Educación reforzará los equipos docentes este curso –fruto del acuerdo pasado con tres de los seis sindicatos educativos– con un millar de profesores nuevos, más de 500 dotaciones para la escuela inclusiva –personal especializado, educadores sociales e integradores– y 200 trabajadores de administración y servicios. Estos incrementos, que se suman a los 50 euros mensuales adicionales que cobrarán los docentes este curso, no han permitido al Gobierno, de momento, evitar la huelga del 8 de septiembre, convocada por los sindicatos críticos y las asambleas tras el rechazo masivo de los docentes a los últimos acuerdos.
Educación mantiene el equilibrio entre la propuesta de diálogo –que repiten en cada intervención pública– y el bloqueo a nuevas mejoras laborales tras la insistencia de la USTEC, sindicato de docentes mayoritario en la escuela pública, la CGT e Intersindical de reabrir las conversaciones. El departamento, que este lunes por la mañana presenta las principales novedades del curso en una rueda de prensa, saca pecho del incremento de la plantilla docente y de otros profesionales en los centros: el curso comienza con 94.422 dotaciones profesionales en los centros educativos, 1.830 más que a inicios del curso pasado. De estos, 1.103 son docentes y 531 especialistas para el modelo de escuela inclusiva, con los educadores de educación especial como perfil que más dotaciones suma (146), seguido de los integradores (100).
Crecen también las aulas de acogida, que pasan de las 1.640 del curso pasado a las 2.141 de este año tras limitarse la ratio máxima a 18 alumnos por docente. Como novedad de este curso, señala también el departamento, se implementan 50 dotaciones para la acogida de estudiantes de Formación Profesional y se incluyen 50 profesionales para acompañar a alumnos que necesitan apoyo lingüístico en las aulas ordinarias.
Otra novedad es el incremento de 50 euros por noche a los docentes que van de colonias y viajes escolares, equivalente a tres euros la hora, un plus en la nómina que los docentes más críticos que participaban de las últimas manifestaciones consideran irrisorio. La consejería incluyó este incremento en el marco del primer acuerdo, ratificado solo por CCOO y UGT, en un intento de frenar el boicot a salidas y colonias que comenzaba a cocinarse en los claustros. Según el último recuento, más de la mitad de las escuelas públicas ya se han sumado a esta medida de protesta.
Problemas de climatización en las escuelas
Por otro lado, cuatro centros comenzarán en edificios nuevos –instituto Vallcarca (Barcelona), Escola Paco Candel (L’Hospitalet de Llobregat), Escola Les Filadores (Sentmenat) y Escola l’Estel (Castellnou de Seana)– y tres más se han ampliado –Institut Montserrat Colomer (Sant Esteve Sesrovires), IE Pere Lliscart (L’Hospitalet de Llobregat) y IE de Caldes (Caldes de Montbui). Educación remarca que se trata de una inversión que no se daba desde 2008, necesaria para actualizar una red de infraestructuras antigua. Un 25% de los centros catalanes son anteriores a 1965, lo que genera problemas de climatización que se notan sobre todo ahora en verano. También se integran en la red pública dos centros concertados: Santfeliu (L’Hospitalet de Llobregat) y centro de educación especial Lexia (Barcelona).
Los sindicatos entienden que estas cifras no son suficientes para revertir las carencias del sistema educativo. Sobre la climatización, recuerdan que la mayoría de los centros son antiguos y tienen sistemas de refrigeración “obsoletos”. Una observación que confirman los mismos datos de la consejería: un 25% de los centros catalanes son anteriores a 1965. Durante la última ola de calor del curso, que se inició justo al día siguiente de terminar las clases, con los alumnos ya de vacaciones, algunos sistemas territoriales autorizaron dos días de teletrabajo a los profesores, admitiendo, en un correo interno, que algunas escuelas no reúnen las condiciones de climatización adecuadas para trabajar. Queda la duda sobre qué se habría hecho si el curso no hubiera terminado en el momento de la ola de calor.
Respecto al resto de demandas, los sindicatos críticos piden una cláusula de garantía salarial que ligue los futuros incrementos al IPC. También exigen más dotaciones en las escuelas para garantizar el modelo de escuela inclusiva y que permitan rebajar las ratios, y una inversión general que se acerque al 6% del PIB que marca la Ley de Educación Catalana (LEC). Las últimas embestidas judiciales al sistema de inmersión lingüística también asustan a los representantes de los docentes, que quieren blindar el catalán en las escuelas.
