La decisión de la Fiscalía de pedir penas de prisión para el actual presidente del grupo parlamentario de ERC, Josep Maria Jové y para Lluís Salvadó, exsecretario general de Hacienda y actual presidente del Puerto de Barcelona; han provocado reacciones de indignación y rechazo entre el independentismo. La Generalitat señala el ministerio público por haberse «sesgado hacia la extrema derecha» y el presidente catalán Pere Aragonès no se ha sorprendido de «la voluntad de venganza» de la judicatura española. Los partidos independentistas también han cargado contra estas peticiones. ERC denuncia «un golpe de estado judicial», Junts acusa el Estado de intensificar la «represión» y la CUP asegura que «el Estado busca venganza».
En concreto, la fiscalía reclama 7 años de prisión, 32 de inhabilitación y 30.000 euros de multa a Jové; y 6 años de prisión, 27 años y 3 meses de inhabilitación y una multa de 24.000 euros a Salvadó. A la actual consejera de Cultura, Natàlia Garriga, pide un año de inhabilitación y 28.000 euros. Una de las primeras reacciones en el texto de la fiscalía ha sido la del presidente del gobierno catalán, Pere Aragonès, que lo ha calificado de una prueba de que «la evolución que se hace en el ámbito democrático y social, todavía tiene que llegar a judicatura». Por su parte, la consejera de la Presidencia, Laura Vilagrà, ha denunciado que la interpretación que hace la fiscalía de la reforma del delito de malversación al nuevo Código Penal en las peticiones de penas de prisión a Jové y Salvadó por el 1-O es «partidaria» y está «sesgada hacia la extrema derecha».
La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha tildado de «golpe de estado judicial» las peticiones de prisión e inhabilitación para Jové, Salvadó y Garriga, también dirigentes republicanos. Aun así, Vilalta ha insistido en la apuesta de su partido de mantener vivas las conversaciones con el gobierno español para «continuar transitando» el camino de la «desjudicialización» con medidas como la reforma del delito de malversación o la derogación de la sedición. «Esto no invalida el trabajo y la vía estratégica que continuamos defendiendo», ha añadido.
El secretario general de Juntos, Jordi Turull, ha acusado el estado español de intensificar la «represión» contra el independentismo y ha lamentado que «la única respuesta» sea «criminalizar todavía más el 1-O», un hecho que se aleja «de lo que había prometido el PSOE». Turull ha transmitido a Jové, Salvadó y Garriga el apoyo de su partido.
La CUP habla de «venganza»
En un tuit, los anticapitalistas han afirmado que «el Estado español busca venganza por el Primero de Octubre y tiene a la Fiscalía persiguiendo sistemáticamente el independentismo; ahora siguiendo con la operación contra el referéndum del 20 de septiembre». La CUP ha aprovechado para transmitir su «solidaridad» a los tres acusados.
