El Sindicat de Inquilinos rechaza el plan para ampliar el parque residencial catalán anunciado por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en el marco del debate de política general. El jefe del ejecutivo se ha comprometido a construir más de 210.000 nuevos pisos mediante un «acuerdo de país» para «activar todo el suelo» edificable al que se pueda acceder. Sin embargo, según la agrupación, esta hoja de ruta no sirve para poner fin a la crisis residencial en la que están sumidas muchas zonas del Principado. «Prometer 214.000 pisos no soluciona el problema de la vivienda», responden, acusando al Gobierno de «comprar el mantra de la falta de oferta» con el cual el mundo empresarial y la derecha económica justifican los precios desorbitados del alquiler.

En un comunicado, el Sindicat alerta que el programa residencial del Gobierno «se resume en un verbo: construir, construir, construir». En caso de que logren sacarlo adelante y llenar el mercado de nueva oferta, la agrupación recuerda que, cuando Cataluña ha construido en exceso -a ritmos similares o superiores a los que plantea Illa-, ha habido «ciclos de subidas de precios de la vivienda». En este sentido, sostienen que el problema no es la falta de disponibilidad de pisos para alquilar, sino su concentración en manos de inversores -sean estos grandes fondos o pequeños rentistas-. Encuentran como prueba de este fenómeno el aumento de las compras sin hipoteca.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en el debate de política general / ACN
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en el debate de política general / ACN

La «confusión» del alquiler público

Aparte del fundamento material del proyecto, los sindicalistas también critican el discurso de Illa. Según la asociación, el Gobierno mantiene una «confusión interesada» entre los pisos públicos, los de protección oficial y las viviendas disponibles en el mercado abierto. «La mayoría de pisos prometidos no serán de protección oficial», alertan, recordando la iniciativa de construir 50.000 pisos que llevó al Parlamento en la sesión de investidura. Aquellos, subrayan, «se siguen presentando como vivienda pública, pero la realidad es que se hacen con operadores privados y quedarán en manos de estos».

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