La proposición de ley orgánica de amnistía vivirá este martes una jornada crucial. Es el debate en pleno que tiene que aprobar el texto definitivo por parte del Congreso de Diputados, antes de enviarla en el Senado, donde el PP y Vox han garantizado que dormirá el sueño de los justos durante al menos dos meses. La votación en plenario llega justo una semana después de la aprobación del dictamen de la ley a la comisión de Justicia de la cámara baja española. Un primer debate que consolidó alguna de las enmiendas presentadas por los grupos que han espoleado la ley. En concreto, dos enmiendas transaccionales pactadas por PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNB, Junts y Podemos para excluir solo los delitos de terrorismo que hubieran causado «violaciones graves de los derechos humanos». El resto de enmiendas fueron rechazadas y aquí rae la lucha, porque ahora ya solo se pueden votar sobre las enmiendas existentes. El debate se tiene que centrar en las enmiendas ya presentadas, sean transaccionadas o individuales de cada grupo parlamentario.

Ahora bien, después de meses de negociación, la ley no llega precisamente con la perspectiva de encontrar una balsa de aceite en el debate. Todo lo contrario, y no solo por la oposición de la derecha y la extrema derecha en el Congreso, sino por las desavenencias entre socialistas, juntaires y republicanos sobre los detalles y el alcance de la norma para el olvido penal de las causas del Proceso. De hecho, quedan vivas las enmiendas de Junts, las transaccionadas entre el PNB y Junts y una de pactada entre ERC y los de Carles Puigdemont. Unas enmiendas que han cogido valor después de las últimas actuaciones del juez Manuel García Castellón en la causa del Tsunami Democrático y de la Operación Judas, o de la supuesta trama rusa del Proceso, desenterrada por el juez Joaquín Aguirre. Este martes, pues, se abre una faceta nueva que, en el mejor de los casos, supondrá la aprobación definitiva de la ley a finales de abril o principios de mayo. Esto, si es que el PSOE y Sumar aceptan las enmiendas de Junts.

La portavoz de Juntos en el Congreso, Miriam Nogueras, interviene en pleno / Europa Press

Enmiendas de grupo y transaccionadas

El plenario del debate de la ley llegará con las once enmiendas de Junts, a las cuales hay que sumar las tres que los juntaires han pactado con el PNB sobre el ámbito objetivo de la ley –en concreto, el terrorismo o la exclusión de los delitos de traición– y la que se ha acordado con ERC. Junts también quiere ampliar el plazo de aplicación de la ley y establecer el inicio del periodo afectado en el 1 noviembre del 2011, puesto que actualmente es desde el 1 de enero del 2012. Con este cómputo, la intención es proteger los encausados por el gasto del departamento de Exteriores al juzgado 18 de Barcelona, y también al juzgado 13 y al Tribunal de Cuentas. Junts también mantiene viva la enmienda que defiende la aplicación inmediata de la amnistía. Por su parte, ERC mantiene vivas dos enmiendas para el debate: una para hacer entrar en la amnistía las sanciones por la ley mordaza y otra aclarar el límite de las torturas, es decir, excluir de la ley de amnistía lo «umbral mínimo de gravedad» que a estas alturas establece el texto.

En el otro lado, hay un PSOE renuente a más concesiones y con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, haciendo de escudero. En este sentido, fuentes de la negociación interpretan que ha sido lo también ministro de la Presidencia quien ha enredado con la exclusión del terrorismo como causa de inaplicabilidad de la ley de amnistía. El diputado socialista, José Zaragoza, descartaba este lunes en el programa Café de Ideas de RTVE, que el PSOE vote las «enmiendas vivas de ERC y Junts». En cambio, la portavoz de los socialistas catalanes, Èlia Tortolero, insistía que las «negociaciones se mantendrán hasta última hora». Por su parte, Podemos ha anunciado que votará a favor de las enmiendas para neutralizar la estrategia del «sector reaccionario judicial». Sea como sea, desde Junts, la consigna es clara: «Ahora solo es posible votar o no las enmiendas». Las enmiendas se aprueban por mayoría simple.

El ministro Félix Bolaños y la vicepresidenta Yolanda Díaz, conversan con la diputada de ERC en el Congreso, Pilar Valluguera / Europa Press

Habas contadas

La dinámica parlamentaria que contempla el reglamento del Congreso no deja margen para muchos cambios más que «o votar las enmiendas o no votarlas». En esta línea hay que recordar, pero, que la presidenta de la cámara baja, Francina Armengol, podría permitir cambios en las enmiendas presentadas si ningún grupo mostrara su oposición. Un hecho del todo imposible ante la beligerancia del que Pedro Sánchez ha tildado de «fachoesfera», en referencia en Vox y PP y su cohorte mediática. Así, si los socialistas, Junts o ERC quieren introducir modificaciones de último momento, se tendrán que centrar solo en las enmiendas que fueron presentadas o las que fueron acordadas o transaccionadas entre dos grupos o más.

Uno de los puntos que más fricciones está provocando es detallar el delito de terrorismo como exclusión contemplada en el artículo 2 de la proposición de ley. El actual redactado, acordado por PSOE, ERC y Junts a cobijo de un texto de los republicanos, prevé incluir en la amnistía aquellos procesos que, aunque con acusaciones de terrorismo, «no hubieran causado violaciones graves de derechos humanos de manera manifiesta y con intención directa». Es decir, complicar la definición de terrorismo para poner trabas a los jueces que quieren convertir cualquier causa relacionada con el Proceso en una investigación por terrorismo y así excluir la posibilidad de la amnistía. En este marco, hay que recordar que también se eliminó la exclusión de los delitos de terrorismo si había «sentencia firme».

Eliminar el párrafo

La especificación del artículo 2 está pensada para proteger y poder aplicar la amnistía los procesados por la Operación Judas, en que la fiscalía mantiene la petición por delitos de terrorismo a supuestos miembros del CDR. Así mismo, también tendría que servir para parar los pies al titular del juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que intenta hacer pasar buey por bestia gorda y atribuir delitos de terrorismo a Carles Puigdemont y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, por su apoyo a la plataforma Tsunami Democrático. Por otro lado, la judicatura ha puesto más leña al fuego, cuando este lunes el titular del juzgado de instrucción 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, ha certificado lo que El Món avanzó viernes, la reapertura de la investigación de la supuesta trama rusa del Proceso.

Por eso, una de las posibilidades de la negociación de última hora para cambiar el redactado de la ley sería aprobar la enmienda original de Junts que se mantiene viva, con que se elimina el párrafo relativo al terrorismo. En este mismo sentido, hay dos enmiendas más pactadas por esta formación con ERC y PNB que tienen el mismo objetivo, sacar terrorismo de los motivos de exclusión de la amnistía. Una fórmula simple a través de la cual, cualquier instrucción por este delito entraría de pleno en la amnistía sin tantas explicaciones. Sería tomar a los jueces que torpedean la amnistía un instrumento bastante poderoso. Fuentes de la negociación resumen esta opción con una imagen: «Si tienes miedo que los niños partan la ventana con la pelota, no saques la ventana, tómales la pelota».

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