Por el momento, la gestión económica de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) está siendo investigada por tres entidades de control. Tal como adelantó El Món, la Oficina Antifraude y la Sindicatura de Cuentas -que han articulado un grupo conjunto- y la Sindicatura de Greuges están escrutando varias denuncias deirregularidades que ya tienen el sello de «verosímiles», es decir, que han superado el primer filtro de credibilidad. Ahora bien, la DGAIA no lo ha puesto fácil. Al contrario.
Según ha podido saber El Món, la entidad que gestiona y administra uno de los servicios sociales más esenciales y delicados de la Generalitat no hizo caso de los requerimientos de información que la Sindicatura de Greuges, dirigida por Esther Giménez-Salinas. La entidad de defensa de los ciudadanos, patrocinada por el Parlamento, quería investigar varias denuncias sobre los efectos de la gestión de la DGAIA con algunas de las entidades concertadas respecto de los menores y jóvenes tutelados y extutelados y los efectos sobre sus derechos y sobre posibles derechos de ciudadanos que tenían acceso a prestaciones sociales, como una vivienda, y que podrían haberse quedado sin por un supuesto fraude de «plazas fantasma».
De hecho, desde que en abril del año pasado estalló el escándalo por el desorden en la gestión y administración de la DGAIA, a raíz de un durísimo informe de la Sindicatura de Cuentas, las dudas sobre esta dirección general que depende del Departamento de Derechos Sociales no han dejado de crecer. Además, varios trabajadores o colaboradores de los centros concertados que prestan el servicio han denunciado supuestas malas prácticas. En todo caso, en este caso, la Sindicatura de Cuentas también ha tenido que dar más plazo a Derechos Sociales para que aporte nueva información sobre otras prestaciones de la DGAIA, para emitir un nuevo informe de fiscalización.
Un año de trabajo
La política de la Sindicatura de Greuges de Salinas es tener una verdadera obsesión con los derechos de los más vulnerables, como niños o personas mayores que se encuentran en residencias, y es muy crítica con la burocracia de la administración en estas situaciones. De hecho, ya había abierto alertas en casos concretos de afectación directa de los derechos de los afectados. Pero el 30 de mayo de 2024 se abrió otra vía. Una denuncia de un educador social abría una nueva carpeta, unas irregularidades en la gestión de las prestaciones económicas y de vivienda de jóvenes tutelados y extutelados.
La denuncia, en concreto, era sobre la «supuesta gestión fraudulenta de la prestación de vivienda del servicio de promoción a la autonomía y emancipación (SPAE)». Un servicio que gestionaban, según consta en la queja presentada, la Fundación Resilis -de pisos asistidos para personas mayores de 18 años. También se cuestionaba el servicio de seguimiento y valoración de la prestación económica para jóvenes extutelados (SEVAP), que dirigía la unión temporal de empresas (UTE) Mercè Fontanilles – Fundación Resilis.
El 25 de junio de 2024, la Sindicatura informa al denunciante, por escrito, que se ha tramitado la denuncia a la administración y les han reclamado la documentación necesaria para estudiar el caso. Pasan los meses y la Sindicatura de Greuges constata, en septiembre, que la DGAIA aún no ha contestado a su solicitud del mes de junio. Así que la institución vuelve a «solicitar a la administración afectada un informe y la documentación para resolver la queja Q-04…2024». «Dado que no la hemos recibido y se ha superado el plazo de tiempo legal para responder, les comunicamos que hemos reiterado a la administración esta solicitud y el envío de la información, recordándoles el deber de facilitarla», advertía la Sindicatura en una comunicación oficial a uno de los denunciantes.
La Sindicatura de Greuges, con la mosca detrás de la oreja
Siguiendo el expediente y, según detalla a El Món fuentes de la institución, a pesar de la falta de respuesta, la Sindicatura trabaja con la sospecha de posibles vulneraciones de derechos de los jóvenes extutelados. Por eso, en la documentación que reclaman también piden datos de casos concretos. Hay «constantes peticiones de información» que no son atendidas. Cabe tener presente que es una época de traspaso de Gobierno y que no se inviste un nuevo presidente hasta el 8 de agosto. Sigue corriendo el reloj, pero no llega la información exigida, que la administración tiene la obligación legal de entregar.
No será hasta noviembre, cuando se celebra una reunión formal entre la Sindicatura de Greuges, la DGAIA y el Instituto Catalán de Acogida y de Adopción (ICAA), donde les reprochan la «falta de respuesta» y alertan que reclaman con «urgencia» esta documentación para poder analizar diferentes casos, las denuncias y las afectaciones sobre derechos de jóvenes. La DGAIA informa entonces que han «abierto un expediente informativo» sobre el contenido de los hechos denunciados tanto a la Sindicatura de Greuges, como a la de Cuentas y a la Oficina Antifraude. Este expediente informativo es a «nivel interno» y calculan que en diciembre estará listo y lo harán llegar a la Sindicatura.
Pasan los días y persisten en la reclamación del expediente y de la documentación. Será el mes de febrero de este año cuando tienen la primera respuesta formal por escrito de la DGAIA, pero falta el grueso de la documentación, que no se aportará hasta más tarde. Ahora mismo, ya tienen buena parte de la documentación necesaria y «se está investigando» por el equipo de la adjunta a la síndica, en materia de infancia, Aida C. González. «El volumen de información es muy grande y lo estamos organizando», apuntan fuentes de la institución.
Derechos fundamentales afectados
En concreto, la Sindicatura de Greuges estudia dos posibles afectaciones de derechos en los jóvenes extutelados. En primer término, si la práctica de las «plazas fantasma» en los pisos, es decir, que haya unas plazas supuestamente ocupadas por jóvenes que no viven allí, afecta «a otros chicos [a los que les correspondería con justicia] que no pueden acceder porque este tipo de recursos, viviendas, son limitados». Por tanto, que verían recortados sus derechos por un mal uso o un uso fraudulento de esta ayuda.
En segundo término, las prestaciones económicas que reciben los jóvenes tutelados y extutelados. Esto es, chicos que cobran la prestación y un sueldo que no se declara, pero que Hacienda detecta y, por doble ingreso, hay que declarar. Unas situaciones que generan una deuda por la no tributación de los ingresos, lo que genera una deuda. O bien, cuando la «mala gestión de la administración retrasa el pago de una prestación que se paga completamente -en un pago acumulado y de un solo golpe- cuando el beneficiario ya tiene trabajo. Una situación que provoca problemas fiscales que debería asumir la administración y no los jóvenes que reciben la prestación.
