Una vecina de Mataró quiso denunciar que un agente de la Policia Local del municipio le había privado del su derecho de ser atendida en catalán en una tienda y acabó multada por desobediencia a la autoridad y obstrucción de los servicios públicos, con 300 y 200 euros respectivamente. Los hechos se produjeron el diciembre de 2021 y, ahora, Plataforma per la Llengua exige al Ayuntamiento de Mataró que anule la sanción contra la ciudadana, Esther Vidiella, y afirma que es «injustificable» que la mantenga. Aseguran que Vidiella fue “maltratada por la policía local” y señalan que el agente que acudió al lugar -donde un comercio se negaba a facilitarle la hoja de reclamaciones- no la asistió y, una vez en la comisaría, “le habló en castellano y la trató mal”.
Dos sanciones del Ayuntamiento
Los hechos se produjeron la tarde del 13 de diciembre de 2021, cuando Vidiella fue a una tienda de telefonía y, a pesar de que defendió que tenía derecho a expresarse en catalán, se le exigió que hablara en castellano. Cuando pidió la hoja de reclamaciones, el establecimiento respondió que no tenía y Vidiella trucó a la policía municipal para pedir su presencia. Por teléfono, un agente la instó a hablar en castellano para que lo atendieran y le dijeron que irían en cuanto pudieran. Como tres horas después todavía no habían ido, la vecina se desplazó hasta la comisaría, donde el mismo agente le chilló y amenazó con multarla. La mujer, ya asesorada por Plataforma per la Llengua, denunció el agente por un delito leve de coacciones, que acabó con absolución. Después de los hechos, Vidiella recibió dos sanciones por parte del Ayuntamiento de Mataró y se cumplía así la amenaza del policía.
Después de varios procesos legales, el abogado de la víctima ha presentado un recurso extraordinario para anular el expediente sancionador. La Plataforma tilda de «injustificable» la decisión del consistorio de mantener la sanción, incluso después de reconocer que se habían borrado las imágenes de las cámaras de vigilancia de la comisaría y que la instrucción de la denuncia contra el agente reconoce que el policía instó Vidiella a renunciar a sus derechos lingüísticos al establecimiento.