El Govern trabaja con la previsión de que el expediente de declaración como bien cultural de interés nacional (BCIN) de la casa de Francesc Macià en Vallmanya (Alcarràs, Segrià) se complete, antes de junio, con un acuerdo de Gobierno para ratificar su catalogación. Pero el ejecutivo de Salvador Illa elude responsabilidades respecto al convenio firmado por la Generalitat, la Diputación de Lleida y el Ayuntamiento de Alcarràs la pasada legislatura para adquirir el inmueble. Además, el Ayuntamiento de Alcarràs no toma medidas contra los actuales propietarios, a pesar de que hicieron caso omiso de la solicitud que les envió en diciembre de 2024, en la que daban un plazo de un mes para realizar una serie de actuaciones en la finca donde el Avi pasó largas temporadas gracias a su esposa, Eugènia Lamarca, que lo había heredado de su padre, el arquitecto Agapit Lamarca. Desde la plataforma Salvem Cal Macià, discrepan de la posición de la Generalitat y califican de «vergüenza» la actuación del alcalde, Gerard Companys.
En respuesta a una pregunta parlamentaria escrita para conocer las medidas previstas para garantizar la preservación y restauración de la Casa Vallmanya, la consejera de Cultura, Sònia Hernández, se limita a explicar en qué punto está el proceso para catalogar como BCIN el inmueble y destaca que esta inminente declaración «supone la aplicación de la normativa de protección establecida en la Ley 9/1993, del patrimonio cultural catalán, en todos sus términos». Por otro lado, sobre el acuerdo a tres bandas del 22 de diciembre de 2023 para adquirir Cal Macià, restaurarla y convertirla «en un punto de referencia de la Red de Espacios de Memoria Democrática, para recordar la figura del presidente Macià», Hernández se limita a decir que «las administraciones implicadas tienen la voluntad de impulsarlo, aunque hay que tener en cuenta que la Casa Vallmanya es de propiedad privada y eso dificulta la rapidez en su formalización».
La indignación de la plataforma Salvem Cal Macià
«Está completamente aparcado porque no existe un convenio por escrito», les reprocha Ferran Dalmau, portavoz de la plataforma Salvem Cal Macià. Y explica que, en una reunión hace un mes con el secretario general y el director general de Cultura, les comentaron que no se pueden mover hasta que termine el proceso de incoación del BCIN, que ha contado con una alegación de la entidad para ampliar la zona protegida y que incluya las antiguas escuelas, la casa de los cazadores, la báscula y todo el contorno del camino de acceso a la finca. Una postura que no comparten desde la entidad, que defiende que la Ley de Patrimonio les permite actuar porque «con la incoación del expediente del BCIN ya tiene tratamiento como tal». Dalmau destaca que «el problema ahora mismo es con el Ayuntamiento, porque es el responsable de la casa como BCIL».
Requerimiento del Ayuntamiento a la propiedad de Casa Vallmanya
Además, según la documentación a la que ha tenido acceso El Món, el Ayuntamiento de Alcarràs envió a finales de noviembre un requerimiento a los propietarios de la casa, la empresa Agrovall Giribet SL, con la lista de obras y el plazo para ejecutar diferentes «actuaciones de conservación» del inmueble. «Con carácter inmediato, como máximo en el plazo de una semana», se debía realizar el «cierre y señalización de la zona de peligro según indicaciones de los servicios municipales» y la «reparación de urgencia» de la cubierta del edificio principal. En el plazo «de dos semanas», la propiedad debía apuntalar las vigas de cubierta y del forjado de planta baja, así como retirar los elementos con peligro de derrumbe.
También se debía colocar una cubierta impermeable temporal para impedir la entrada de agua a todo el edificio y el consistorio exigía que fuera «lo suficientemente duradera, para permitir realizar el estudio de las patologías existentes, el proyecto de reconstrucción de la cubierta y la ejecución de esta». Asimismo, se exigía el apuntalamiento de los muros y cubiertas de la escuela/almacén de la entrada de la finca y de las edificaciones anexas para impedir «su derrumbe». Y, finalmente, debía colocar testigos en las grietas de la fachada para comprobar «si las deformaciones aumentan». En total, las intervenciones, según consta en la comunicación a la propiedad, tienen un coste total de 116.000 euros sin IVA.
