Joan Ramon Ramos, como buen abogado fiscalista, es sobre todo un tipo práctico. Lo demuestra la presentación a la prensa de su candidatura a decano del Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) para las elecciones del 19 de junio, celebrada este miércoles. Ramos ha explicado sin rodeos su proyecto para devolver el “prestigio moral” de la institución, pensar profesionalmente en los colegiados y ordenar unas finanzas que podrían ahorrarse lo que califica de gasto superfluo. Ramos se presenta tras 40 años de ejercicio, 30 años de docencia universitaria y, un detalle nada menor, como el impulsor del F.C. Barcelona femenino, la revelación del club de los últimos diez años.
El candidato a decano, acompañado de varios miembros de la candidatura como Sara Iglesias, candidata a vicedecana, ha detallado su programa electoral y, lo que es más comprometedor, ha puesto fecha a algunas de las medidas y decisiones que propone. Una candidatura que también define como transversal y diversa, donde hay desde penalistas, mercantilistas, expertos en derecho civil, tributario, administrativo o matrimonial, que trabajan por su cuenta, en despachos pequeños, medianos y también grandes. Su voluntad es remarcar la diferencia con la otra candidatura, de Cristina Vallejo, que considera continuista y vinculada a los decanatos de los últimos años, en manos de Maria Eugènia Gay y de Jesús M. Sánchez. Ramos se ha mostrado dispuesto a celebrar un debate con su rival, que espera que le proponga una fecha.
Así, presenta su candidatura como “disruptiva” para “cambiar cosas”, con una visión de gestión, empresarial y que conserve el aspecto social y formativo del Colegio. De hecho, defiende devolver el “prestigio moral e institucional” del Colegio, fortalecer su papel de lobby y mostrarse “equidistante con los partidos políticos”. “Debemos ser un input técnico, no político”, advierte para marcar distancias con el papel del ICAB hasta ahora, que se ha mostrado defensor de endurecer penas o tener un papel de seguidismo político en cuestiones como las ocupaciones de viviendas. “Debemos ser un driver técnico de la normativa”, apunta para incidir en la idea de que el Colegio sobre todo es un “defensor de las libertades”. Así, una de las medidas que propone es el voto telemático para celebrar consultas de manera habitual entre los colegiados y acabar con el “clientelismo” y “el amiguismo”. Una candidatura de contraste con la anterior y que quiere sacar al Colegio de su letargo apostando por devolverle el carácter de institución influyente.
Cien medidas en un día
El espíritu práctico de la candidatura se constata con una lista de diez medidas en los primeros cien días. En esta lista se cuentan la congelación de cuotas y absorción del IPC en 2026; el impulso de 400 becas de máster para jóvenes; gratuidad de los cursos del turno de oficio; un “marco estable de honorarios” ante el desorden actual; un congreso anual gratuito para todos; la creación de una oficina del régimen de autónomos; talleres para mejorar la salud mental de los colegiados; más ayudas a los abogados en situación vulnerable; un impulso a la creación y utilización de la inteligencia artificial y una medida que considera clave, durante cien días abrir un proceso de consulta a toda la abogacía para que propongan los cambios y las necesidades del Colegio.
Por otro lado, y pensando estratégicamente, la candidatura de Ramos pone negro sobre blanco también diez puntos clave, como un plan director de formación, “un plan de racionalización económica riguroso” que podría ahorrar entre un millón y medio millón de euros; la internacionalización del colegio; transparencia y rendición de cuentas; “acabar con las prácticas clientelares o de amiguismo” o que sirva de trampolín personal; medidas de conciliación personal y familiar real y efectiva; modernización de la estructura del colegio; más participación de los colegiados y una apuesta clara por el impulso del catalán en la profesión y en los tribunales.
