La Semana Santa puede celebrarse de varias maneras, incluso, con rituales que pueden ser de alto riesgo para la salud de las personas. Este sería el caso de Sant Pol de Mar (Maresme) que miembros del Cuerpo Nacional de Policía y de la Agencia Tributaria han podido evitar. Fuerzas de intervención policial irrumpieron en una vivienda de la población y pudieron abortar una «ceremonia neochamànica» con 23 personas que estaban a punto de compartir diferentes peligrosos psicoactivos, así como cantos y bailes rituales acompañados de guitarras y otros instrumentos como bongos.
El operativo ha acabado con dos detenidos por varios cargos y con una nutrida intervención de varias drogas como
Vulnerabilidad de las víctimas
La investigación fue a cargo de la Comisaría General de Información del CNP que hacía días que le rondaban las sospechas. El objeto de la investigación se centraba en desarticular un grupo dedicado, presuntamente, al contrabando de sustancias psicotrópicas peligrosas en encuentros organizados previo pago. Las unidades de intervención policial, pudieron intervenir justo cuando empezaría una celebración en que se pretendían suministrar estos psicoactivos. «Los participantes, bajo los efectos de estas sustancias, acontecen más vulnerables y manipulables, cosa que facilita la captación y la vinculación al grupo», remarca Ana Ramón, portavoz del CNP.
En el momento de la entrada y cacheo, la policía encontró en el interior de la vivienda 23 personas que participarían de la ceremonia que se consiguió interrumpir. Pero, la sospecha de la policía es que esperaban más participantes porque había unas cincuenta camas preparadas para la ceremonia y material por actividades de grupo. De hecho, los organizadores promocionaban los rituales a través de redes sociales y sitios web, y ofrecían en puridad el suministro de las sustancias psicoactivas.
También inspección de trabajo
La investigación está dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e instrucción Número uno de Arenys de Mar. Una instrucción que también cuenta con la colaboración del Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social junto con la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Barcelona, por haber detectado la presencia de ciudadanos extranjeros en situación irregular que hacían diferentes tareas logísticas para los encuentros, como por ejemplo cocina, mantenimiento, administración o publicidad, sin un contrato legal, ni alta en materia de Seguridad Social. Las acusaciones son por delitos de pertenencia a grupo criminal, contrabando, tráfico de drogas e intrusismo profesional, así como para infringir la Ley de Extranjería.
