La trama andorrana de la operación Catalunya puede generar otro conflicto diplomático. Ahora en el marco de la operación Anaclet, una investigación judicial de Andorra contra los propietarios de la Banca Privada d’Andorra (BPA), el comisario de inteligencia español ahora jubilado José Manuel Villarejo y el empresario Alberto Pedraza. Una instrucción orquestada desde la fiscalía para contrarrestar la investigación judicial de la operación Catalunya impulsada por el Instituto de Derechos Humanos de Andorra, que ha imputado a Mariano Rajoy y sus ministros Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz y que salpica a autoridades políticas andorranas.
Según, unos documentos a los que ha podido tener acceso El Món, la jueza andorrana que instruye la operación Anaclet, Azhara Cascales, ha solicitado personarse «in situ» en las instalaciones de la Audiencia Nacional para encontrar la información clasificada como «secreta» que afecta a la policía patriótica y a la operación Catalunya con un «cribado presencial y garantía del secreto de Estado» con «compromiso de reserva». Esta petición es el tercer intento de hacerse con parte de la documentación que la justicia española ha negado hasta en dos ocasiones. Cascales, sin embargo, quiere intentar continuar con la causa para frenar la evolución de la querella andorrana contra políticos españoles por la trama en el Principado para detener el Proceso soberanista de Cataluña.
Pero fuentes jurídicas destacan a El Món que la jueza lo tiene bastante difícil porque los delitos que investiga la operación Anaclet -contra las instituciones- no están previstos ni por penalidad ni por legalidad en la lista que regula las comisiones rogatorias internacionales entre Andorra y España. Cabe añadir que la jueza Cascales ya fue apartada por recusación, de una investigación sobre la BPA, la trama Landstreet, porque había sido asesora de Xavier Espot, ministro de Justicia e Interior en el Principado durante los años de plomo de la operación Catalunya.
¿A la tercera va la vencida?
La tesis que investiga la operación Anaclet se basa en un informe de la policía andorrana de julio de 2019 que apunta a una «posible organización orquestada para recoger y fabricar información a la carta» con el fin de «arremeter contra las instituciones andorranas» con un «presunto objetivo económico». Incluso, la jueza añade que utilizaban esta información recogida para «extorsionar el poder legislativo y judicial del Principado de Andorra». La jueza asegura que «mucha de esta documentación se encuentra dentro de los archivos de la operación Tándem», es decir, la macrocausa que investiga el Tribunal Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, y que llevaba la firma del magistrado ya jubilado Manuel García-Castellón.
El 7 de junio de 2022 y el 21 de octubre de 2022 se enviaron solicitudes a España de asistencia judicial e internacional. Las peticiones fueron devueltas. El juez García Castellón denegó enviar los documentos alegando que eran “secretos de estado” y que provenían de la actuación de Villarejo como policía adscrito a la Dirección Adjunta Operativa del Cuerpo Nacional de Policía (CNP). Así argumentaba motivos de «Seguridad Nacional y Orden Público», además de la imposibilidad de destinar recursos humanos a la búsqueda solicitada por la complejidad y extensión de la macrocausa. Una opinión, recogida en una rotunda resolución del 8 de febrero de 2023, que compartía con el ministerio fiscal, y que no permitía a la justicia andorrana meter las narices en la investigación de la cloaca policial. La respuesta de la Audiencia Nacional descafeinó la contrainvestigación andorrana que pretendía debilitar la causa contra Rajoy y que, de rebote, afectaría a otras autoridades andorranas.
Andorra propone condiciones
En la nueva Comisión Rogatoria, de siete páginas y a la que ha tenido acceso El Món, la jueza propone condiciones para poder tener la documentación que considera que tiene una «relevancia absoluta e imprescindible para el esclarecimiento de los hechos». Así, plantea el «desplazamiento y consulta in situ de la jueza Andorrana» a la Audiencia Nacional, acompañada de policías andorranos, para «obtener directamente las copias solicitadas».
