteamericano tuvo cierto papel y con el cual la ofensiva y la paranoia internacional contra el yihadismo después de los atentados del 11-S del 2001 en los Estados Unidos llegaba hasta las comarcas de gerundenses. Audiencia Nacional, explosivos, macrooperación y declaraciones políticas al más alto nivel sobre cómo se había desactivado una supuesta amenaza inminente. El caso fue un desbarajuste judicial, con guerra interna entre jueces y de un sector del poder judicial con el gobierno de la Moncloa. Un fiasco policial con los detenidos en libertad cinco meses después, un archivo, una reapertura y una condena rebajada finalmente por el Tribunal Supremo. Un caso que, hasta ahora, parece tener todos los paralelismos con la Operación Judas, incluso, en los motivos de su reapertura.

Del Pla de l’Estany a Sabadell, en 16 años

Es el 23 de enero del 2003. El ambiente es bastante cargado a escala mundial después de los atentados del 11-S en Nueva York y Washington. José María Aznar es a la Moncloa, con mayoría absoluta en el Congreso, y busca ser un referente internacional que acabaría con su fotografía en las Azores con Tony Blair y George Bush. Aquel día, veinte poblaciones gerundenses y de la demarcación de Barcelona se quitan con un enorme despliegue policial que acaba con 16 detenidos. Es una macrooperación antiterrorista yihadista bautizada como Operación Estaño. Los policías que han elegido el nombre se han inspirado en el hecho que seis de los detenidos están en Banyoles, capital del Pla de l’Estany.

La entonces ministro del Interior, Ángel Acebes, hizo la oportuna rueda de prensa donde definía el dispositivo policial como «uno de los golpes policiales de los más importantes hechos nunca contra la organización de Ossama bin Laden», entonces el líder de los talibanes más buscado. Los Tedax, la unidad de artificieros del Cuerpo Nacional de Policía, informaron que habían encontrado material «susceptible de ser utilizado para la fabricación de explosivos, además de temporizadores, mandos a distancia, conectores, manuales sobre circuitos electrónicos, ordenadores, varios equipos portátiles de transmisión completos, dos manómetros de presión y documentos escritos en árabe». El caso lo dirigía el entonces titular del juzgado central de instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Guillermo Ruiz de Polanco. Ocho de los detenidos quedaron en libertad al cabo de pocas horas sin ni pasar por ante el juez.

Dieciséis años después, el 23 de septiembre del 2019, el ambiente en Cataluña estaba cargado y también en el Estado español. El independentismo y el Estado esperaban la inminente sentencia del Procés contra los líderes civiles e institucionales del referéndum del primero de octubre del 2017. En este caso, también de madrugada, y con la colaboración de los Mossos d’Esquadra, la Guardia Civil irrumpe en varios domicilios ubicados a Sabadell, Sant Fost de Campsentelles, Mollet, Santa Perpètua de Mogoda, Cerdanyola y Sant Vicenç de Torelló (Osona). Un operativo que dura 14 horas. Una razia que acabó con 10 cacheos y 9 detenidos acusados de terrorismo, rebelión y también tenencia de explosivos. Tres de los arrestados quedaron en libertad el mismo día y cinco fueron hacia Madrid para pasar a disposición del magistrado Manuel García Castellón, titular del juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional.

Los explosivos que no explotarían

El marco político del momento fue una pieza clara tanto en la Operación Estaño como en la Operación Judas, muy importante para contextualizar el operativo policial. Pero, posteriormente, hay más elementos de conexión que relacionan ambos casos. Por un lado, los explosivos. La Operación Estaño acabó con el mote de la operación del comando Dixan porque las pruebas que se llevaron a cabo para determinar la peligrosidad de los explosivos confiscados dio un resultado chocante y diametralmente opuesto al esperado: era detergente, jabón para la ropa. La pesadilla para los que restaban detenidos continuó hasta el 20 de mayo del mismo año –dos meses después de la segunda guerra de Irak, a la cual la España de Aznar se añadió de manera entusiasta–, cuando quedaron en libertad los últimos detenidos de la operación. El 30 de junio siguiente, el juez instructor archivó el caso. Las supuestas células durmientes de Al Qaeda en Cataluña habían acontecido un pelotón de jabón.

