El Tribunal de Cuentas ha fijado la fecha para celebrar el juicio por los gastos económicos del 1-0. Viernes 17 de noviembre, a las 9 horas de la mañana, es el día escogido por la justicia española para juzgar el presidente al exilio, Carles Puigdemont, y una treintena de antiguos altos cargos de la Generalitat por el supuesto desvío de fondos públicos que sirvieron para organizar el referéndum de autodeterminación del 2017 y cubrir gastos de acción exterior.
En este juicio que se celebrará a Madrid se interrogará a Puigdemont, Maria Luisa Lamela, Antoni Millet i Alfonso González. Al presidente al exilio se lo juzgará con normalidad después de que el Tribunal desestimara a mediados de diciembre la petición de Boye de retirar a Puigdemont y los consejeros Toni Comín y Clara Ponsatí de la causa de la responsabilidad contable del 1-O argumentando que tienen inmunidad como eurodiputados. Así pues, después de que se desestimara el recurso del abogado del presidente exiliado, Puigdemont tendrá que comparecer del mismo modo que el expresidente de la Generalitat Artur Mas, y el exvicepresidente Oriol Junqueras.
A petición de Boye, pero, Puigdemont podrá declarar a través de videoconferencia si finalmente decide tomar palabra. Las defensas de los acusados piden que el caso se archive o bien se anule, puesto que consideran que los hechos han prescrito porque tuvieron lugar hace más de 5 años. Además, las defienden piden que si no se archiva que quede anulado, puesto que cuestionan que el caso se haya desarrollado legítimamente y critican los métodos que se han usado. A banda, también, las defienden añaden «indefensión» a la lista de motivos por los cuales la causa se tendría que anular.
La petición de Boye
A la vista preliminar que se celebró el pasado mes de diciembre, Boye pidió que el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, declare en el proceso. El motivo por el cual el abogado fundamentaba su petición son las declaraciones de Montoro donde aseguraba públicamente que la Generalitat no había destinado recursos públicos al proceso independentista, puesto que había activado controles adicionales a las cuentas de la Generalitat para revisarlo.
