El varapalo que el Consejo de Europa ha dado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por el 25% de castellano en la escuela ya ha tenido la primera reacción del Govern catalán. El conseller de Política Lingüística Francesc Xavier Vila ha recordado que la imposición del «25% indiscriminado» del castellano en los centros educativos «contraviene» un tratado internacional, como es la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias, firmada por el Estado español.
En una entrevista en
«Preocupación» de los expertos europeos
El informe que ha dado a conocer este martes el comité de expertos para la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias, ve con una “gran preocupación” la sentencia que obliga a impartir una cuarta parte de las clases en castellano en una escuela solo que una familia lo pida. El documento considera “incompatible” este tipo de decisiones con los compromisos adquiridos por el Estado español como firmante de la carta y reclama a las autoridades españolas que tomen “todas las medidas necesarias” para revertir la situación.
En opinión del conseller de Política Lingüística, una de las conclusiones importantes del informe es que las comunidades autónomas tienden a hacer su trabajo para proteger las llamadas lenguas regionales, pero que, en cambio, desde la administración del Estado «se cumple menos».
Un tratado que forma parte del ordenamiento jurídico del Estado
Según Vila, la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias forma parte del ordenamiento jurídico del Estado español porque es un tratado internacional. Y, por lo tanto, el gobierno español tiene que tener en cuenta «la alerta» lanzada desde el Consejo de Europa. Vila dice que el informe avisa que si se adopta una normativa que impone esta obligación indiscriminada de porcentajes contravendría un tratado firmado por el Estado español.
El Consejo de Europa defiende los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho en Europa. Cuenta con 46 Estados miembros -los 27 de la UE y otros 19, entre los cuales están Ucrania o Turquía- y seis más que hacen de observadores, como los Estados Unidos, Canadá, Japón o Israel.
En su informe, los expertos también se muestran inquietos por las decisiones judiciales del TSJ de diferentes comunidades autónomas, ratificadas después por el Tribunal Supremo, que han generado incertidumbres sobre el uso de la lengua en la enseñanza y apuntan la necesidad de proteger más las lenguas minoritarias y apostar en la enseñanza «por la lengua regional o minoritaria como medio de instrucción».
