Debían ser las dos grandes comisiones de investigación de la legislatura en el Congreso. Una sobre los atentados del 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils y otra sobre la operación Cataluña y el caso Pegasus. De hecho, fueron condiciones sine qua non para el pacto de investidura, el acuerdo de Bruselas, por el cual Junts per Catalunya mantenía a Pedro Sánchez como inquilino de la Moncloa. Y, de hecho, las comisiones han trabajado mucho hasta ahora. Pero el adelanto electoral, anunciado el pasado cinco de octubre para el 29 de noviembre, ha frustrado las expectativas puestas en los resultados de las tareas de investigación, la fase decisiva.
En resumen, la convocatoria electoral no ha permitido aprobar las conclusiones de la comisión del 17-A que estaban en la fase final del proceso. De hecho, se podrían haber votado y llevado a pleno antes de terminar el período de sesiones por las vacaciones de verano, pero la falta de acuerdo en varios puntos, que señalaban errores, temeridades e imprudencias de la seguridad del Estado y reclamaban reformas sobre la ley de Secretos Oficiales, impidieron terminar el trabajo. De esta manera, la comisión del 17-A, a pesar de haber sido muy útil por la cantidad de información aportada y documentación desclasificada, no tendrá una traducción en sus resultados sobre el Diario Oficial del Congreso. Un problema que, además, ayuda a la destrucción de pruebas solicitadas por los Mossos, porque las conclusiones pedían reabrir partes de la investigación y, ahora, esta petición ha caído en el olvido de la historia.
Y la comisión de la operación Cataluña / Pegasus ha tenido un final aún más prematuro. De hecho, los trabajos quedaron parados en septiembre de 2025, justo cuando los diputados entraban a estudiar el uso de software espía como Pegasus y Candiru por parte de los aparatos de inteligencia del Estado contra el independentismo, el caso Catalangate. El PSOE demoró la continuidad de la comisión cuando se entraba en la etapa que afectaba al gobierno de Pedro Sánchez. Solo Junts y Bildu intentaban ahora reactivarla, pero el adelanto electoral ha guillotinado incluso la posibilidad de que los grupos registraran las conclusiones. Las comparecencias y las pruebas documentales aportadas fueron una verdadera mina de contenidos para esclarecer el enorme alcance de la operación de Estado para torpedear el proceso independentista. Pero todo este trabajo ahora se ha evaporado.
Dos suspensiones
El caso de las conclusiones de la comisión del 17-A es clamoroso. Antes de terminar el período de sesiones, el pasado julio los grupos pospusieron para el inicio de septiembre la aprobación de las conclusiones. El 25 de julio ya se había suspendido dos veces la votación del dictamen de las conclusiones de la comisión de investigación y se dejaba margen para una tercera votación después de las vacaciones de verano, que nunca llegó. Un dictamen que debía pasar por el plenario del Congreso. Una falta de definición final a pesar de que en 2023 la comisión inició sus trabajos.
Hay que decir que, a finales de julio, los socialistas y Sumar tenían ganas de terminar el trabajo, y partían de una situación bastante ventajosa para aplicar su criterio. En concreto, las mayorías que se podían configurar en la comisión. Si las conclusiones no se acordaban entre el PSOE, Sumar, Junts y ERC, la mayoría alternativa era la de PP y Vox. Los socialistas, conscientes de la situación, querían hacer pasar el clavo por la cabeza y reducir el contenido y el tono de las conclusiones de los juntaires y los republicanos, que pedían cambios legales, constataban irregularidades y errores y pedían más protección a las víctimas.
Los diputados del PSOE, a priori, querían pactar unos mínimos con ERC, Junts, Bildu, PNB y Comuns. Ahora bien, no se podían permitir pisar muchos callos a los servicios de seguridad del Estado y les daba pereza iniciar reformas legales en un ambiente políticamente sobreexcitado. Los portavoces del PSOE sabían que PP y Vox, con unas conclusiones diametralmente opuestas a las de los juntaires y los republicanos, podían forzar una negociación a la baja de las peticiones de Carles Puigdemont y de Oriol Junqueras. Pero ni Pilar Calvo, de Junts, ni Francesc-Marc Àlvaro, por parte de los republicanos, quisieron ceder a pesar de la amenaza de que la derecha extrema y extrema derecha impusieran su criterio que implicaba cargar contra los independentistas por conspiranoicos y contrarios al Estado.
Fricción por las conclusiones
Las conclusiones de las formaciones independentistas resaltaban la mala praxis del Estado, la información reunida sobre el imán de Ripoll, Abdelbaki es-Satty, y su relación con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), así como la cantidad ingente de documentación y testimonios que evidencian la falta de colaboración entre cuerpos y fuerzas de seguridad y la autoprotección que practican. Para los juntaires quedaba «acreditada la existencia de una relación entre Abdelbaki es-Satty y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI)».
Según las conclusiones presentadas, “Es-Satty habría sido captado como colaborador mientras cumplía condena en la prisión de Castellón, en el marco de un acuerdo que habría facilitado su permanencia en el estado español a pesar de la existencia de una orden de expulsión”. Incluso, apuntaban que la muerte de Es-Satty, “no ha sido acreditada de manera indudable» y defendían «la necesidad de continuar investigando esta cuestión hasta disponer de una certeza biológica definitiva”. Por eso proponían la capacidad para la Fiscalía de impulsar nuevas diligencias judiciales para aclarar los puntos más oscuros.
Por su parte, ERC concluía que no se había garantizado plenamente el derecho a la verdad de las víctimas y de la ciudadanía, que la coordinación entre los organismos responsables de la seguridad fue insuficiente y que existen indicios de una “actuación negligente” en la gestión de la información disponible sobre Abdelbaki es-Satty antes de los atentados. De hecho, calificaba los atentados de ser un «fallo institucional relevante». También se sumaban a pedir más protección a las víctimas, regular de nuevo la ley de secretos oficiales y señalar las responsabilidades políticas de los cargos de la alta seguridad del Estado, tanto del PP como del PSOE. Todo esto ya ha pasado a mejor vida.
Operación Cataluña
En cuanto a la operación Cataluña, no se han llegado ni a presentar las conclusiones. De hecho, se había hecho gran parte del trabajo con aportaciones de documentación y testimonios y comparecientes que han nutrido buena parte de las zonas oscuras de la operación del Estado, a través de las cloacas, contra el Proceso Soberanista. Pero, la comisión quedó interrumpida cuando se debía entrar en la segunda parte de la investigación, el Catalangate.
De hecho, uno de los diputados más activos de la comisión, el juntaire Josep Pagès, reclamaba constantemente continuar el trabajo, pero se encontraba con el bloqueo del PSOE que se unía al boicot constante de PP y Vox a la comisión. Por eso, no se había celebrado ninguna sesión más desde hace un año, a pesar de la cantidad ingente de información que se había acumulado y que, ahora, aparece por ejemplo, en el caso Leire en la Audiencia Nacional o bien en el juicio del caso Pujol, o bien en la investigación judicial de la trama andorrana de la operación Cataluña que se lleva a cabo en el Principado de Andorra.
