El fracaso de la investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, como presidente del gobierno español el pasado viernes, 29 de septiembre, abre la puerta al intento del líder del PSOE, Pedro Sánchez, que con toda seguridad será designado este martes por Felipe VI para intentarlo después de la ronda de contactos que el monarca español mantendrá con diferentes grupos –Esquerra Republicana y Junts per Catalunya, como ya hicieron anteriormente, no irán. A diferencia de la de Feijóo, la investidura de Sánchez sí que tiene fecha tope y tendría que llegar a un acuerdo con las fuerzas independentistas antes del 27 de noviembre si quiere ser presidente y evitar la repetición de elecciones, que se celebrarían el 14 de enero si fracasa en el intento.
Pero desde la conferencia del presidente en el exilio, Carles Puigdemont, el pasado 5 de septiembre en Bruselas, en qué fijó las condiciones de su partido para negociar la investidura, Junts y ERC han redoblado la apuesta y, además de la amnistía, también presionan al PSOE para incluir en el acuerdo un pacto para establecer las bases de un referéndum de autodeterminación que sirva para sustituir el mandato del Primero de Octubre. Un reclamo que los socialistas, a estas alturas, no parecen dispuestos a ceder. Además, otro aspecto que juega en contra de la negociación es que es parece difícil, por no decir imposible, que el calendario permita aprobar en el Congreso la ley de amnistía antes de la investidura, como reclamó Puigdemont.
Repetición de elecciones «antes de que hablar de referéndum»
Los socialistas, que hasta ahora eran optimistas respecto de la posibilidad lograr un acuerdo de investidura «muy pronto» con los partidos independentistas basado en la amnistía –a pesar de que han evitado de todas todas referirse a la medida de gracia–, han subido el tono a medida que la petición independentista de incluir el derecho en la autodeterminación en el acuerdo se refuerza, en la competición al alza en que han entrado Junts y ERC, en lugar de debilitarse. En este sentido, el primer secretario del PSC, Salvador Illa, aseguró el viernes que su partido prefiere «ir a elecciones» que hablar del referéndum de independencia. «Si se tiene que ir a elecciones, iremos a elecciones y que la ciudadanía elija», sentenció el día siguiente que socialistas catalanes y españoles emitieran un comunicado conjunto para asegurar que la demanda de las dos formaciones independentistas «profundiza en la ruptura y la discordia» en vez de fomentar el diálogo y dejar claro que, por el camino del referéndum, «no hay adelanto posible».
De hecho, Sánchez participó el sábado en un acto en Andalucía y se limitó a decir que «trabajan para una investidura real» y, sin hacer ninguna referencia a la amnistía, afirmó: «Me veo con más ganas, fuerzas y argumentos que nunca para que haya cuatro años más de gobierno progresista». Aun así, Illa ha insistido este lunes en un acto a Bilbao, organizado por el diario
La vía de Coalció Canaria, con la abstención de uno de los partidos independentistas
La distancia entre el socialistas y los independentistas ha llevado el PSOE a explorar otras vías, como por ejemplo sumar Colalició Canaria (CC) en el acuerdo de investidura, a pesar de que votaron a favor de Nuñez Feijóo y que es una formación contraria a la amnistía. A pesar de que la diputada de CC Cristina Valido ha transmitido a Felipe VI que todavía no tiene abierta ninguna negociación ni acuerdo con los socialistas españoles, no ha cerrado la puerta a esta posibilidad de acuerdo si el PSOE «acepta el que pide CC». Este voto podría ser decisivo para la investidura de Sánchez en el supuesto de que Junts o Esquerra, uno u otro partido independentista, opte por abstenerse, porque otorgaría 172 votos a favor de investir a Sánchez contra 171 en contra y 7 abstenciones.
Sumar, la otra parte en la negociación para alcanzar un acuerdo con los independentistas y permitir un gobierno presidido por Pedro Sánchez, ha reconocido este fin de semana que las negociaciones podrían «descarrilar» porque, según dijo Jaume Asens el sábado en una entrevista en RAC-1, las resoluciones aprobadas por los partidos independentistas en el Parlament durante el debate de política general «alejan el escenario deseado» por su espacio político. Sin embargo, se mostró optimista y cree que la situación «se puede reconducir» porque, a su juicio, «los carriles son lo suficientemente profundos para que la cosa acabe bien».
Por otro lado, socialistas y comunes aprovecharon el pleno de la semana pasada para pedir a ERC y Junts que no entren en una competición y, en este sentido, Asens fue más concreto y señaló que ve a la formación de Oriol Junqueras «muy nerviosa últimamente» y con ganas de «ganar protagonismo», y subrayó que los republicanos no habían llegado a poner explícitamente el referéndum sobre la tabla de negociación. Condicionar la investidura de Pedro Sánchez a un referéndum es un “error fruto de las prisas de último minuto”, sentenció.
El referéndum como condición ‘sine qua non’
Esquerra Republicana y Junts per Catalunya, por su parte, recuperaron la mayoría independentista del 52% en el Parlamento y en el pleno de política general acordaron no investir a Pedro Sánchez como presidente español si no se compromete a “trabajar para hacer efectivas las condiciones” para un referéndum. En este sentido, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, coincidiendo con el sexto aniversario del Primero de Octubre, afirmó este domingo que «la amnistía por sí sola no resuelve el conflicto. La autodeterminación, el referéndum se sitúa en el centro de la resolución del conflicto”, remarcó. De hecho, este lunes Esquerra Republicana, su partido, ha vuelto a insistir a través de la secretaria general, Marta Rovira, que en una entrevista en Catalunya Ràdio ha afirmado que “acabar con la represión no es suficiente». “Tenemos que poder hablar de referéndum esta legislatura. No podemos renunciar al que se acordó hace 4 años. Ya pusimos las bases porque se pudiera hablar de todo”, ha remachado.
