Coincidiendo con el sexto aniversario del Primero de Octubre, la entidad españolista Asociación para la Tolerancia otorgará su 29º premio a la Tolerancia al «Colectivo de Policías Nacionales y Guardias Civiles que defendieron la orden constitucional en Cataluña ante el Proceso». Ahora bien, según los organizadores del premio, el galardón será «imposible librarlo a sus legítimos destinatarios» porque los altos mandos de la Guardia Civil han evitado dar el «plácet» a los subordinados para recoger el premio. Un hecho que la Asociación interpreta como una negativa para «evitar el ruido mediático».
Según informa la plataforma españolista, el jurado argumenta que «policías y guardias civiles se las vieron con turbas de fanáticos que los trataban como la representación del Mal, o con grupos de guerrilla urbana que incendiaban Barcelona y los atacaban con odio y vesania». Aun así, el jurado asegura que «su fuerza nunca se dirigió contra las personas, sino que tenía por objetivo impedir la realización de actos ilegales». En este contexto, la justificación del reconocimiento también se basa en el hecho que «los que estamos por la España constitucional» vieron «con alivio a los policías y guardias civiles». De hecho, aseguran que fue «como la mano del Estado que iba a defendernos de los que pretendían arrebatarnos nuestros derechos».
«Una fuerza enemiga» y la amnistía
La resolución del jurado también añade que los que «eran favorables al golpe de estado» —los independentistas, según la entidad—, «los contemplaron como una fuerza enemiga que venía a romper sus (inconstitucionales) sueños». «Por esta causa, hicieron todo lo posible para desacreditar su actuación o, incluso, para acabar físicamente con ellos (y, a veces, desgraciadamente, casi lo consiguieron)», acusa la Asociación españolista.
Asociación por la Tolerancia considera que el premio es pertinente en el actual contexto político, porque «algunos de los integrantes de los cuerpos, casi seis años después de los acontecimientos, podrían ser condenados por supuestamente extralimitarse en el ejercicio de sus funciones». En un lugar como Cataluña, donde aseguran que los jueces están sometidos a «presión». «Encima, son utilizados como moneda de cambio en la extorsión al Estado por los secesionistas con motivo de la constitución del nuevo gobierno», indican. De forma que, si se diera el caso que alguno de los acusados fuera considerado culpable, sería una indignante paradoja que, mientras que los ejecutores del golpe —los responsables del proceso—, que faltaron gravemente a su deber y dieron origen y aire a los disturbios, podrían ser literalmente exonerados de sus delitos (ya han visto aliviadas sus penas), quienes defendieron la Ley y la orden constitucional resultaran por eso condenados. La Asociación por la Tolerancia ha impulsado decenas de causas contra el catalán y su normalización.
