Tenía que ser la gran reforma institucional del Consejo de la República, el organismo que tiene que asear la internacionalización del Proceso catalán y dirigir la actividad del exilio. Pero los números no lo señalan así. La votación interna sobre la reestructuración institucional propuesta por el gobierno del Consejo solo ha animado a votar el 6,53% del censo electoral, que lo integren 90.481 asociados. Ahora bien, la reforma ha ganado, porque el ‘sí’ ha obtenido el 76,5% de los votos, el ‘no’ 19,5% y los votos en blanco han sido el 4%. Unos datos que muestran la débil movilización interna del organismo.
La pregunta de la consulta a los inscritos era: «¿Estás de acuerdo que hay que adaptar la estructura institucional del Consejo para que pueda cumplir de manera más eficaz su misión y que, en consecuencia, se lleve a cabo una reestructuración de sus órganos para hacer posible esta adaptación?». Una pregunta que ha comportado una campaña previa desde el 12 de septiembre al 10 de octubre, donde partidarios de una opción y la otra han hecho campaña. Incluso, el gobierno del Consejo hizo un especial emitido en directo por YouTube para defender la reforma.
Un proceso que ha generado tensiones
El proceso de cambios estructurales se comenzó el pasado 28 de mayo, con el envío de una carta de Carles Puigdemont a los miembros del Asamblea de Representantes, con la cual informaba de la disolución del conocido como
Los oficialistas, pero, no tardaron a responder y defendieron la reforma para hacer más operativo y eficiente el Consejo, que no había tenido prácticamente ninguna acción legislativa ni de control de gobierno. El sistema que proponía el gobierno, y que ahora las bases han aceptado, es la transformación de la asamblea en un «órgano bicameral» con funciones muy definidas. La voluntad de la reforma era otorgar más poder a los consejos locales y así poder tener más información sobre el terreno y la aplicación en Cataluña de las decisiones del Consejo.
Por un lado, instituir “una cámara de representación de los consejos locales y también de las bases del Consejo, que tendrá el objetivo de deliberar y tomar decisiones sobre las acciones que el Consejo tiene que hacer al conjunto de los Países Catalanes”. Es decir, el control del territorio, una reclamación histórica de buena parte del independentismo. Por otro lado, una cámara que se tendrá que encargar de “la elaboración de la legislación republicana -es decir, las leyes de la República- en la cual puedan participar todos aquellos expertos y profesionales necesarios para esta tarea de que cuenta la base de registrados del Consejo”.
