Tras casi dos años de trabajos, la comisión de investigación de los atentados en Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2017 llega a la fase final con la presentación de las propuestas de conclusiones del 17-A. El grupo parlamentario de ERC en el Congreso ha registrado las conclusiones sobre las tareas realizadas y concluye que el Estado falló en la prevención de los atentados del 17-A y reclama la desclasificación del caso.
De hecho, el grupo republicano, que en la comisión tenía a Francesc-Marc Àlvaro como portavoz, razona que el Estado no ha garantizado plenamente el derecho a la verdad de las víctimas y de la ciudadanía, la coordinación entre los organismos responsables de la seguridad fue insuficiente y existen indicios de una «actuación negligente» en la gestión de la información disponible sobre Abdelbaki Es Satty antes de los atentados. En este sentido, critican que no se dio información sobre el pasado del imán a los Mossos d’Esquadra. «Esta omisión constituye un fallo institucional relevante, aunque no permite afirmar automáticamente que los atentados se podrían haber evitado», indican. También reclaman una regularización de la figura de los «confidentes».
Aun así, ERC procura diferenciar la negligencia de un posible conocimiento de la preparación de los atentados. «Sin afirmar que los servicios del Estado conocieran previamente la preparación concreta de los atentados, la Comisión considera que existen indicios para apreciar una actuación presuntamente negligente. Esta negligencia se proyecta, por un lado, en la falta de una monitorización completa, rigurosa y sostenida de una persona con antecedentes relevantes y con elementos que podían generar un riesgo para la seguridad pública; y, por otro lado, en la falta de comunicación efectiva de esta información al cuerpo policial competente sobre el territorio, el Cuerpo de Mossos d’Esquadra, que tenía atribuidas las funciones ordinarias de seguridad ciudadana y prevención operativa en Cataluña».
Un derecho que no se ha satisfecho
Siguiendo este hilo, los republicanos consideran que el «derecho a saber la verdad no ha sido plenamente satisfecho. Las comparecencias han permitido avanzar, pero continúan existiendo zonas de sombra sobre la relación entre Es Satty y el CNI, la naturaleza exacta de los contactos, su duración, los responsables, los eventuales pagos y los motivos por los cuales esta información no se compartió con los Mossos d’Esquadra». De ahí que pidan la «desclasificación total» de los documentos de la relación entre los servicios de inteligencia y el imán.
En cuanto a las víctimas, ERC opina que «han recibido siempre una respuesta institucional insuficiente y nada transparente». «El trato hacia los afectados, ya sean directos o indirectos, ha sido deficitario desde casi todos los puntos de vista: recepción de información, el trato asistencial durante y posterior, facilidades en la tramitación de expedientes, la percepción de ayudas, etc.», resaltan. «Cabe destacar que, para lograr una auténtica reparación, los poderes públicos deben actuar con un total cuidado y tener en cuenta que el trato hacia las víctimas debe ser visto como un todo integral que debe incluir el acceso total a la información, reconocimiento, apoyo sostenido desde una perspectiva humana y cercana y garantías de no repetición», sentencian.
