Caso Tsunami: Marchena tendrá que decidir si comprar pelotas de playa es terrorismo

El caso del Tsunami Democrático se ha consolidado como una macrocausa de instrucción, un perfil habitual en los casos que gestiona el magistrado Manuel García Castellón, titular del juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Pero le ha salido una traba inesperada, puesto que el jefe de la fiscalía antiterrorista de la misma Audiencia Nacional, dirigida por Miguel Ángel Carballo, intenta parar que la instrucción se haga por delitos de terrorismo, porque no ve ningún tipo de cimiento ni fáctico ni jurídico. De aquí que el instructor haya decidido pedir ayuda al Tribunal Supremo y les haya remitido las diligencias para que continúen ellos la causa, fuera del ámbito de actuación de Carballo.

El escrito «de exposición razonada» del magistrado García Castellón se remitió a la sala de admisión general del Tribunal Supremo, que está configurada por el presidente de la sala de lo penal, Manuel Marchena y por los magistrados Andrés Martínez Arrieta i Ángel Luis Hurtado Adrián. Serán los magistrados que, teóricamente, tendrán que examinar, si el argumentario del juez instructor es bastante sólido para comenzar una instrucción a la más alta magistratura española.

La resolución de García Castellón se basa en varios informes de la Guardia Civil, anexos y transcripciones. Densos informes donde incluso dedican un capítulo especial a la compra de «pelotas hinchables para ser chutadas“ en el campo del Barça durante el derbi con el Real Madrid del 18 de diciembre del 2019. También hablan de “falsificaciones de tarjetas de embarque” para acceder a determinadas zonas del aeropuerto del Prat. Todo ello lo clasifican como acciones de una “estrategia pensada cómo un elemento desestabilizador y de presión política”. Todo esto, pasado por la criba del instructor, es encuadrado en conductas relacionadas con el terrorismo.

Diversos informes, micrófonos de ambiente, atestados y pocos mensajes

Básicamente, el escrito que García Castellón ha remitido al Supremo, de 101 páginas, se alimenta del Informe de Implicación del Tsunami Democrático del 2 de noviembre de este año, del informe Acciones Tsunami Democrático, del 28 de abril, y de seis informes sobre los resultados de los análisis forenses de los terminales móviles confiscados durante la razia de la Operación Volhov. Un operativo que dirigió el juez Joaquín Aguirre, titular del juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, el octubre del 2021. En concreto, el informe 6, sobre el editor Oriol Soler; el informe 2, sobre Josep Campmajó; el informe 1, sobre Josep Alay –cabeza de la oficina del presidente al exilio, Carles Puigdemont–; el informe 5, sobre las comunicaciones del ex consejero de ERC Xavier Vendrell, y un misterioso atestado incorporado a las diligencias 111/16 del caso Volhov, con grabaciones con dispositivos electrónicos y balizas que interceptaban conversaciones a los vehículos particulares de Xavier Vendrell, Oriol Soler y David Madí.

Todos estos documentos están firmados por la poderosísima Unidad Central Especial número 3 del Servicio de Información de la Guardia Civil. Es decir, una de las tres unidades de élite de los servicios del Estado. L‘UCE-1 atendía el seguimiento de ETA, y ahora continúa trabajando en el ámbito del terrorismo interno. El UCE-2 es el área que se ocupa de la amenaza yihadista, ampliada desde los atentados de Atocha del 2001 y de los atentados de Barcelona y Cambrils. También se encarga de “grupos delincuenciales organizados con potencial desestabilizador”. Y en último término, la UCE-3 se encarga de las “amenazas desestabilizadoras del Estado”. En concreto, investiga desde movimientos “antisistema” –sin especificar qué–, “grupos racistas o xenófobos”, “defensa nacional”, y “actividades contrarias a la normativa vigente”, y es donde entra el independentismo.

Todo y esta ingente cantidad de documentación, como prueba, los analistas de la Guardia Civil aportan solo unos cuantos (pocos) mensajes entre los principales investigados, y no especifican con cuál «programa forense» los han interceptado. En total, a los 133 folios del informe policial sin anexos, se repiten los mismos chats de aplicaciones como WIRE o Signal, incluso con usuarios sin identificar o con mensajes borrados entremedias. Además, los mismos agentes aseguran que «el contenido de la mayoría de las conversaciones es de índole política» y que «no se puede atribuir la autoría de cada mensaje».

