Día de gala en la sede de los juzgados de Andorra a raíz de la trama andorrana de la operación Cataluña. Finalmente, tras el desbloqueo de la querella presentada por el Instituto de Derechos Humanos de Andorra (IDHA) contra miembros del gobierno español, con Mariano Rajoy a la cabeza y destacados miembros de la policía patriótica como denunciados, han comenzado las declaraciones. Una derivada importantísima de la conspiración clandestina del Estado para detener el Proceso soberanista que terminó con el cierre de la Banca Privada de Andorra (BPA). Una tesis que esta tarde ha recibido vitaminas con la declaración del comisario de inteligencia jubilado del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) y uno de los cabecillas visibles de la policía patriótica, José Manuel Villarejo.
De hecho, su versión de los hechos y los documentos podrían ayudar, y mucho, a los abogados de la BPA que deben presentar el recurso de casación el próximo 3 de diciembre, porque se dibujaría la invalidez legal de la noticia criminis que dio lugar al cierre de la entidad donde la familia Pujol Ferrusola tenía fondos y haría tambalear las durísimas penas impuestas a los gestores de la BPA en la sentencia del pasado 15 de julio. Además, Villarejo ha insistido en la implicación de la Moncloa de Mariano Rajoy en el asedio a la entidad bancaria y en la franquicia andorrana de la operación Cataluña, la operación Magno.
Como aseguraba a primera hora de este martes el juez jubilado Manuel Garcia Castellón, responsable de la macrocausa Tándem que investigaba sus actividades, que suerte que solo se ha podido desencriptar un 1% de sus documentos, porque las consecuencias serían terribles. Una opinión que, en declaraciones a El Món, Villarejo, sin dejar de sonreír, ha ironizado porque considera que no hay ganas de difundir la verdad. «Ya me han dicho mis amigos del CNI que me complicaba la vida subiendo a Andorra», ha ironizado.
Gobierno y comisarios
La jueza se ha sorprendido de la contundencia de su declaración, dirigiendo las respuestas cortas y al pie. Una sorpresa que también ha sorprendido a los abogados y la fiscalía por el detalle de su narración. Villarejo, además, ha podido entrar acompañado de su abogado, Antonio Garcia Cabrera, dado que aún está procesado en España por varias piezas separadas del caso Tándem en la Audiencia Nacional. A raíz de esta declaración, que confirma los indicios sobre el operativo de la trama andorrana, y a la vista de la cantidad de prueba documental aportada, la instructora podría firmar el auto de procesamiento de todos los querellados hasta ahora. Una pista de despegue que podría provocar, por primera vez, hacer sentar en el banquillo de los acusados al núcleo duro de la policía patriótica y a los responsables políticos por sus actividades en un país soberano como es el Principado de Andorra.
Una agenda repleta para este martes que ha comenzado por la mañana con las declaraciones, esperadas, de quienes eran entonces ministro de Finanzas y de Exteriores, Jordi Cinca y Gilbert Saboya que han negado cualquier conspiración y ninguna colaboración ni presión del gobierno español. Unas declaraciones que se han complementado por la tarde, con la celebración de la declaración estrella de la jornada, la del comisario Villarejo, que ha llegado por la mañana al Principado, y justo antes de almorzar cerca de la sede judicial, ya ha dejado entrever que llegaba con ganas de explicarse.
De hecho, Villarejo ha hecho una enmienda a la totalidad a las declaraciones de los miembros del Gobierno de Andorra durante los años de la intervención. El comisario ha implicado directamente y sin rodeos a los miembros del ejecutivo andorrano en la trama. En este sentido, ha subrayado que una operación de esta índole sin la colaboración de ambos gobiernos no se podía llevar a cabo. Con su estilo habitual, ha generado suficiente expectativa al explicar que había recibido amenazas «para que no declarara». De hecho, ya ha sido bastante sorprendente, los abogados de las partes no lo ocultaban, la sorpresa que ha supuesto que el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, permitiera que viajara al Principado para declarar.
«He ratificado mis declaraciones»
La declaración se ha alargado dos horas y media y, a la vista de las fuentes jurídicas consultadas, no ha decepcionado. De hecho, ha habido bastantes sorpresas sobre todo, del lado de la fiscalía y de los impulsores de la querella, que se frotaban las manos tras la narración de los hechos de Villarejo. Incluso, ha reconocido dos documentos más, aportados ayer por la tarde a la causa por la defensa de los hermanos Ramon e Higini Cierco, propietarios de la BPA y el exCEO de la entidad, Joan Pau Miquel. Dos correos entre Villarejo y el exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, que acreditarían su versión de la colaboración entre el gobierno andorrano y el gobierno español en la trama andorrana de la operación Cataluña. «He dicho la verdad», ha insistido para señalar a la salida de la declaración que por haber explicado «todo lo que pasaba en Andorra me encerraron en la cárcel». «El rey y los Pujol no podían tener cuentas corrientes en el mismo lugar, ¿verdad?», se ha preguntado el comisario socráticamente.
«He ratificado todas mis declaraciones cuando yo estaba en la cárcel y que en comisión rogatoria declaré y que todos los documentos que me han enseñado, algunos se han publicado o se han filtrado, he dicho que efectivamente son míos, son todos», ha especificado. En esta línea ha enfatizado que los dos correos donde el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) le remitía explicando cómo iría la operación de Andorra y un resumen de cómo finalizó la intervención del banco. «Es claro, los correos, lógicamente, los he reconocido, porque además están admitidos en varias causas que ya he tenido en España y que han reconocido los mismos fiscales», ha añadido. Unos correos que ha especificado a preguntas de la jueza instructora Stephanie Garcia, se encuentran en los ordenadores de sus oficinas confiscados por la Audiencia Nacional.
Una operación de Estado
Villarejo, según las fuentes consultadas, con una «exposición clara» de los hechos ha asegurado que el cierre de la BPA fue una «operación de Estado». «Esto no es una cuestión de que esta entidad la haga un comisario o un coronel del CNI o un guardia civil o un capitán o un comandante», ha remarcado en declaraciones al salir del juzgado. «Es una operación de alto nivel donde desde la presidencia del gobierno de un país y de otro, intervienen; de hecho, como ya aparece en mis notas de inteligencia, como he declarado siempre, y como es obvio, vaya, quien piense lo contrario…», ha reflexionado en voz alta. «La presidencia del gobierno español estaba al corriente de la operación en Andorra», ha aducido.
«Sin duda alguna la Moncloa estaba detrás», ha sentenciado. Al fin y al cabo, el comisario ha remarcado que la visita de Rajoy y del ministro Cristóbal Montoro, el 7 y 8 de enero de 2015, fue para terminar de ultimar la derivada en Andorra de la Operación Cataluña. Como también ha esbozado el papel de Marc L. Varri, oficial del FBI en España y en Andorra en todo el entramado. Este martes, pues, la trama andorrana del dispositivo clandestino contra el Proceso ha entrado en una nueva dimensión, donde policías, servicios de inteligencia, gobiernos y, incluso, una superpotencia como los EE. UU. podrían haber tenido un papel trascendental.