La plataforma requiere información al alcalde, que admite que la propiedad no ha hecho nada
En una petición de información efectuada por la plataforma para solicitar información sobre el estado de las actuaciones llevadas a cabo, el alcalde del Ayuntamiento de Alcarràs, Gerard Companys, explica que la propiedad accedió el 9 de diciembre a la información y destaca que las medidas interpuestas por el consistorio son de «obligado cumplimiento para el propietario, y el plazo concedido lo es para su cumplimiento voluntario». Sin embargo, añade que el pasado 20 de diciembre, cuando ya había vencido el plazo para cumplir con algunas de las intervenciones requeridas, el guarda rural emitió un informe en el que subrayaba que la propiedad no había llevado a cabo «la primera de las actuaciones impuestas en la orden de ejecución dentro del plazo indicado». Por otro lado, manifiesta que el Ayuntamiento solo hará una actuación subsidiaria «previa liquidación anticipada de los costos presupuestados». Es decir, si quien paga las obras por adelantado es el propietario.
No obstante, desde la plataforma recalcan que la ley también permite la opción de ejecutarlas y pasar la factura después al propietario, que es lo que Salvem Cal Macià ha pedido de forma reiterada, porque la opción que defiende el consistorio «traba el proceso» porque «el propietario no pagará nunca por adelantado» y deja la salvación de Vallmanya «en stand-by para los próximos años». «Evidentemente, cuando se resuelva, la casa habrá caído», lamenta. Finalmente, el alcalde rechaza las peticiones de expropiación forzosa: «Debe estar motivada por una causa de interés social o utilidad pública expresamente declarada (artículo 33.2 de la Constitución), y que en el ámbito del patrimonio histórico y cultural el artículo 67.4 de la Ley 9/1993, de 20 de octubre, del Patrimonio cultural catalán únicamente declara el interés social como causa expresa de expropiación forzosa los incumplimientos de conservación del patrimonio declarado como BCIL, requisito que no concurre en el inmueble de la Casa de Vallmanya».
El ejemplo de Ca l’Ardiaca: una manera diferente de actuar
De hecho, el Ayuntamiento de Alcarràs podría actuar de forma subsidiaria como hizo el Ayuntamiento de Tarragona con Ca l’Ardiaca, que es propiedad de la empresa aragonesa Desarrollos Arbe. El consistorio realizó unas «obras de emergencia» por valor de 600.000 euros para garantizar la estructura del inmueble, que estaba muy deteriorada. Así lo detalló el concejal de Urbanismo, Licencias, Dominio Público y Patrimonio del Ayuntamiento de Tarragona, Nacho García, en conversación con El Món, donde remarcó que no podían esperar a hacer un requerimiento, y decidieron «actuar de forma inmediata y pasar la factura a la propiedad». En la actualidad, la propiedad no ha abonado la deuda, y, en este sentido, García dijo que el conflicto está en «vía ejecutiva». «Si no pagan, se les embargarán los bienes que se consideren o se irá a buscar en algunas de las cuentas corrientes de la propiedad”, subrayó.
Dalmau señala que este es «un símil perfecto de cómo actúa un ayuntamiento cuando quiere hacer algo y cómo actúa un consistorio cuando no lo quiere hacer, y busca excusas para no hacerlo». «Es lo que le pedimos que haga», insiste, pero lamenta que no quieran adelantar el dinero. Además, recuerda que Junts y ERC acordaron repartirse la alcaldía y «tememos que el alcalde de Junts está esperando hacer el cambio y que no lo tenga que solucionar él». El portavoz de la plataforma Salvem Cal Macià carga contra Junts por lo que «le está permitiendo a este alcalde con la memoria de un presidente que es patrimonio de toda Cataluña», y lo ha calificado de «vergüenza». «Le están encubriendo que deje caer una casa que es un símbolo del país, con toda impunidad», ha denunciado.