Los tres objetivos y la obsesión por las pelotas

Con toda la información, los analistas de la Guardia Civil razonan que Tsunami Democrático tenía tres objetivos a través de sus acciones. Acciones que fueron planteadas «premeditadamente y con una clara intencionalidad». En primer término, «provocar grandes perjuicios económicos a las principales estructuras del sistema económico y, por lo tanto, desestabilizar la economía española». En segundo término, «aislar España del resto de Europa». Y, en último lugar, «internacionalizar el conflicto proyectando una imagen antidemocrática de España al exterior», con actos como los que se prepararon para el día de la celebración del Barça-Madrid el 18 de diciembre del 2019.

Precisamente, este punto obsesiona los agentes y analistas de información de la Guardia Civil, pero los extremos más cómicos los omiten en los atestados incriminatorios, como por ejemplo una conversación transcrita donde los investigados se ríen de ellos mismos porque no son capaces ni de levantar una pancarta durante el partido. La protesta prevista para el transcurso del partido molesta a los agentes de información, pero no por los disturbios alrededor del estadio del Nuevo Camp, sino por el supuesto plan preparado por «Mandela«, el sobrenombre que los agentes ponen a Marta Molina, actual jefe de gabinete de la consejera de Educación, Anna Simó. La policía la identifica como «la encargada de comprar pelotas para la acción del Camp Nou». Una «acción» que, según los guardias civiles, suponía entrar en el campo con pelotas hinchables, de playa, y echarlas en el campo.

La operación, según la policía, –deducida a través de las conversaciones del «Padre Carbasser», supuestamente Oleguer Serra de Òmnium, «Poeta Foix» -alias sin identificar- y Xavier Vendrell, con Oriol Soler a través de la aplicación Wire– suponía «comprar pelotas hinchables, aunque fueran 500, y repartirlas en las entradas del estadio». La idea evolucionó hacia la posibilidad de crear un “subgrupo” que quería “entrenar” gente «para chutar» las pelotas, pero la idea se abortó porque consideraron que era «demasiada tarde para formar la gente» y «tenían miedo de improvisar». También veían problemas para «hacer fotografías de la acción». No «tuvieron entradas ni bastantes chutadores» para poder realizar una acción que la Guardia Civil considera que habría provocado una «alteración grave del orden y de la paz pública» y que acabaría en “disturbios”.

Los informes evitan hablar de terrorismo

A pesar de que los atestados policiales e informes policiales hacen una verdadera orfebrería con los mensajes – admiten muchos sin identificar o que faltan partes– nunca los relacionan con ningún delito en concreto. Es decir, los analistas describen situaciones, incorporan adjetivos y realizan conjeturas, pero, a diferencia otros atestados del Procés, no concluyen que estos actos se tengan que tipificar como ningún delito en concreto, a pesar de que sí que describe tipos delictivos. Unas descripciones que utiliza el juez instructor para intentar mantener la causa como terrorismo.

De hecho, el juez, con conversaciones como las que hablan de las pelotas o acusando de falsedad documental los investigados por el hecho de llevar tarjetas de embarque falsificadas de Vueling para colarse en el aeropuerto, considera que las acciones de Tsunami se enmarcan en conductas terroristas. Una tesis que la fiscalía antiterrorista de la Audiencia Nacional, que dirige Miguel Ángel Carballo, no se traga. De hecho, según fuentes judiciales consultadas por El Món, antes de pedir la inhibición de la Audiencia Nacional hacia los juzgados de Barcelona, fue Carballo quien pidió un informe que resumiera en dos o tres folios su petición de reducción de las diligencias a un caso de desórdenes públicos. El teniente coronel encargado de la UCE 3, pero, emitió un informe de 200 páginas que hacía pasar garza por perdiz describiendo conductas que pueden inducir a terrorismo. Un documento firmado por los analistas L18420D y M20246D, pseudónimos de seguridad.

Con estos hechos son ahora sobre la tabla de admisión del Tribunal Supremo que tendrá que decidir si acepta el encargo de García Castellón, o bien si vuelve el expediente a la Audiencia Nacional, o bien si hace caso del ministerio fiscal y remite la causa en Barcelona porque considera que, a lo sumo, hay un caso de desórdenes públicos. La hipótesis más probable, pero, es que el Supremo acepte el encargo como válvula de seguridad para hacer inaplicable la amnistía al presidente Carles Puigdemont y Marta Rovira, que, hasta hace unas semanas, solo era perseguida por desobediencia.