El Congreso, con los votos de PP, Vox y UPN y la abstención del PSOE, ha rechazado este lunes instar al gobierno español a que investigue «exhaustivamente y de manera independiente» a escala nacional «vejaciones y malos tratos» supuestamente sufridos por jóvenes en las décadas de 1980 y 1990, durante el servicio militar obligatorio. La proposición no de ley, impulsada por Sumar, Bildu, PNV, ERC, Junts, Podemos y BNG, citaba «numerosos testimonios» que en los últimos meses han relatado «situaciones sistemáticas de vejaciones, malos tratos, acosos y agresiones físicas y psicológicas» sufridas por los reclutas en los cuarteles.

También hablaban de «numerosas muertes» producidas en «circunstancias no suficientemente aclaradas» y mencionaban más de 300 suicidios documentados en las Fuerzas Armadas entre 1983 y 2001, el último año de la mili, según datos oficiales del Ministerio de Defensa. Las formaciones señalaban que estos hechos «no responden a episodios aislados, sino a una dinámica estructural de impunidad y de negligencia institucional con consecuencias devastadoras para las víctimas y sus entornos». Unos hechos que, según los impulsores de la iniciativa, «apuntan a una posible dinámica de impunidad y negligencia institucional» que nunca se ha investigado.

Por todo ello, amparándose en la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, solicitan que esta institución inicie actuaciones de oficio para aclarar lo que ha sucedido en el servicio militar obligatorio durante las décadas de 1980 y 1990. Creen «necesario» activar formalmente este mecanismo para contribuir al esclarecimiento de los hechos, al reconocimiento de las víctimas y al impulso de medidas de reparación, promoviendo que el alcance estatal de la cuestión sea asumido por los órganos competentes. Durante el debate, el portavoz de ERC en la Comisión de Defensa, Francesc Marc Álvaro, ha explicado la historia del jefe de teletipos de la Armada Juan Múrcia Soriano, que se suicidó en 1987 mientras hacía el servicio militar obligatorio, y ha afirmado que su caso no es único.

Además, el diputado de ERC ha negado que a los firmantes de esta iniciativa les mueva un intento por «desprestigiar» al Ejército y ha defendido que buscan «el derecho a la verdad, el derecho a la justicia, la necesidad de saber qué ha pasado y conocer por qué determinados hechos se produjeron dentro de una institución del Estado con total impunidad». En la misma línea se ha expresado el portavoz del PNV en la Comisión de Defensa, Mikel Legarda, que ha afirmado que «todos conocen casos como el relatado» por el diputado republicano y ha apuntado a la falta de investigaciones exhaustivas sobre esta «problemática». Por ello, ha defendido como «prudente y oportuno» que el Defensor del Pueblo intervenga.

Josep Pagès, exdiputado de Junts, cuando defendió la enmienda de derogación del 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal/Congreso
Josep Pagès, exdiputado de Junts, cuando defendió la enmienda de derogación del 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal/Congreso

Junts carga contra el PSOE: «Colaborador del franquismo»

El diputado de Junts Josep Pagès ha aprovechado su intervención para cargar contra el PSOE, «habitual colaborador, en algunos casos con entusiasmo, en el encubrimiento del franquismo» y ha reprochado a los de Pedro Sánchez que votaran en contra de crear en el Congreso una comisión de investigación para aclarar los abusos en la mili. «Se aliaron ni más ni menos» que «con el PP y Vox», ha recriminado. Por su parte, el vicepresidente segundo de la Comisión de Defensa, el miembro de Sumar Félix Alonso Cantorné, ha citado datos que cifran en 1.900 las víctimas mortales durante la mili, pero ha puesto el acento sobre suicidios que se habrían producido una vez los reclutas terminaron el servicio militar y ha cargado contra el Ministerio de Defensa por, según él, «mirar hacia otro lado».

La portavoz adjunta del PSOE en la Comisión de Defensa, Caridad Rives, ha trasladado el apoyo socialista a la iniciativa, pero ha pedido delegar la investigación únicamente al Defensor del Pueblo, alegando que reforzaría la «imparcialidad» del trabajo, como ha ocurrido con las víctimas de abusos en el seno de la Iglesia. Los socialistas han presentado una enmienda en este sentido, que proponía suprimir el resto de puntos de la iniciativa, y al no ser aceptada por los grupos que han presentado la propuesta, se han inclinado por la abstención y han decantado la votación a favor de la mayoría del PP y de Vox.

Comparte

Icona de pantalla completa