El escándalo por las irregularidades de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) será objeto de una investigación parlamentaria. Los grupos del PSC, ERC y los Comuns han pactado la creación de una comisión de investigación sobre la actividad de este departamento en el período comprendido entre el año 2011 hasta este año. Lo han hecho después de que tanto Junts como el PP lo solicitaran este jueves por la mañana. Ahora, el pleno de la cámara catalana deberá debatir y aprobar la creación de este órgano parlamentario, que con toda probabilidad saldrá adelante.
En concreto, la petición conjunta de los grupos parlamentarios pretende que esta comisión estudie la «tensión» del sistema de protección de menores y la consecuente realización de contratos de emergencia, así como el cobro de prestaciones y mecanismos de control, tal como informa la ACN. También se prevé analizar los casos de violencia sexual contra los menores tutelados por la DGAIA, la garantía de los derechos de los menores y plantear posibles mejoras en el sistema de protección a la infancia.
Si la propuesta sale adelante, esta comisión parlamentaria sería la encargada también de estudiar cuáles son los cambios que requiere la DGAIA y cuál es la dotación de recursos necesaria para enfrentar los diferentes retos que encuentran los profesionales, así como todas las herramientas necesarias para reforzar el sistema.
Tres investigaciones en marcha
En paralelo, cabe recordar que tanto la Oficina Antifraude y la Sindicatura de Cuentas -que han articulado un grupo conjunto- como la Sindicatura de Greuges están examinando varias denuncias de irregularidades en la DGAIA que ya tienen el sello de “verosímiles”, es decir, que han superado el primer filtro de credibilidad. Esta tarea, sin embargo, no ha sido fácil.
Según ha podido saber El Món, la entidad que gestiona y administra uno de los servicios sociales más esenciales y delicados de la Generalitat no hizo caso de los requerimientos de información que la Sindicatura de Greuges, dirigida por Esther Giménez-Salinas. La entidad de defensa de los ciudadanos, patrocinada por el Parlamento, quería investigar varias denuncias sobre los efectos de la gestión de la DGAIA con algunas de las entidades concertadas respecto de los menores y jóvenes tutelados y extutelados y los efectos sobre sus derechos y sobre posibles derechos de ciudadanos que tenían acceso a prestaciones sociales, como una vivienda, y que se podrían haber quedado sin ella por un supuesto fraude de “plazas fantasma”.
