El ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, no tiene en contra solo el independentismo, que le reprocha especialmente los casos de los infiltrados. Entre los otros frentes que tiene abiertos hay también gran parte de la judicatura y de los mandos policiales. De hecho, llega a la fiesta de la Hispanidad con nuevos problemas con sus antiguos compañeros de togas. Un vez más, el conflicto está relacionado con la Guardia Civil. Primero fue por el coronel Diego Pérez de los Cobos, el guardia civil que el gobierno del PP había elegido para coordinar el operativo contra el referéndum del Primero de Octubre del 2017 y que hace unos meses derrotó Marlaska en los tribunales. Ahora, el
La concesión de la nueva medalla a Sánchez Corbí se ejecutó el pasado 27 de septiembre, cuando el Boletín Oficial de la Guardia Civil anunciaba que el ministerio del Interior cumplía una sentencia del pasado 3 de mayo del juzgado de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, que obligaba el ministerio a conceder al mando policial una condecoración de un rango más alto que la que había recibido. La decisión llegaba después de que Marlaska aprobara, antes de las elecciones españolas, el nuevo organigrama del Cuerpo Nacional de Policía, que recorta competencias a los mandos policiales e incrementa el control y la gestión política. Otra decisión del ministro que no ha caído casi a la vieja guardia policial. De hecho, hizo lo mismo el 2022 con la Guardia Civil.
El tira y afloja del ministro con los uniformados
Marlaska ha querido cortar el ruido interno con una actuación preventiva que ha sido aprovechar su mandato por renovar todos y cada uno de los jefes superiores de las Jefaturas del Cuerpo Nacional de Policía, así como de las comisarías provinciales. Una decisión que ha ido en paralelo con el instituto armado. La presión sindical, como la ejercida por el sindicato Jupol, de un evidente cariz político, las agrias polémicas abiertas con generales de la Guardia Civil y parte de la judicatura más ubicada a la derecha, han debilitado el ministro, y han reducido las posibilidades de continuidad en un virtual ejecutivo de Pedro Sánchez si el líder socialista logra la investidura. Una opción que seria refrendada por los partidos independentistas por los casos de los infiltrados en movimientos sociales, por la acción de las unidades de intervención policial a las protestas postsentencia o por el caso Pegasus, porque no se ha aclarado si los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado utilizaban estos métodos.
Sánchez Corbí, un indultado por Aznar
La relación del ministro y magistrado de la Audiencia Nacional con el coronel Sánchez Corbí no ha sido de flores y violas. Sinó al contrario. Marlaska lo destituyó el agosto de 2018 alegando «pérdida de confianza». Según fuentes del ministerio, el coronel suspendió » investigaciones» sin tener permiso de sus superiores. Todo el asunto se destapó a raíz de un correo electrónico que Sánchez Corbí remitió al UCO en que avisaba que se habían vaciado la caja de los fondos reservados, así que emitía una orden clara: «Se suspende cualquier actividad que requiera el uso de fondos reservados». Una orden que se contextualizaba en una guerra interna entre el CNP y la Guardia Civil por el control y la disposición de los fondos ante los nuevos controles que quería imponer el equipo ministerial dirigido por Marlaska.
Sánchez Corbí comenzó una vía contenciosa para ser restituido, pero ni la Audiencia Nacional, ni el Tribunal Supremo le dieron la razón y avalaron la decisión del ministro. Los magistrados de la sección quinta de la Sala del Contencioso–administrativo del Tribunal Supremo afirmaban en su sentencia de 27 de septiembre del 2022 que la motivación de destitución era “clara, suficiente y comprensible” y que era indiferente como fueran las relaciones personales que podían existir entre el coronel y Marlaska. El 15 de febrero del 2022, Corbí dejó el cuerpo después de una dilatadísima carrera dentro del instituto armado en la lucha contra ETA y la UCO. Ahora bien, su carrera también tiene sombras muy tenebrosas. Corbí fue condenado a 4 años de prisión y seis de inhabilitación por torturas al miembro de ETA Kepa Urra, una pena que el Tribunal Supremo rebajó en un año. Con la llegada del PP a la Moncloa, fue indultado por el gobierno de José Maria Aznar, que le conmutó la pena de seis años de inhabilitación por un mes y un día, y así evitó la expulsión del cuerpo.
