Golpe de efecto político del gobierno español en funciones de Pedro Sánchez. Después de que el adelanto electoral haya frustrado las conclusiones de la comisión de investigación de los atentados de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2017, el ejecutivo ha maniobrado para poder salvar uno de los puntos clave de los acuerdos de la mayoría de los grupos parlamentarios, incrementar las ayudas y la empatía de la administración hacia las víctimas.
De esta manera, el Real Decreto-Ley 31/2026, sobre la mejora de la acción protectora de la Seguridad Social y otras normas sociales, que sustituye el decreto de vivienda que rechazó el Congreso y que fue la razón esgrimida para convocar las elecciones, incluye reformas de la ley de víctimas. El Decreto, pendiente ahora de convalidación por parte de la Diputación Permanente del Congreso, incluye una importante reforma de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo.
Una reforma que prevé unas ayudas económicas complementarias para quienes no hayan sido indemnizados en concepto de responsabilidad civil en las sentencias firmes ya dictadas a fecha de la publicación del Real Decreto. Incluso, estableciendo que los pagos puedan llegar hasta los 500.000 euros y que la Administración lo pueda pagar en un plazo de tres años. Una reforma que acoge una de las peticiones más sociales que habían recogido formaciones como Junts, los socialistas o los Comunes.
Una exposición de motivos y un artículo
En concreto, la reforma se explica en la Exposición de Motivos, que justifica para «garantizar que las víctimas del terrorismo que no hayan sido indemnizadas en concepto de responsabilidad civil por los delitos de terrorismo que han sufrido, ya sea porque este delito no haya sido objeto de una sentencia penal firme o porque en esta sentencia no se haya fijado ninguna indemnización por este concepto, sean indemnizadas». El objetivo de incrementar los importes es equiparar las indemnizaciones percibidas por las víctimas del terrorismo que disponen de una sentencia penal con las de aquellas que no la tienen.
De esta manera, y si el Decreto se aprueba, una vez transcurridos cinco años desde la comisión del delito sin que se haya dictado una sentencia firme, o bien cuando haya una pero no se haya fijado ninguna indemnización en concepto de responsabilidad civil, las víctimas podrán solicitar que se les abonen las indemnizaciones. El artículo que determina los importes, el número nueve, incluye una disposición transitoria para garantizar que cobren las personas beneficiarias de indemnizaciones por defunción o lesiones incapacitantes reconocidas antes de la entrada en vigor de la reforma legal. Las diferencias entre los importes recibidos y las que ahora reconoce el Decreto se podrán solicitar en el plazo de cuatro años, una vez se apruebe la norma, y se abonarán en tres pagos del mismo importe, distribuidos en tres anualidades a partir de la fecha del reconocimiento, de manera que el gasto se repartirá entre varios ejercicios presupuestarios.
