El alcalde del Ayuntamiento de Vilobí del Penedès (Alt Penedès), Francesc Edo, ha facturado al consistorio 33.451 euros con su empresa de charcutería, Tocinerías y Charcuterías Anton SL. El gasto se ha hecho a lo largo de 16 años en género para actas organizados por el Ayuntamiento entre el 2007 y el 2022. Esto es el que dice, negro sobre blanco, un informe jurídico elaborado por el secretario interventor municipal con fecha 20 de abril, al cual ha tenido acceso El Mundo. Por lo tanto, el Ayuntamiento habría pagado dinero público a la empresa del alcalde, de la cual es administrador único, durante 16 años para proveer alimentos para triatlones, cenas, comidas de guarderías y concursos como por ejemplo lo del carnaval. En la descripción del gasto, también constan lotes de Navidad y aperitivos.
Denuncia del grupo municipal Vilobí y República
El informe había sido solicitado por el grupo municipal Vilobí y República, la marca de Esquerra Republicana en el pueblo penedesenc, después de recibir hace unas semanas los datos de un año, solicitadas meses atrás. Una vez tuvieron las cifras de un año y la confirmación de la sospecha que el alcalde facturaba con el Ayuntamiento –práctica prohibida como incompatibilidad– pidieron un estudio exhaustivo que recibieron la semana pasada. El texto, del nuevo secretario municipal, alerta que, según la ley, los cargos municipales «no podrán tener, por ellos mismos o por persona interpuesta, participaciones directas o indirectas superiores a un diez por ciento en empresas que tengan conciertos o contratos de cualquier naturaleza con el sector público estatal, autonómico o local, o que reciban subvenciones provenientes de cualquier administración pública». Es decir, el alcalde o los otros cargos de un Ayuntamiento no pueden utilizar sus empresas para el cobro de dinero público.
Además, el informe explica que, para futuras adjudicaciones, se tendrá que tener en cuenta «la obligación de declaración sobre causas de posible incompatibilidad y sobre cualquier actividad que los proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos, así como la declaración de sus bienes patrimoniales y de la participación en sociedades de todo tipo, con información de las sociedades por ellas participadas y de las autoliquidaciones de los impuestos sobre la renta, patrimonio y sociedades». También alerta que las situaciones como la del alcalde de Vilobí podría provocar la nulidad de contratos adjudicados.
El informe abre la puerta a una actuación de oficio de la Fiscalía
Así mismo, el informe elaborado por el secretario del Ayuntamiento alerta que, en el caso de los contratos ya celebrados, ejecutados y pagados, «únicamente habría que instar, si procede, un procedimiento de revisión de oficio». Esto implica que la Fiscalía podría intervenir en este caso.
Por parte de Vilobí y República, en todo caso, el jefe de filas, Josep Maria Flores, asegura que no es su intención denunciarlo penalmente. «Simplemente, pedimos que el alcalde y el PSC den explicaciones públicas, pidan disculpas y asuman responsabilidades políticas», dice Flores en declaraciones en El Mundo. De hecho, se refiere al hecho que no repita como alcaldable, puesto que considera que este caso «lo invalida para ser candidato».
Flores matiza que los republicanos no están denunciando que haya una «estafa» o que haya «engañado» el Ayuntamiento, puesto que las facturas son públicas, sino que como cargo electo no puede utilizar una empresa familiar para adjudicaciones públicas. Los republicanos tampoco piden que vuelvan el dinero. «En todo caso, quién lo tiene que decir es la justicia, en caso de que actúe», ha afirmado Flores.
