Los Mossos d’Esquadra reconocieron a la comisión de estudio del modelo policial del Parlamento que tenían sistemas de espionaje similares al famoso Pegasus. Todo, con la capa de la lucha contra el crimen organizado o el terrorismo internacional. Pero ahora incorporarán una nueva arma preventiva a su arsenal de recopilación de información y control de la ciudadanía: 40 equipos sofisticadísimos y de última generación de reconocimiento de matrículas. Un sistema que permitirá seguir o detectar la evolución de un vehículo con la excusa de cualquier investigación de la policía o, incluso, solo de manera preventiva. Un aparato que topa con el derecho a la movilidad libre de los ciudadanos y el derecho a su intimidad o privacidad.

Una compra que, según la memoria de justificación a la cual ha tenido acceso El Món, es de “gran utilidad” para la investigación y tiene la “finalidad de contribuir a prevenir la comisión de delitos e infracciones relacionadas con el crimen organizado y el terrorismo”. Además, la valoración de la Dirección General de la Policía (DGP) entiende la compra, posiblemente financiada con fondos europeos, como un sistema para neutralizar “un riesgo razonable para la seguridad pública”. Atendido el expediente de licitación que empezó el 27 de junio, el presupuesto base de licitación es de 615.551 euros, con IVA incluido.

Parto de la memoria justificativa del suministro de los equipos de lectura de matrículas que son Pegasus para las carreteras/QS
Parte de la memoria justificativa del suministro de los equipos de lectura de matrículas que son Pegasus para las carreteras/QS

La investigación, la excusa y el control, sin especificar

Así, según la documentación para la adquisición, estos “equipos de reconocimiento de matrículas tienen que contribuir a garantizar la seguridad de los ciudadanos que circulen libremente por las vías donde se instalen”. Ahora bien, la memoria de la DGP indica que “a la vez son de gran utilidad para la investigación relacionada con el crimen organizado, tráfico de armas, tráfico de seres humanos, inmigración ilegal o clandestina, transporte de sustancias estupefacientes relacionadas directamente con la proliferación de plantaciones de marihuana tanto en Cataluña como el resto del Estado, así como la de delitos relacionados con actividades terroristas vinculadas a grupos organizados que se puedan desplazar por estas vías hacia otras zonas del territorio donde hayan cometido, o vayan a cometer, los delitos antes mencionados, así como los que puedan tener una actividad transfronteriza”.

Por lo tanto, el abanico de uso de este aparato es muy amplio y el expediente de licitación no contempla ninguna medida concreta de control, ni ningún protocolo de funcionamiento, ni ninguna indicación sobre cómo se tienen que almacenar, clasificar o tratar los datos que puedan reconocer este gran hermano que se implantará en el que la policía califica “de arterias principales de Cataluña”. Solo especifica un contrato de confidencialidad de los datos recogidos por parte de la empresa adjudicataria, que las entregará a la Dirección General de la Policía. De hecho, la licitación admite que el uso de estos equipos ayudará a la prevención del crimen dado que hará “de efecto disuasivo y ayudará a prevenir acciones delictivas”. Es decir, un control absoluto de trazabilidad y de rastro de cualquier vehículo tanto en directo como en diferido para reconstruir trayectos. 

Los Mossos d'Esquadra haciendo controles a los vehículos en la salida de la A-2
Los Mossos d’Esquadra haciendo controles a los vehículos en la salida de la A-2, a la altura de Alcarràs, en dirección Barcelona

40 equipos de control de vehículos con un 98% de eficacia

Según Interior, es “necesaria” adquirir cuarenta equipos de reconocimiento de matrículas porque es la cantidad que hace falta para poder llevar a cabo “un control de los vehículos que se distribuyen en todo el recorrido de las carreteras que son arterias principales de Cataluña”. Estos permitirán, por un lado, leer las matrículas de los vehículos, determinar el tipo de vehículo, e incluso, con el software adecuado, detectar la marca, modelo y color. Y, por otro lado, el sistema permitirá conocer los recorridos de los vehículos: la fecha, hora y lugares por donde han circulado. De hecho, “capturan la placa de matrícula, encriptada con los caracteres de la matrícula en alfanumérico”, pueden hacer fotografías en blanco y negro con infrarrojo, incluso, “en condiciones climatológicas adversas, o con una iluminación deficiente”. Así mismo, pueden captar fotografía de color, “que permita a posteriori analizar el modelo y color del vehículo”. “Este dato facilitará el análisis forense posterior para investigaciones, en caso de ser necesario”, señala.

La licitación compromete el suministrador de los aparatos y de todo el sistema informático que lo soporta a tener una eficacia del 98% sobre el total de fotografías o matrículas captadas, que puede llegar a ser del 95% de los vehículos que pasan por la vía donde esté instalado uno de estos. En el listado de carreteras donde se instalarán, al cual ha tenido acceso El Món, se encuentran la C-16, la C-25, la En-2, la B-23, AP-7, N-260 y la C33. La policía apunta que los datos recogidos se podrán “tratar con posterioridad, y realizar investigaciones mucho más cuidadosas de vehículos”. “Facilitan poder hacer investigaciones más cuidadosas y ahorrando un elevado volumen de trabajo, recursos y horas de investigación, puesto que permite a los Mossos centrarse únicamente en los vehículos coincidentes en la investigación”.

“Las cámaras lectoras de matrículas”, enfatiza la memoria de la adjudicación, “acontecen una herramienta capital para ayudar en la investigación policial, tanto en cuanto a la identificación de los autores, como para obtener pruebas objetivas sobre los hechos y ponerlas a disposición de las autoridades”.  “Al mismo tiempo, se espera que este sistema provoque un efecto disuasivo y ayude a prevenir acciones ilícitas”, admiten los técnicos de Interior. En todo caso, es un sistema de control total de las circulaciones por las carreteras que pose en entredicho el derecho a la movilidad y la privacidad de las comunicaciones de la ciudadanía con la excusa de “contribuir a prevenir la comisión de delitos e infracciones relacionadas con el crimen organizado y el terrorismo”. 

Pere Ferrer i Joan Ignasi Elena, en una comparecencia en el Parlamento/Archivo
Pere Ferrer i Joan Ignasi Elena, en una comparecencia en el Parlamento/Archivo
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