El Parlamento celebra esta semana el debate de política general, que pondrá a prueba la estabilidad del Gobierno del PSC, que está en minoría y cuenta con el apoyo parlamentario de Esquerra Republicana y los Comuns. El Gobierno considera que tiene una estabilidad sólida, pero antes del pleno de esta semana los socios prioritarios del ejecutivo ya dejaron claro que no entrarían a negociar los presupuestos si antes no se concreta el cumplimiento de los acuerdos que reclaman. Los republicanos centran sus exigencias al Gobierno en la concreción sobre el modelo de financiación, una carpeta que la Generalitat continúa negociando con el gobierno español y de la cual no hay más concreción que el acuerdo sellado entre Generalitat y gobierno español para elevar el pacto de investidura con ERC. Los Comuns, por su parte, centran las exigencias en el ámbito de vivienda, una carpeta más sencilla para el ejecutivo que la del partido de Oriol Junqueras, pero los de Jéssica Albiach también reclaman cumplimientos en materia de sanidad o transportes públicos, entre otros. Por otro lado, el pleno que da el pistoletazo de salida al curso político también servirá para calibrar la vigencia del acuerdo de Bruselas suscrito entre Junts per Catalunya y el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez. Los de Carles Puigdemont quieren saber en este debate si Salvador Illa, que encara su segundo debate como presidente de la Generalitat, se alinea o se desmarca definitivamente del acuerdo.
Ante este escenario, el consejero de la Presidencia, Albert Dalmau, ya ha avanzado que Illa hará anuncios en materia de vivienda, que serán “de aplicación inmediata”, y apelará a la colaboración público-privada. De hecho, el ejecutivo socialista continúa avanzando en esta carpeta y espera dar pasos significativos este mes de octubre en cuanto al registro de grandes tenedores y también con la creación de la unidad antidesahucios. Con todo, Dalmau ha subrayado que el debate servirá para “determinar el momento en que se encuentra el país y fijar las prioridades”. Los Comuns, por su parte, llevarán al debate la propuesta de prohibir las compras especulativas de vivienda. Lo ha anunciado el portavoz de los Comuns y secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, en rueda de prensa, donde también ha advertido al ejecutivo de la insatisfacción de su formación con el grado de cumplimiento de los acuerdos en materia de vivienda, pero también de sanidad, educación, servicios sociales e infraestructuras, concretamente, Rodalies. Así, ha dicho que el Gobierno tiene “muchos temas pendientes”, muchos negociados con su formación, y que insistirán a lo largo del debate.
A pesar del anuncio sobre vivienda, el ejecutivo no ha hecho ningún pronunciamiento explícito sobre si se abordará la carpeta de la financiación singular, pero últimamente ya ha reconocido que es una cuestión “compleja” y que también depende del gobierno español. En cambio, ERC sí quiere hablar de ello y ya ha avanzado que abordarán esta cuestión en la sesión plenaria de esta semana, una de las más importantes del curso político, y espera que Illa “concrete hechos” sobre esta carpeta. Además, los republicanos, según ha detallado el portavoz del partido, Isaac Albert, presentarán propuestas de resolución para la gratuidad de todas las actividades extraescolares y del comedor escolar en la pública y concertada. Esta será una de las propuestas estrella que llevarán los republicanos al debate, porque consideran la medida “necesaria” y defienden que sería posible si Cataluña dispusiera de la financiación singular que reclaman los de Junqueras. Además, Esquerra no ha escatimado reproches contra el Gobierno en la víspera del debate después de que Dalmau haya afirmado que para él la ambición nacional es gestionar. “La ambición nacional es plantearse retos que eleven el listón del país, es creerse que somos un país y no una comunidad autónoma”, ha espetado.