A pesar de que Asens afirmó que Puigdemont no interferiría «en la negociación» con su discurso por el 1-O, el presidente en el exilio afirmó que el Primero de Octubre «tiene que ser el nervio que determine la acción política que construye nación, salva la lengua y que nos encamina al reconocimiento internacional”. En este sentido, también se pronunció la presidenta de Junts, Laura Borràs, que resaltó que el independentismo tiene «una oportunidad para avanzar» por la «coyuntura política» en el Congreso y señaló que «la resolución del conflicto político pasa para que el conflicto vuelva a estar en el ámbito de la política» mediante una amnistía y la autodeterminación de Cataluña, e insistió que hay que «tener garantías» de su cumplimiento «ante un gobierno que no cumple», en referencia al ejecutivo ahora en funciones presidido por Sánchez.
Por otro lado, el secretario general de Junts, Jordi Turull, evitó el sábado dar detalles sobre cómo avanzan las negociaciones porque su formación, dijo, se mueve con los parámetros de «la discreción, el rigor, la seriedad, la humildad y la determinación» y subrayó que «si hay algo que hay que anunciar, ya se hará». Así mismo, criticó que hay formaciones que tienen «ganas de lucir» y que dan anticipadas «cosas» que no les consta que estén, haciendo referencia a la amnistía y la autodeterminación.
Calendario casi imposible para aprobar la amnistía antes de la investidura
En este contexto, además, hay que sumar que parece difícil, por no decir que es casi imposible, que se pueda aprobar la amnistía antes de la investidura como reclamaron las formaciones independentistas para llegar a un acuerdo aunque esta se tramite por la vía de urgencia. Este procedimiento es el que se siguió para derogar el delito de sedición del Código Penal y duró poco más de un mes, puesto que el 11 de noviembre el PSOE y Unidas Podemos registraron el texto en el Congreso y el 22 de diciembre el Senado dio la luz verde definitiva. Pero actualmente hay una diferencia clara que todavía puede atrasar más la aprobación de la amnistía: la mayoría absoluta del PP en el Senado, que tiene mecanismos para retrasar el proceso en el paso por la cámara alta.
El camino más corto es tramitar la ley a través de una proposición de ley por el procedimiento de urgencia, presentada por los grupos parlamentarios y no como un proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros. De este modo se consigue, por un lado, reducir en la mitad los plazos establecidos y, de la otra, también se evita tener que recibir el visto bueno del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado. El siguiente paso es enviar la proposición de ley al gobierno español para que manifieste su criterio sobre la presa en consideración, que tiene treinta días para pronunciarse sobre la tramitación, pero, si quiere, lo puede hacer el día siguiente mismo. Si el ejecutivo español no se posiciona en contra, entonces la junta de portavoces tiene vía libre para convocar el pleno e incluir la proposición de ley en el orden del día.
La primera votación al pleno del Congreso es la toma en consideración, y es la primera vez que los grupos políticos que proponen la ley tienen que defenderla en el Congreso. Sería la primera vez que el PSOE, si no lo hace antes, se tendría que posicionar a favor de la medida de gracia. Después de esta primera votación en la cámara española y si se aprueba, la proposición de ley es enviada a la comisión correspondiente, pero aquí el procedimiento topa con otro contratiempo porque a estas alturas es las comisiones en el Congreso no están constituidas.
Una vez la comisión correspondiente recibe la proposición de ley se abre el periodo de enmiendas, que, como que se tramita por urgencia, es de siete días y, a continuación, se abordan las enmiendas parciales a la comisión, donde se tiene que redactar un informe antes de siete días antes de someterlas a debate y aprobarlas. De todo esto, tiene que salir un dictamen que se envía a la presidencia del Congreso para que convoque un pleno para hacer la votación definitiva y el texto aprobado se envía en el Senado.
El PP puede dilatar el proceso con la mayoría en el Senado
El PP, que tiene mayoría en el Senado, podría dilatar el procedimiento en el tiempo y evitar que se apruebe en estos dos meses de margen que hay antes de que se tengan que convocar nuevas elecciones si no es posible la investidura. La mesa de la cámara alta, presidida por Pedro Manuel Rollán (PP), tendría que tramitar la proposición de ley por el procedimiento de urgencia porque así se establece cuando el Congreso usa la tramitación de urgencia, pero, aun así, deja margen a los populares para estirar al máximo los veinte días que les permite el reglamento.
La mayoría del partido de Feijóo en el Senado, además, haría que la ley de amnistía no superara el trámite y tuviera que volver al Congreso, que tendría que levantar el veto en una nueva votación y seria entonces cuando la medida de gracia quedaría aprobada. Todo este procedimiento, si lo comparamos con la ley de reforma del Código Penal y se tiene en cuenta el veto del PP, se alargaría casi dos meses y, a 2 de octubre se hace casi imposible que la amnistía se pueda aprobar antes de la investidura.