Problemas con las medallas
Corbí se quedó con ganas de revancha y no dejó escapar la oportunidad de volver a llevar el ministro del Interior al juzgado. Marlaska condecoró los autores del libro sobre cinco décadas de lucha contra ETA titulado
En su recurso, el coronel alegaba que se había produit una clara discriminación y una vulneración del artículo 14 de la Constitución que consagra el derecho a la igualdad. El coronel entendía que se habían vulnerado sus derechos y no se había justificado por qué uno de los autores del libro recibía una condecoración de menos nivel que el resto. La titular del juzgado contencioso de la Audiencia Nacional, Emilia Peraile Martín, dio la razón al mando y entendió que la decisión «no estaba ajustada a derecho». La magistrada entendía que el caso de Sánchez Corbí es una discriminación de manual porque es «un trato diferente que se da en situaciones iguales», a pesar de reconocer a la resolución que el ministerio tiene poder «discrecional» para otorgar medallas. Ahora, el ministerio le ha anulado el otorgamiento de la Cruz con Distintivo Blanco y ha condecorado el coronel con la Cruz de Plata. De hecho, la magistrada había advertido que si el ministerio no hacía caso, haría «ejecutar forzosamente la sentencia».
Relaciones con la policía patriótica
Corbí es uno de los personajes envueltos en la Operación Cataluña. De hecho, se le considera el nexo entre el equipo de la policía patriótica y la Guardia Civil. Una relación que apuntan mensajes de Whatsapp y correos, así como conversaciones registradas entre el coronel, el comisario de inteligencia ahora jubilado José Manuel Villarejo y el exnúmero dos de Interior, el secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, alías
Por otro lado, la Operación Tándem de la Audiencia Nacional contiene una grabación de un encuentro, del 11 de mayo del 2016, entre Villarejo y el coronel. En esta conversación, Corbí tranquiliza Villarejo informándolo que nadie investiga el comisario Enrique García Castaño –elemento indispensable de la policía patriótica– y sobre la hipotética maniobra del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) con el UCO y la policía patriótica. Así, Villarejo detalla que dos magistrados le han explicado que Félix Sanz Roldán, el entonces cabeza de los servicios secretos españoles, está obsesionado con ellos dos. Así mismo cargan contra los servicios de inteligencia españoles afirmando que el CNI lo único que hace es “montar tramas” y detallan que manipularon un encuentro entre Villarejo y Sánchez Corbí por una cuestión personal de la hija del coronel. «Ya veían reuniones para ir contra el gobierno», se exclaman. En la misma conversación conversan sobre cómo tienen que actuar con los políticos.
De los Cobos, el otro adversario
Uno de los frentes más calientes que ha tenido que afrontar el ministro Marlaska delante el
En segundo lugar, el pasado 19 de septiembre el Tribunal Supremo también anuló el decreto del gobierno español que nombraba los tres nuevos generales del instituto armado. De los Cobos, como que no entró a la trena, recorrió el decreto y los magistrados le han vuelto a dar la razón, con un tirón de orejas al ministerio por no haberlo ascendido. Una resolución que el ministerio reduce a una «cuestión formal».
Mandos del CNP, incómodos
No solo con la Guardia Civil ha tenido topadas el ministro. Viejas glorias del CNP también han fruncido la nariz ante algunas decisiones de Marlaska, como por ejemplo el cambio de mandos territoriales y, el que es más profundo, el cambio de la estructura orgánica de la policía, que no ha caído mucho bien en algunos círculos de los mandos. Se trata de la orden INT7859/2023 de 21 de julio, que se oficializó el día 25 del mismo mes. Un extenso documentos donde se establecían «cuatro centros directivos» que dependen directamente de la Dirección General de la Policía: la Dirección Adjunta Operativa, la Subdirección General de Recursos Humanos y Formación, la Subdirección General de Logística e innovación y fortalecía las atribuciones del poderoso Gabinete Técnico.
Además, la Dirección General asume la comunicación del cuerpo en todo el Estado, así como la cada vez más importante División de Cooperación Internacional que coordina las acciones de la Europol o con la Interpol. El nuevo decreto también ha creado las Unidades Centrales de Coordinación Operativa y Técnica dentro de las Comisarías Generales que asumen funciones de mando directo y una Brigada de Acción Exterior. Cambios que han provocado cierta incomodidad en uniformados con muchas horas de servicio que ven recortadas sus funciones. Mandos que critican la condescendencia que Marlaska ha tenido, por ejemplo, con Mossos d’Esquadra, puesto que ha facilitado su ampliación y ha dado la clave a la policía catalana de instituciones y archivos policiales europeos e internacionales.
Mal visto también por el independentismo
Pero precisamente con los partidos políticos independentistas Marlaska también tiene tensiones, sobre todo por la infiltración de agentes del CNP en los movimientos sociales soberanistas de Cataluña y por la carencia de explicación del ministerio sobre un virtual os de Pegasus por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
