La consejera de Salud, Olga Pané, ha obtenido su primera victoria desde que asumió el cargo en lugar del exconsejero Manel Balcells. En un momento de tensión con el sector sanitario amenazando con levantarse nuevamente contra la administración catalana, el proyecto de ley para la creación de la Agencia de Atención Integrada Social y Sanitaria (AGAISS) ha superado el debate a la totalidad en el Pleno del Parlamento de este miércoles y continuará su tramitación parlamentaria. Concretamente, todos los grupos parlamentarios rechazaron la enmienda presentada por la extrema derecha, excepto el PP, que se abstuvo. Aunque se trata de una iniciativa que ya se impulsó durante la anterior legislatura, la convocatoria de elecciones anticipadas por parte de Pere Aragonès la hizo decaer. La nueva consejera de Salud, sin embargo, la rescató del cajón al heredar la cartera y, posteriormente, el Consejo Ejecutivo dio el visto bueno al proyecto de ley.

El objetivo de la creación de esta agencia sanitaria es, tal como defendió la misma consejera durante el debate a la totalidad de la cámara catalana, garantizar «la máxima coordinación» entre las actuaciones de los profesionales para ofrecer una «atención de calidad» -la gran premisa de la titular de la cartera. De hecho, la consejera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo, admitió que muchos problemas médicos tienen un “origen social” y que la AGAISS debe servir para “coordinar y asegurar” que estas personas tienen el apoyo necesario. En esta línea, la dirigente socialista quiso dejar claro que la medida ayudará a obtener una “integración real” entre el ámbito social y el sanitario.

La consejera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo, interviene en el pleno del Parlamento este miércoles / ACN

Combinar sanidad y atención social

El objetivo de este proyecto, que ya ha superado los primeros pasos en el Parlamento y tiene vía libre para continuar su camino, es construir un «instrumento para impulsar la atención integrada social y sanitaria». Desde el Gobierno aseguran que este proyecto deberá garantizar la máxima colaboración entre los servicios sociales y sanitarios. Así, se fija como objetivo que la prestación de los recursos sea «más adecuada y ágil». Las personas que se beneficiarán de la creación de este órgano son las que tienen necesidades sociales y sanitarias concurrentes, especialmente las personas mayores, con discapacidad, problemas de salud mental o adicciones y, en general, todas las que tienen necesidades complejas de atención o necesidades de atención paliativa, así como de su entorno cuidador.

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