La Plataforma por la Lengua ha presentado este viernes un recurso de casación en el Tribunal Supremo después de saber que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ratificado la decisión que había adoptado en junio de excluir la entidad del proceso por la sentencia del 25%. El TSJC argumentó que la Plataforma por la Lengua no puede formar parte porque el caso tiene que ver con la vehicularidad del castellano, y no del catalán. La ONG del catalán considera que esta decisión es «completamente irregular y atenta contra el principio de contradicción, porque solo acepta la participación de las entidades en defensa de la ejecución de la sentencia». Por eso han presentado un recurso para «evitar quedar excluidos del proceso».
Este recurso se ha presentado junto con las organizaciones con quienes se formó un frente judicial común para tumbar la interlocutoria y pedir la nulidad de la sentencia del 25%. Según la Plataforma por la Lengua la decisión del TSJC «es del todo irregular» porque «no aceptar la entidad como parte interesada es particularmente ridículo» teniendo en cuenta que sí que aceptó como parte interesadas dos entidades de defensa del castellano: Asamblea miedo una Escuela Bilingüe y Asociación Hablamos Español. La entidad denuncia que «no ha recibido un trato igualitario en este proceso judicial y que, para disimular la discriminación, el mismo tribunal ya evitó resolver todas las peticiones de personación en una misma resolución». Denuncian que optó » para emitir dos resoluciones diferenciadas en función de si las entidades eran partidarias o contrarias a introducir el castellano como lengua vehicular».
«Una arbitrariedad absoluta»
«Un principio básico del derecho procesal en un estado democrático es el de contradicción: la norma establece que, del mismo modo que, después de dos meses de comunicación de una sentencia, cualquiera de las partes afectadas puede instar que se ejecute de manera forzosa la sentencia, también cualquier parte puede oponerse. Así, es completamente irregular que el TSJC solo acepte la participación de las entidades que defiendan la ejecución de la sentencia», recuerda la ONG del catalán antes de concluir que «el tribunal no puede defender o proteger sus decisiones y impedir que quién cree que está en desacuerdo acceda a formar parte del proceso, porque esto supone una arbitrariedad absoluta».