Los explosivos también han estado protagonistas en el caso Judas. De hecho, el mismo escrito de acusación de la fiscalía incide en la tenencia de explosivos como un elemento troncal de la acusación. En concreto, la termita. Pero la sala de apelaciones ya riñó el juez instructor porque dos técnicas del Grupo de Especialistas en Desactivación de Explosivos (GEDEX) de la Guardia Civil de Barcelona emitieron un informe donde no acreditaban «la existencia de explosivos» sino únicamente de «sustancias que debidamente mezcladas y siguiendo los procedimientos técnicos correspondientes pudieran llegar a convertirse en explosivos -precursores-«. Es decir, los mismos técnicos del instituto armado negaban haber encontrado explosivos. Únicamente elementos que podrían acontecer combinados de manera específica y que adornaban con documentos con información para elaborar explosivos. «Solo precursores», afirmaban los magistrados. Finalmente, el diciembre del 2019 los encarcelados quedaron en libertad con fianzas de 10.000 euros. Es decir, hacía solo tres meses integraban Equipos de Respuesta Táctica (ERT) capaces del caos y ahora podían devolver tranquilamente a sus domicilios e integrarse en la vida civil.

Terrorismo y política, otra de las claves

Otro de los puntos de unión de los dos casos es la acusación por terrorismo. En el caso Dixan, solo dos meses después del archivo se reabre el caso por un nuevo informe, este golpe del FBI, que relaciona los productos confiscados en los cacheos nuevamente con explosivos. Los investigadores norteamericanos hablan de «napalm casero». Cuatro de los detenidos vuelven a pasar por la Audiencia Nacional y quedan en libertad. El informe del FBI es un fiasco. El Estado tiene que reaccionar y empiezan a tramitar peticiones de extradición en Argelia de algunos de los implicados en el caso, con situaciones surrealistas, como por ejemplo uno de los investigados que tiene que ser dejado en libertad en Zaragoza porque la orden de extradición no iba contra él. El juez Polanco se las tiene con la policía y se le abre un expediente que atribuye a la decisión de cerrar el caso Dixan. Pero, desgraciadamente, se perpetran los atentados del 11-M a Madrid.

El juez Baltasar Garzón asume de nuevo el caso y, aprovechando la baja de Polanco, lo reabre. Finalmente, seis de los detenidos el 23 de enero son juzgados el 2006, defendidos por los abogados Sebastià y Benet Salellas. De nada sirven las quejas del Colegio de Abogados por vulneración de derechos. Al final son condenados, por pertenencia a organización armada y por falsificación documental, además de 13 años de prisión. El Supremo rebajará la pena a 6 años, y casi 2 años más por falsificación de documentos contra tres de los acusados. La llegada de la guerra de Irak, la guerra judicial y la política habían jugado un mal pase a los miembros del comando Dixan.

Y vuelve a haber paralelismos con el caso Judas. Al juez instructor le queda menos de un año para jubilarse, y con este caso, ha sufrido varios tirones de orejas por parte de sus compañeros de toga por la manera con que ha llevado la instrucción. Pero el cierre de la instrucción y el escrito de fiscalía con peticiones de penas de hasta 27 años de prisión llegan en un momento muy preciso. En pleno debate por la proposición de ley de la amnistía, precisamente, con un redactado que aleja los acusados de terrorismo de la posibilidad de ver archivado su caso. La posibilidad de la amnistía ha puesto en guardia buena parte de la magistratura, ven en estas imputaciones una vía para impedir que se haga efectiva, al menos en algunos casos.

Además, se añade la batalla que mantiene la Unidad Central Especial 3 de la Jefatura del Servicio de Información de la Guardia Civil con el actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Estos agentes firmaron los informes definitivos que han justificado el papel de la fiscalía que, por un lado, niega terrorismo en la causa del Tsunami Democrático –con líderes como Carles Puigdemont y Marta Rovira imputados– y, en cambio, insiste que los CDR pueden ser condenados por delitos relacionados con el terrorismo. Los CDR tienen todos los números para ser víctimas de un contexto político determinado, como en su día lo fueron los miembros del comando Dixan.