El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha certificado por escrito en el Congreso de Diputados que son materia secreta las actividades de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía en los diferentes movimientos de la izquierda independentista. De hecho, considera que estos colectivos son «objetivos singularizados» sobre los que hay «sospechas fundadas que pueden estar relacionados con ilícitos penales». El ministroi interpreta que, al ser una función atribuida a los efectivos de la Comisaría General de Información y ordenadas por la «cadena de mando», estas actividades tienen que ser «declaradas secretas» en base «al acuerdo reiterado del Consejo de Ministros de 16 de febrero de 1996», en relación con la ley de secretos oficiales.
De este modo, la Moncloa cierra el paso a dar respuestas sobre las polémicas infiltraciones policiales, que las últimas semanas todavía se han enturbiado más por la denuncia de abusos sexuales a mujeres activistas por parte de un agente encubierto del CNP en grupos de izquierda. Dos infiltraciones denunciadas por la revista
«Total respecto a la Constitución» y «absoluta neutralidad política»
La pregunta de Iñarritu se registró el 3 de noviembre, en plena polémica por la primera infiltración descubierta. Un mes y diez días después Marlaska respondía asegurando que las «actuaciones de la Policía Nacional se desarrollan con total respecto a la Constitución, al resto del ordenamiento jurídico y a las normas subordinadas». Así mismo, resaltaba que todas las actuaciones se llevan a cabo con «absoluta neutralidad política e imparcialidad».
Incluso justifica este tipo de operativos clandestinos al movimiento independentista con el artículo 11 de la ley orgánica 2/1986 de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Un artículo que, según el ministro del Interior y juez en excedencia de la Audiencia Nacional, avala estas acciones encubiertas porque «otorga la misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantiza la seguridad ciudadana». Una misión que incluye: «Captar, recibir y analizar todos los datos que tengan interés para el orden y la seguridad pública, planificar y ejecutar los métodos y las técnicas de prevención de la delincuencia».
«Objetivo singularizado»
Por otro lado, el ministro señala que este tipo de operativos policiales se basan en una tarea «enfocada a objetivos singularizados sobre los que hay fundadas sospechas que puedan estar relacionados con la comisión de ilícitos penales». Además, enfatiza que las infiltraciones «son autorizadas por la cadena de mando» y llevan el sello de «secreto oficial». Es decir, que como ministro no está autorizado a explicar «la estructura, organización, medios y procedimientos operativos de los servicios de información, así como de sus fuentes y las informaciones recogidas».
En este marco, el ministro insiste en la legalidad y la constitucionalidad del operativo. «En definitiva, la Policía Nacional tiene un mandato constitucional claro, que es el de garantizar el libre ejercicio de los derechos y libertades y la seguridad ciudadana, basada en criterios de profesionalidad y eficacia, y en que prevalecen los principios de neutralidad política, imparcialidad y respecto a los derechos humanos», sentencia el ministro.
