El ejecutivo de Salvador Illa da por «cerrada» la carpeta de la financiación. Así lo ha expresado la portavoz del Govern y consejera de Territorio, Sílvia Paneque, quien mantiene la firme «convicción y determinación» para aprobar los nuevos presupuestos de la Generalitat durante el primer trimestre de 2026. «El Govern se dejará la piel para que se aprueben lo antes posible. Sudaremos la camiseta y nos dejaremos la piel para que así sea», ha asegurado en unas declaraciones a los medios recogidas por la ACN.
Paneque considera que, tras el acuerdo para la financiación, ahora es el momento de rematar las reuniones sobre el estado de los acuerdos pasados y comenzar la negociación para aprobar las cuentas «lo antes posible». La realidad, sin embargo, es que tanto el ejecutivo como los partidos apuntan que las negociaciones todavía «no han comenzado» y tampoco hay un calendario definido al respecto. De hecho, la portavoz solo se atreve a situar el inicio de las conversaciones formales en «los próximos días o semanas», sin concretar más. Paneque ha explicado que a menudo mantienen reuniones con los socios relacionadas con cuestiones referentes a los pactos de investidura o por los suplementos de crédito, pero insiste en que, hasta ahora, todavía no han hablado de los presupuestos con ERC y Comuns.
Novedades en clave vivienda
A la espera del inicio formal de las conversaciones, el Govern ha apuntado este mismo martes que espera poder cerrar en las próximas semanas los primeros expedientes por incumplimiento de la ley de vivienda, a través del régimen sancionador pactado el año pasado con los Comuns. En concreto, según informa la ACN, la Agencia de Consumo ha incoado 35 expedientes vinculados a posibles incumplimientos en relación con los anuncios y la información previa, mientras que la Agencia de Vivienda de Catalunya tiene abiertos 30 más por posible incumplimiento de topes en los precios del alquiler. Esta misma semana deberían llegar también los informes que encargaron a expertos en urbanismo, derecho europeo, derecho constitucional y régimen sancionador sobre una eventual prohibición de la compra especulativa de vivienda.