Una petición que fundamenta en «el objetivo de no interferir en el funcionamiento ordinario del tribunal español ni generar un desgaste de recursos públicos ajenos». De esta manera, asegura que «será la autoridad andorrana quien asuma íntegramente la tarea de lectura, búsqueda y selección de los datos de interés penal, liberando a los funcionarios españoles de cualquier esfuerzo de búsqueda». No es un detalle menor la fecha de la comisión rogatoria, el 16 de julio pasado, es decir, 4 días después de que la instrucción de la querella que tiene imputado a Rajoy acreditó la relación del CNI con una serie de correos electrónicos que son indicios principales en la investigación.
También propone la acotación de la búsqueda a los documentos que hacen referencia a Villarejo, los hermanos Cierco, Pedraza, Adrián de la Joya, Joan Pau Miquel -ex CEO de la BPA-, Maribel Lafoz o un tal Tony de Andorra. Además, ofrece un «cribado presencial y garantía del Secreto de Estado». Es decir, que la consulta «se realice bajo la directa supervisión y condiciones que la Audiencia Nacional determine». A todo esto, añade el compromiso de «no realizar copias, fotografías ni exportación física de aquellos documentos o pasajes que la autoridad española considere que afectan de forma directa e indisociable a la seguridad del Estado».
Dudas sobre la legalidad de la petición
Pero, la Audiencia Nacional no está ahora para estas peticiones y más cuando el trasfondo legal y de hechos con el que se ampara la comisión rogatoria es bastante dudoso. En primer término, porque el delito central de la operación Anaclet es un delito contra el prestigio de las instituciones del Código Penal Andorrano que prevé una multa de hasta 30.000 euros y no pena de prisión. De ahí que la jueza en su nueva comisión rogatoria aduzca que para llevar a cabo este delito ha sido necesaria una asociación ilícita y blanqueo de capitales, para dar más patina de gravedad al asunto investigado y justificar una petición de este tipo a un alto tribunal especializado como es la Audiencia Nacional.
Ahora bien, el delito contra el prestigio de las instituciones -que afectaría a andorranos, y especialmente a funcionarios, no está en la lista del artículo 409 del mismo Código Penal andorrano que recoge los delitos que pueden dar lugar al delito de blanqueo de capital, como lo son la prostitución, el tráfico de órganos o de personas, de drogas, de la corrupción, de armas o contrabando. Por tanto, este delito de blanqueo no se habría cometido y caería el de asociación ilícita -organización criminal, en el Código Penal español- porque para un solo delito, el pretendido de ataque al prestigio de las instituciones, no hace falta ninguna organización criminal. Además, hay que añadir que la operación Tándem se inicia el 3 de noviembre del 2017, por lo tanto, las grabaciones que busca la jueza deben ser anteriores a esa fecha y curiosamente desde el 2016, los Cierco tenían bloqueadas las cuentas y los fondos por el estallido del caso BPA. Por lo tanto, aún más rebuscado sería buscar un supuesto delito de blanqueo de capitales.
En principio, ni por penalidad -el delito contra el prestigio de las instituciones andorranas- no tiene pena mínima de seis meses, ni por principio de legalidad, no está en la lista de delitos que ha establecido el legislador andorrano, es muy difícil que el ministerio fiscal y el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, otorguen la petición. Todo ello, teniendo presente que el «secreto de estado» que ampara la documentación nunca se ha entregado ni a las autoridades judiciales españolas y las tiene bajo custodia el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), absolutamente refractario a entregar ni un solo papel. La trama andorrana de la operación Catalunya empieza a ofrecer problemas y más después de las declaraciones de los policías destinados en el Principado en el juicio del caso Pujol, que admitían las presiones a los directivos de la entidad bancaria a cambio de información. Todo apunta, pues, que una posible demostración de la connivencia del Estado andorrano en la trama es lo que la operación Anaclet quiere torpedear.
