El Gobierno prepara una ronda de contactos con los partidos políticos, los agentes económicos y sociales y las plataformas de usuarios para acelerar el “pacto de país” para transformar Rodalies que el consejero en funciones de presidente, Albert Dalmau, ha anunciado esta semana en el Parlamento. En una entrevista en TV3, el mismo Dalmau ha explicado que el objetivo es “acordar” una hoja de ruta que tendrá dos ejes principales: la mejora del mantenimiento de la red ferroviaria y el cambio de gestión de Rodalies. En este sentido, ha defendido que el traspaso pactado entre ERC y el gobierno español debe ser la “primera piedra” del cambio de paradigma ferroviario que necesita Cataluña.
En plena resaca por el caos de Rodalies de la última semana y media, el Gobierno se ha multiplicado para defender su gestión de la crisis y ha trasladado toda la responsabilidad de las incidencias a Renfe y Adif. De momento, y a pesar de la presión de toda la oposición, las únicas destituciones que se han consumado son las del director operativo de Rodalies, Josep Enric García Alemany, y del director general de explotación y mantenimiento de Adif, Raúl Míguez Bailo. Tanto el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, como el presidente español, Pedro Sánchez, han cerrado filas y han descargado de responsabilidad a la consejera de Territorio, Sílvia Paneque, y al ministro de Transportes, Óscar Puente, que ya estaba en el punto de mira por el choque de dos trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba).
Este viernes, la misma Paneque ha reivindicado la capacidad técnica de los servicios técnicos del Departamento de Territorio “más allá de recursos e inversiones”. En unas declaraciones a los medios en la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), ha insistido en que el Gobierno confía en la valía profesional de sus técnicos, que han hecho un esfuerzo importante para implementar los aumentos de frecuencia, ajustar refuerzos de otros medios de transporte y ordenar todo el sistema ferroviario en el “poco tiempo” de reacción que tuvieron tras los cortes del servicio de Rodalies después del accidente mortal de Gelida (Alt Penedès).
El estado de la red ferroviaria, un dolor de cabeza
Mientras el Gobierno intenta recuperar la iniciativa con el “pacto de país” que días antes habían reclamado los Comunes, Rodalies tiene muchos deberes pendientes a corto plazo. El consejero de Presidencia ha asegurado que a partir de lunes se restablecerá el servicio en el conjunto de Rodalies después de que esta semana Adif haya efectuado decenas de actuaciones en la red ferroviaria para reparar desperfectos y solucionar incidencias que han obligado a cortar varios tramos. Con todo, Dalmau ha advertido que si durante la semana se detectan nuevos puntos que «requieran más atención», no descarta tener que cortar alguna otra línea. «Por encima de todo está el derecho a la seguridad de la gente», ha defendido.
Uno de los puntos débiles de la red ferroviaria catalana es el estado de la infraestructura, que es la causa de buena parte de las incidencias que se producen en Rodalies. Para revertir la situación, el gobierno español inyectará 1.691 millones de euros al Plan de Rodalies 2020-2030, que alcanza los 8.037 millones. De estos nuevos fondos, la mayoría se destinarán al mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura pasando de una inversión inicial prevista de 1.018 millones de euros hasta 2030 hasta los 2.243 millones de euros.
Los agentes sociales, pendientes de la respuesta del Gobierno
A principios de semana, en pleno caos de Rodalies, el Gobierno ya se reunió con representantes de CCOO, UGT, Pimec y Foment para informar del caos en Rodalies, sobre el estado del servicio y explicar qué medidas se estaban tomando para normalizar la circulación. Después de un fin de semana cargado de incidencias, una doble avería en el centro de control de tráfico de Adif obligó a suspender el servicio de Rodalies dos veces en menos de una hora.
La suspensión del servicio y los retrasos generalizados de Rodalies en los últimos días han abierto un nuevo conflicto entre la Generalitat, los sindicatos y las patronales por las horas perdidas de trabajo. Así, mientras las asociaciones empresariales defienden que, aunque se trate de una situación excepcional, había alternativas de transporte y, por tanto, los trabajadores podían llegar al trabajo si lo planificaban con antelación, los sindicatos han reivindicado el uso del permiso retribuido que se creó por la dana de Valencia. La secretaria general de CCOO, Belén López, reclamó al Gobierno que sea el “máximo garantista” con las horas de trabajo que los trabajadores han dejado de hacer porque son el “eslabón más débil de la cadena” y sobre el cual se “cargan las tintas”.
