El Departamento de Drets Socials ha culpado a las “debilidades estructurales” del sistema de prestaciones como causa de los pagos indebidos detectados por la Sindicatura de Cuentas en su informe de 2022. La consejería asegura que trabaja para revertir estos problemas, que han supuesto el pago de al menos 167,5 millones en prestaciones sociales indebidas entre 2016 y 2024, y que tiene en marcha una «transformación profunda y rigurosa» del sistema.
«Las recomendaciones del informe confirman un diagnóstico compartido: el sistema de prestaciones presentaba debilidades estructurales en el año 2022», explican fuentes del departamento que dirige Mónica Martínez. La consejería defiende que se ha “acelerado” el “giro estratégico” iniciado por el anterior equipo, en la época de Pere Aragonès, para “impulsar los cambios estructurales que el sistema necesita”. Por eso se ha desplegado un plan de choque contra los pagos indebidos que incluye la condonación de deudas a familias vulnerables o un sistema de detección preventiva más robusto.
Las explicaciones de la consejera
La consejera de Drets Socials, Mónica Martínez Bravo, ha negado que los pagos indebidos estén relacionados con la malversación y ha asegurado que es un problema de digitalización y recursos, ya que el modelo de gestión “no se ha dimensionado correctamente» y por eso tiene tantas ineficiencias. «Si no tienes las herramientas digitales adecuadas y haces una gestión basada en manualidades, pues muy rápidamente puedes tener un volumen de solicitudes que no puedes gestionar de manera ágil con el personal que tienes, y esto hace que muchas veces se generen los pagos indebidos”, ha explicado la consejera en declaraciones a la prensa.
«El grueso de las incidencias no es por una malversación ni mucho menos, es por no tener suficientes manos para actualizar con la agilidad necesaria las prestaciones, y no tener la información para ajustar esa prestación a cuando el hecho se produce», ha insistido. La solución es cambiar el sistema de gestión y tener equipos «bien tecnificados y bien compasados para que puedan reaccionar”. Un buen ejemplo son las pensiones no contributivas, que en 2021 el departamento tardaba 400 días en tramitarlas y ahora tarda 18.
¿Cuáles son las prestaciones más afectadas?
En su informe, la Sindicatura de Cuentas denuncia la «falta de seguimiento y control efectivos en la gestión de las prestaciones», que ha provocado «la existencia de casos que podrían incurrir en incompatibilidades y un volumen elevado de pagos indebidos». Además, alerta que una parte de los casos ya ha prescrito y, por tanto, no se puede reclamar el reintegro. De todas las prestaciones, un 43% son de la renta garantizada y un 40% de la Ley de Dependencia. Unos 4,7 millones corresponden a prestaciones de la DGAIA a extutelados que no deberían haberse abonado entre 2019 y 2022.
Desde el Departamento de Drets Socials destacan que la gestión de las prestaciones a jóvenes extutelados, que también ha levantado mucha polvareda en la investigación separada por las irregularidades en la DGAIA, se ha traspasado a la Dirección General de Prestaciones para mejorar su gestión. La idea a partir de ahora es dotarse de un sistema integrado, simplificado y coordinado que reduzca el papeleo y facilite la tarea tanto a los trabajadores que gestionan las ayudas como a las familias que las solicitan. Se quiere reformar la Renta Garantizada para hacerla compatible con otras prestaciones y se está asumiendo la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) pactado entre ERC y el PSOE.
