El caos que vive el servicio de Rodalies de Cataluña ha reabierto una rendija entre el Gobierno y el Estado. El secretario de Movilidad e infraestructuras del Departamento de Territorio, Marc Sanglas, ha cargado contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, después de reunión del comité de crisis de este lunes. Ante las declaraciones de Puente en que ha dejado entrever que se ha podido producir un sabotaje en Rodalies y ha asegurado que lo denunciará ante la justicia para intentar esclarecer «quién hay detrás», desde la consejería de Territorio han negado categóricamente que la grave incidencia sea un sabotaje coordinado. Desde el departamento consideran que la falta de mantenimiento de la infraestructura «es la que está provocando estos problemas»: «La única teoría de la conspiración es que hay carencia de inversión del Estado. Y esta es la tristísima realidad», remacha Sanglas.

Según la Generalitat, «es evidente» que «hubo continuidad» entre el robo de cobre en Moncada y los incendios a los túneles de Barcelona, y por eso han reclamado «inversión para proteger las instalaciones» para que un incidente «no repercuta en el conjunto de la línea»: «No hay sabotaje y lo ha dicho el ministro, que ha acabado confesando que la instalación de Moncada, donde hubo el primer incendio, fue la que encadena el resto», ha destacado el responsable de Movilidad ante la prensa. También ha cargado contra Puente por haber atribuido el incidente a un «acto vandálico», puesto que asegura que los hechos no se han producido por este desencadenante porque un tercio de las incidencias son debidas a problemas con los trenes y otro 33% son por problemas en la red.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, interviene en el Congreso / Europa Press

El papel de los Mossos en los incidentes

El intercambio de reproches entre Gobierno y Estado español también ha girado en torno al cuerpo de Mossos d’Esquadra. Mientras que la policía catalana defiende su papel y atribuye la responsabilidad del incidente a la operadora, Puente se ha apresurado a defender Renfe y liberarlos de la responsabilidad. Desde la consejería, pero, también han cerrado filas con los Mossos: «Estamos cansados de pedir que se protejan más las instalaciones, que haya más cierres, que los animales no puedan saltar a las vías… Es una mala fórmula por parte de un ministro acusar un sistema de orden público. El que tendrían que hacer es colaborar. Y el que pedimos es una inversión en las instalaciones para evitar que sean objeto de robos», ha aseverado.

En este sentido, el secretario de Movilidad e infraestructuras ha afirmado que los Mossos no han recibido ninguna denuncia todavía por parte de Adif para investigar los hechos y se ha mostrado extrañado por el hecho que el ministerio haya decidido acudir antes a los juzgados que «a la policía competente». Paralelamente, Sanglas también ha anunciado que, como en otros casos, pedirán una auditoría externa para esclarecer el qué ha pasado. «En otras ocasiones han aparecido rayos fantasmas», ha recordado el responsable de Movilidad, refiriéndose al primer motivo que argumentó Adif para explicar la grave avería del verano pasado en la R2, que después se desmintió.

Usuarios de Cercanías se dirigen hacia la línea L2 del metro en Badalona este lunes / Albert Hernàndez
Usuarios de Cercanías se dirigen hacia la línea L2 del metro en Badalona este lunes / Albert Hernàndez

Los quince millones del coste de la reparación

Otro de los puntos que ha criticado el responsable de Movilidad de la consejería de Territorio ha sido los quince millones que costará paliar las graves incidencias. En este sentido, Sanglas ha recordado que los 15 millones que costará reparar la avería por el robo de cobre en Rodalies «también los pagan los catalanes». «Con la carencia de infraestructuras que tenemos estamos pagando estos costes. No es un tema que paga Renfe, sino un gasto más que tienen que asumir los catalanes», ha remarcado. La Generalitat, pues, ha anunciado que entregará Renfe la factura de los costes añadidos de incrementar el servicio de Ferrocarriles a «máxima capacidad» y también de los buses alternativos, cifrados con más de 50.000 euros diarios.

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