Junts vincula el debate a la continuidad del acuerdo de Bruselas
El presidente en el exilio y líder de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, ya advirtió este verano que en otoño pasarían cosas, un mensaje que reafirmó la portavoz del grupo parlamentario de Junts, Mònica Sales, durante la reunión de trabajo que los diputados juntaires mantuvieron en Waterloo hace unas semanas. Así, Sales ha dejado claro que este debate debe servir para conocer cuál es la posición del gobierno de Salvador Illa y saber “si el PSC se alinea o se desmarca definitivamente del acuerdo de Bruselas” en cuestiones como el reconocimiento del conflicto político, la amnistía y el concierto económico.
Desde Junts critican el “doble juego” de Salvador Illa y los socialistas, y reclaman que se defina y aclare si “comparte y actúa en consecuencia sobre las decisiones que pactamos con el PSOE en Suiza, o sigue al lado de PP y Vox”. “Se acabó el doble juego, la ambigüedad y las medias tintas. No aceptaremos maniobras para ganar tiempo o para hacer equilibrios imposibles. Estamos hartos del funambulismo del PSC. Debe ser claro”, ha sentenciado, y ha dejado claro que una vez terminado el debate harán una valoración y tomarán las decisiones que correspondan si los socialistas catalanes continúan obstaculizando el acuerdo de Bruselas.
Como ha avanzado El Món, los juntaires presentarán una propuesta de resolución para garantizar la equidad de acceso a los jóvenes catalanes que quieren estudiar medicina y, en este sentido, pedirán la supresión del distrito universitario único a escala del estado español o que se reserven el 80% de las plazas para estudiantes catalanes. También se presentarán “medidas concretas” para aportar soluciones ante “la supeditación a Pedro Sánchez y la desnacionalización” que consideran que está llevando a cabo el ejecutivo socialista en ámbitos como el acceso a la vivienda, los servicios públicos, la lengua o una excesiva carga de impuestos a la clase media trabajadora. En cuanto a la situación del catalán, los juntaires pondrán sobre la mesa la celebración de un pleno monográfico para encontrar soluciones a la situación de emergencia lingüística, para instar al Gobierno a cumplir la ley y crear la Oficina de Protección de los Derechos Lingüísticos antes de acabar el año.
Desarrollo del pleno de política general
El segundo debate de política general de esta legislatura arrancará este martes a las 16.30 horas con una intervención del presidente de la Generalitat, que dispondrá de tiempo ilimitado para trazar las líneas maestras de este segundo año de legislatura. Una vez termine la exposición inicial, el pleno se suspenderá hasta el día siguiente, miércoles 8 de octubre, a las 9.30 horas con el turno de palabra de los grupos parlamentarios. Cada grupo dispondrá de 30 minutos y el orden será de mayor a menor representación parlamentaria, terminando, sin embargo, con el grupo que apoya al ejecutivo. El presidente de la Generalitat puede responder a los grupos uno por uno, como hizo el año pasado, o hacerlo en una intervención conjunta. Las intervenciones de Illa otorgan a los grupos el derecho de réplica por un tiempo de diez minutos. Y si el ejecutivo vuelve a responder, los grupos dispondrán de otro turno de cinco minutos.
En paralelo a esta segunda jornada del debate, los grupos podrán entrar al registro del Parlamento sus propuestas de resolución. Tendrán de plazo hasta media hora después de que el pleno se haya suspendido, y posteriormente la Mesa se reunirá para tratar su admisión a trámite. Cada grupo podrá presentar hasta veintidós propuestas de resolución, con un máximo de tres puntos, que deben ser congruentes con el objeto del debate y que en ningún caso pueden significar una moción de censura al Gobierno. Los grupos podrán presentar propuestas transaccionales hasta el jueves a la una de la tarde, y nuevamente la Mesa deberá reunirse para tratar de su admisión. Posteriormente, el jueves a las 17 horas se reanudará el pleno y los grupos dispondrán de un tiempo de 10 minutos para defender sus propuestas y posicionarse sobre el resto. Y, alrededor de las seis y media de la tarde, comenzarán las votaciones que cerrarán el 39º debate de política general del Parlamento desde el restablecimiento de la democracia en el año 1980.
