Crisis al más alto nivel en el Consell de la República. Este miércoles ha dimitido en bloque el gobierno de la entidad en el exilio y ha nombrado una gestora que deberá hacerse cargo de la institución, según ha podido saber El Món. Todo ello debido a la crisis del caso de su vicepresidente, Toni Comín, y las irregularidades financieras detectadas en los últimos meses en su gestión. Así, los miembros de la dirección del Consell han decidido dimitir para salvar el valor reputacional de la entidad. Con este proceso, y según los estatutos del Consell, se deberán convocar de manera inmediata elecciones para volver a elegir al ejecutivo que debe dirigir la ofensiva independentista en el exilio.
Los miembros del consejo de gobierno, sin embargo, han justificado su decisión a través de una carta a los afiliados donde exponen motivos formales como los requerimientos de la auditoría a raíz del caso Comín, la elección de su presidente Carles Puigdemont como líder formal de una formación política como es Junts per Catalunya, y la nueva situación política en Cataluña. Elementos que, según los integrantes del Consell, obligan a convocar elecciones con “máxima transparencia”, un elemento que obliga a la elección de una gestora para que los miembros del Gobierno que han dirigido la entidad durante la etapa Comín, queden al margen. De hecho, Puigdemont no se presentará nuevamente y queda en abierto si lo hará Toni Comín.
“Recomiendan celeridad”
En la misiva, los dimisionarios son bastante delicados para dejar entrever las razones sin apuntar directamente al culpable de la crisis profunda de la entidad en el exilio. “El Gobierno es consciente de que hay que adaptar el Consell a esta nueva realidad si quiere continuar ejerciendo el rol de referencia del independentismo y, además, hay circunstancias que recomiendan la celeridad de esta adaptación”, argumentan.
“Una de las necesidades que el Consell debe afrontar en esta nueva etapa es la de blindar al máximo su independencia y transversalidad y la de garantizar a los registrados que las decisiones no solo se toman con total libertad en relación con las estrategias partidistas —algo que siempre se ha garantizado— sino que las formas también acompañen”, remarca la carta. En el mismo sentido, insisten en que también “surge la necesidad de auditar la actividad y gestión del Consell, seguir las recomendaciones de mejora y dejar la institución preparada para afrontar la nueva etapa, algo a lo que el Gobierno ha dedicado sus últimas reuniones”.
Una gestora por transparencia
Los dimisionarios también subrayan que es necesario “garantizar la máxima transparencia” y “que no haya ninguna duda sobre la independencia del proceso electoral y que el futuro Gobierno esté libre de tutelas”. Por eso han acordado la “constitución de una gestora que lidere la transición hasta que el futuro presidente o presidenta nombre el gobierno del Consell”. Esta gestora estará formada por el presidente y el secretario de la Mesa de la Asamblea Territorial, que fueron elegidos por los representantes de los Consejos Locales; la presidenta y el secretario de la Sindicatura, que es el órgano independiente “encargado de velar por la transparencia, la legalidad y las garantías de los procesos democráticos del Consell;» y “dos miembros del actual Gobierno que tendrán la función de facilitar el traspaso ordenado y efectivo”.
