La estación de Sant Vicenç de Calders, en el Baix Penedès, se ha convertido este último tramo del año en el epicentro de las críticas de los usuarios con el servicio de Rodalies. El corte por obras en el túnel de Roda de Berà que se inició el primero de octubre, enmarcado dentro de las actuaciones para el corredor mediterráneo, ha supuesto un gran corte generalizado del servicio ferroviario que afecta a más de quince mil personas, especialmente los vecinos de las Tierras del Ebro y el Campo de Tarragona. El caos ocasionado por las obras, que se alargarán hasta principios del mes de marzo de 2025 -según las previsiones actuales-, ha evidenciado, una vez más, las carencias de un servicio obsoleto, castigado por unas vías antiguas y una infrafinanciación endémica.

La clave para poner al nivel que corresponde el servicio de Rodalies, según la administración catalana ahora en manos de Salvador Illa, es desplegar y culminar el traspaso de competencias del operador ferroviario para controlar el funcionamiento de los trenes y las vías desde Cataluña, no desde Madrid. Un traspaso, sin embargo, que será lento y dará frutos a largo plazo. Este cambio de gobernanza de Rodalies es uno de los acuerdos estrella del expresidente saliente Pere Aragonès con el jefe del ejecutivo español, Pedro Sánchez -el cual permitió, entre otros, revalidar el liderazgo socialista en la Moncloa. «Nuestro compromiso es comenzar esta nueva etapa en Rodalies mejorando la comunicación con un mejor trato al usuario al mismo tiempo que trabajamos con urgencia para garantizar la fiabilidad«, defendió el ejecutivo catalán durante la firma simbólica del traspaso. Ahora, la consejería de Territorio, Vivienda, y Transición Ecológica en manos de la portavoz y consejera Sílvia Paneque, se enfrenta al reto de desplegar el traspaso acordado por el anterior equipo de Gobierno.

Este mes de enero, según el calendario pactado entre gobiernos, se pondrán en marcha los primeros pasos del cambio de gobernanza del servicio con la cesión de la línea R1. Concretamente, tal como anunció el ejecutivo catalán el pasado mes de julio -aún en manos de los republicanos-, la línea del Maresme estará bajo gestión catalana durante las primeras semanas del próximo curso. Una vez comenzado el traspaso, le seguirán la R2-Sur, que une Sant Vicenç de Calders y Barcelona; y la R3, que conecta El Papiol con Vic y Puigcerdà.

Un informador de Renfe dando indicaciones a usuarios en la estación de Sant Vicenç de Calders en el primer día del corte de Rodalies / Joan Mateu Parra (ACN)

Unos primeros pasos atascados

Antes de poner en marcha la cesión de las primeras líneas a la administración catalana, sin embargo, el equipo designado para liderar el traspaso de Rodalies, encabezado por el exdiputado y actual coordinador del plan de Rodalies, Pere Macias, debía conseguir poner en marcha una nueva operadora compartida entre Estado y Generalitat -ambas controladas por la formación socialista. La convocatoria de elecciones anticipadas por parte del expresidente Pere Aragonès, y el posterior cambio de manos de la gobernanza de la plaza de Sant Jaume, sin embargo, paralizó las negociaciones durante meses, lo que ha dilatado aún más el calendario.

Ahora bien, la llegada a la presidencia de Salvador Illa ha modificado la percepción de algunos aspectos del traspaso acordado, especialmente con la creación de la nueva operadora mixta -la cual debía oficializarse antes del inicio del año nuevo, pero aún no ha llegado-, ya que ahora los socialistas gobiernan a ambos lados. De hecho, el pasado mes de noviembre el Parlamento aprobó una moción que instaba al Gobierno a desplegar el traspaso acordado. Ese mismo día, sin embargo, Junts también presentó una moción en la que reclamaba un cambio de gobernanza en el que la propiedad y la gestión sean 100% catalanas, sin una empresa compartida. Esta moción impulsada por la formación juntaire, no prosperó, ya que solo contó con sus votos, los de la CUP y ERC -el mismo partido que pactó con el PSOE crear una operadora compartida con el gobierno español. Es decir, los mismos republicanos intentaron modificar su propio acuerdo. Los Comunes, que hasta ahora se han mantenido en la línea del independentismo a la hora de reclamar mejoras para el servicio de Rodalies, optaron por abstenerse, ya que consideraban que la moción juntaire era «hacer trampas al solitario».

La exconsejera de Territorio, Ester Capella, recibe al ministro de Transportes y Movilidad, Óscar Puente, en la sede del Departamento antes de comenzar la reunión de la constitución de la comisión política para el traspaso de Rodalies | Lluís Sibils (ACN)

Presión política y social para dignificar el servicio

Paralelamente al inicio del traspaso de Rodalies, que agravará el funcionamiento del servicio de entrada debido a las obras para mejorar la infraestructura -tal como ya ha sucedido en algunos puntos de la R3 y, ahora, con el túnel de Roda de Berà-, la titular de la cartera de Territorio también enfrenta la presión social y política para «dignificar» el servicio ferroviario. De hecho, la moción impulsada por los republicanos y aprobada por la cámara catalana, instaba al Gobierno a crear antes de que terminara este año un «plan de choque» para unas Rodalies «dignas», con ejemplos como, alargar la R1 desde el Baix Llobregat hasta la Universidad Autónoma de Barcelona; alargar la RT2 hasta Vilafranca del Penedès; duplicar la frecuencia en la R8 que une Martorell y Granollers o crear una red de trenes en la demarcación de Lleida, otro de los puntos más olvidados del territorio.

Este plan de choque aprobado por el hemiciclo, sin embargo, tampoco ha llegado antes del plazo acordado. Otra de las carpetas abiertas a las cuales deberá enfrentar la consejera es a las reclamaciones históricas de los vecinos del Vallès para resolver la radialidad de la movilidad del área metropolitana barcelonesa. Una de las soluciones que el territorio ha planteado de manera reiterada es la creación de dos intercambiadores en Sant Cugat del Vallès, donde confluyen la línea R8 de Rodalies (Martorell-Granollers) con las líneas de Ferrocarriles de la Generalitat (FGC) que conectan Barcelona con Terrassa (S1) y Sabadell (S2). Aunque el proyecto ya tenía presupuesto en el año 2023, la administración catalana lo ha mantenido paralizado desde entonces. Ahora, la titular de la cartera también enfrenta la presión social de resolver esta problemática, que lleva más de una década arrastrándose. El 2025 será un año clave para el desarrollo de la red ferroviaria estatal en Cataluña, con los primeros grandes cambios en el traspaso de Rodalies programados y los socialistas sentados a ambos lados de la mesa negociadora del cambio de gobernanza.

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