Nuevo estudio financiero de fiscalización de la Sindicatura de Cuentas que llama la atención a la administración. En esta ocasión le ha tocado al Servei Català de Trànsit, sobre la contratación y los gastos de personal del ejercicio del año 2022. Una auditoría pública que se incluye en el programa anual de trabajo de la Sindicatura. El informe, presentado por la síndica Llum Rodríguez como ponente, fue aprobado por el Pleno de la Sindicatura en la sesión del 17 de diciembre del 2024.
Un estudio que además de la contratación y el régimen de personal, también incluía el cumplimiento de la protección de datos de carácter personal. La conclusión es contundente: «deficiencias» en los tres ámbitos en un organismo autónomo de carácter administrativo adscrito al departamento de Interior y que dirige Ramon Lamiel.
Sus funciones principales son gestionar y controlar las competencias en materia de tránsito, circulación de vehículos y seguridad vial. Un estudio que recomienda a la entidad aclarar y planificar la contratación y los procedimientos de licitación con el fin de «garantizar los principios de concurrencia y publicidad». Asimismo, exige dar cumplimiento a los requisitos establecidos en la normativa de protección de datos de carácter personal y con el protocolo del Esquema Nacional de Seguridad.
Puestos de trabajo, servicios y transparencia
Para la Sindicatura, «se han detectado deficiencias en las fases de preparación y licitación de algunos expedientes de contratación». Así, remarcan que en los contratos menores revisados «se han detectado determinadas incidencias relacionadas con contrataciones sucesivas para cubrir necesidades recurrentes o previsibles«. En este sentido, los auditores públicos indican que estas incidencias han dado como «resultado la elusión de los requisitos de publicidad o de los relativos a los procedimientos de adjudicación que habrían correspondido». «Constituyen una fragmentación indebida del contrato» y lo definen como un incumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público, en concreto los artículos 99.2 y del 118.3.
Por otro lado, los consultores manifiestan en su informe que «se han evidenciado carencias en la Relación de puestos de trabajo (RPT) publicada, en relación con los complementos de destino y específicos de los funcionarios y los complementos del personal laboral». Concretamente, dos puestos de trabajo cubiertos mediante encargo de funciones estaban clasificados en la RPT como puestos con forma de provisión de libre designación y no mediante concurso específico. Además, en 7 casos que se han proveído mediante encargo de funciones se superaba el plazo de 6 meses establecido en la normativa de aplicación. En cuanto a los puestos de trabajo provistos mediante comisión de servicios, en dos casos no quedaban justificadas las razones de urgencia para utilizar esta forma de provisión, y en 7 casos se superaba la duración máxima de 2 años fijada para las comisiones de servicio.
En cuanto a la transparencia, la Sindicatura reprocha que «falta publicar la información relativa a las retribuciones en especie del director, diversos complementos del personal laboral, la denominación del órgano de contratación y los recursos especiales y resoluciones actualizadas en materia de contratación.» En este paquete, también reprende a Tránsito porque no dispone de la auditoría de cumplimiento de el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) ni del informe de auditoría o documento equivalente respecto al tratamiento de datos de carácter personal.
