Reacción inmediata de los diputados de ERC en el Congreso de los Diputados por la intención de la Abogacía del Estado de pasar factura a las víctimas, a agentes de los Mossos d’Esquadra implicados y a los procesados, por los costos de los recursos de casación y los incidentes de nulidad presentados ante el Tribunal Supremo. Según ha podido saber El Món, los diputados republicanos Francesc-Marc Álvaro y Pilar Vallugera han presentado una batería de preguntas dirigidas a evidenciar la responsabilidad de Moncloa en esta maniobra y, de rebote, hacer que los letrados del Estado, que dependen del Ministerio de Justicia, en manos de Félix Bolaños, desistan de la reclamación.
Las preguntas, a las que ha tenido acceso El Món, se refieren a la noticia adelantada ayer por este diario, que detalla cómo la Abogacía del Estado ha presentado un escrito al Tribunal Supremo con una minuta de servicios por importe de 3.609 euros. Todo ello en relación con unos recursos que tenían por objetivo agotar la vía jurisdiccional, algo que es obligatorio para poder acudir posteriormente al Tribunal Constitucional y, seguidamente, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entre las personas afectadas se encuentran los padres de Xavier Martínez, el niño de tres años asesinado en la Rambla de Barcelona.
Los diputados razonan que la petición de los letrados de Moncloa «resulta especialmente grave en un contexto en el que las víctimas y sus familiares han reclamado reiteradamente el derecho a saber la verdad sobre los atentados de Barcelona y Cambrils, más allá de la verdad estrictamente judicial», que era el objetivo de acudir a Estrasburgo. Además, recuerdan que los trabajos de investigación de la comisión del Congreso sobre los atentados indican que el Estado no fue lo suficientemente «diligente» respecto al riesgo que suponía Abdelbaki es-Satty, el cerebro de los atentados, a pesar de tenerlo detectado y estar en contacto con él.
Cuatro preguntas que disparan con bala
Los republicanos no se andan con rodeos y formulan cuatro preguntas cortas y al grano, con una clara intencionalidad política. En primer lugar, preguntan si «el gobierno español considera adecuado que la Abogacía del Estado reclame los costos procesales a víctimas de los atentados del 17-A y a agentes de los Mossos d’Esquadra que recurrieron ante el Tribunal Supremo para ejercer su derecho a la verdad y a la tutela judicial efectiva». En segundo lugar, si el ejecutivo de Pedro Sánchez tiene «previsto dar instrucciones a la Abogacía del Estado» para que desista de la reclamación de costos contra las víctimas de los atentados del 17-A y los agentes de los Mossos d’Esquadra afectados.
En tercer lugar, preguntan si esta reclamación de costos es «compatible» con el deber institucional de reparación, acompañamiento y no re-victimización en casos de terrorismo. Y por último, sobre «qué medidas piensa adoptar el gobierno español para garantizar que las víctimas del 17-A puedan ejercer su derecho a saber la verdad sin tener que asumir nuevas cargas económicas derivadas de su acción judicial». Unas preguntas con las que ERC presiona a Moncloa y al PSOE para que el cuerpo jurídico del Estado dé marcha atrás.
